El sindicalista deberá presentarse en calidad de imputado el próximo jueves a las 8.30. También deberán declarar otras 17 personas.
El fiscal Sebastián Scalera citó a indagatoria a Pablo Moyano para el próximo jueves 1 de noviembre a las 8.30 de la mañana, en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita que se dedicó a defraudar en cifras millonarias al club Independiente. También fueron llamadas a declarar otras 17 personas, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
Moyano deberá declarar en calidad de imputado, acusado de ser el jefe de la presunta asociación ilícita. La fecha se fijó después de conocerse el nuevo pedido de prisión preventiva que presentó el fiscal Scalera tras el rechazo del juez Luis Carzoglio.
Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la Justicia Federal, el llamado a indagatoria es potestad del fiscal y no requiere la aprobación del juez.
“La decisión de Carzoglio no se ajusta a los lineamientos y exigencias legales y constitucionales que el magistrado debe respetar para que su decisión sea válida”, planteó en su escrito el fiscal.
Para el representante del ministerio Público Fiscal, “la decisión (del juez) no ha sido producto de la sana crítica racional del juez o de su libre convicción, libertad, que entendemos no ha tenido al momento de fallar (perdida de la imparcialidad por la que además recusamos), y mucho menos de una crítica racional, pues su argumentación y temperamento no se compadecen con las constancias de la causa”.
Al considerar que el magistrado “no ha realizado una lectura íntegra del expediente y una evaluación completa de toda la prueba contenida en él, de manera concierne, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y la libre convicción”, pidió no sólo la detención la semana pasada sino que se llamó a indagatoria al sindicalista.
La Fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita de la cual el jefe sería Pablo Moyano, que se dedicó a “defraudar al club Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos”, todo esto, sin ingresar al patrimonio de la institución los ingresos correspondientes a esas entradas.
El funcionamiento de esta estructura, según la investigación, no podía escapar de la responsabilidad y conocimiento como principal autoridad de la institución deportiva de Hugo Moyano y del jefe de la organización, su hijo Pablo. En el dictamen en el que solicitó la detención del hijo del líder de Camioneros, el fiscal indicó que no se puede concebir la idea de que los barrabravas podían actuar aisladamente convirtiendo a la dirigencia deportiva en “simples extorsionados”.
La discusión entre el juzgado y la fiscalía se dio, entre otros puntos, sobre las conversaciones obtenidas en las intervenciones telefónicas.
“El juez insiste enfáticamente en la ajenidad de Moyano en la decisión de la barra, y se equivoca, cuando al mismo le cabe la decisión de autorizar o no cuestiones atinentes al viaje de la hinchada de dicho club, dejándose entrever que el poder de decisión lo detenta Moyano, quien resulta ser la persona que otorga dicha autorización, vale decir, sólo autoriza quien se encuentra en una posición jerárquica superior”, resaltó Scalera en su resolución.
Para la fiscalía, no hay dudas sobre la responsabilidad del hijo de Hugo Moyano: “Ese grupo de sujetos violentos obtiene determinados beneficios del club Independiente (entradas, protocolos, cuotas sociales, ingreso a estadio, viajes, etc) que permiten la conservación de la estructura ilícita y su constante actividad al margen de la ley”.
En su planteo, Scalera fue más allá y concluyó que la obtención de dichos beneficios “jamás podrían desarrollarse sin la connivencia, autorización o beneplácito de las autoridades dirigenciales superiores del club”. Así, entendió que no puede soslayarse la “responsabilidad, rol e intervención” en la toma de decisiones de Pablo Moyano.
En el enfrentamiento con el juez Carzoglio, sostuvo que se busca “la salida para los miembros de la comisión directiva afirmando que Pablo Moyano de ninguna manera resulta ser el ‘jefe de la barra brava’ liderada por (Bebote) Álvarez, cuando en rigor de verdad y sentido común mediante, dicha ‘agrupación’ no resulta la asociación ilícita en sí misma sino parte integrante de una organización que no podría cumplir sus fines ilegales sin el obrar delictivo de esa parte”.
En este punto, se remarcó que en ningún momento la fiscalía acusó a Moyano “como jefe de una barra brava, sino como el de una asociación ilícita en la que dicha asociación forma parte de la misma”.