El abogado Benvenuto habló en la 99.9 sobre un caso específico de la justicia laboral marplatense que podría tener réplicas en otras causas.
Un reciente fallo de la justicia laboral que firmaron las juezas Moscuzza, Gómez y Salet se basa en el denominado “caso Barrios” de la Corte Suprema dando una sentencia de 240 millones de pesos para una pyme de Mar del Plata.
El abogado Claudio Benvenuto habló al respecto en la 99.9 haciendo algunas salvedades de porque no debe ser considerado de esa forma: “es un fallo donde la Corte no sentó una nueva doctrina sino que ratificó una anterior. Se pronunció sobre la inconstitucionalidad sobreviniente; es decir que en el transcurso del proceso pueden salir situaciones no previstas al inicio y que afectan las garantías o derechos constitucionales. Las mismas pautas que la Corte fijo en ese caso Barrios donde dijo que se trataba de un caso de excepción, no declaraba la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad, que es el punto específico, como una nueva doctrina legal sino que hacía una excepción para ese caso específico”.
Respecto de lo que implica ese fallo, el letrado consideró necesario hacer algunas aclaraciones más: “Barrios es un caso de justicia civil inicialmente por daños y perjuicios y llega a la Corte por un recurso extraordinario. Ahí se dicta este fallo donde respecto a uno de los rubros que es el daño psicológico, ratifica su postura que en el caso de reparación de daños son obligaciones que deben ser valorizadas de manera constante. Como no encontraban parámetros para determinar la cuantía del daño a valores actuales y las tasas de interés daban un valor que no cumplía con el principio de reparación integral, en ese caso puntual se declara la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad y ordena a la Cámara que repotencie el crédito con ciertas pautas. Además, hay lineamientos de la prudencia con la que se debe dar esa acción”.
A partir de una interpretación de estas características pueden generarse fallos realmente millonarios para muchas empresas y es algo de lo que se quiere cambiar a través de las modificaciones legislativas que plantea el gobierno: “el problema fundamental del traslado de esta interpretación está en la repotenciación que empieza a tener el sistema de multas que tienen los procesos laborales. Se está hablando de morigerar estas situaciones”.