La Justicia pone como requisito que uno de los integrantes de las parejas del mismo sexo sea el padre o la madre biológica del menor.
La Corte Constitucional de Colombia ha puesto fin al intenso debate que durante las últimas semanas giró en torno a la posibilidad de una ampliación del derecho de adopción para las parejas homosexuales. En la noche de este miércoles y tras más de ocho horas de discusión, el tribunal ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que sólo podrán hacerlo “cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente”, confirmando así la restricción establecida en un fallo anterior del mismo tribunal.
La votación se ha resuelto con cinco votos en contra y cuatro en favor. La opinión decisiva ha estado en manos del conjuez José Roberto Herrera de corte conservador, que entró en la terna después de que en una primera votación, a principios de febrero, hubiera un empate a cuatro. En ese primer momento, el magistrado ponente, Jorge Iván Palacio, se mostró a favor de reconocer que las parejas homosexuales pudieran “participar en procesos de adopción si cumplen con los requisitos que prevé la ley” y rechazó la postura del Procurador General, Alejandro Ordóñez, el más férreo opositor, que definió la propuesta como “experimentos de ingeniería social con niños en situación de vulnerabilidad”.
En agosto del año pasado, la Corte ya se había pronunciado a favor de la adopción consentida ante la solicitud de una pareja de lesbianas. En ese caso, Verónica Botero ganó la batalla jurídica para poder ser madre de la hija natural de Ana Leiderman, con quien convive desde hace 10 años, lo que abrió la puerta para los casos en alguno de los integrantes de la pareja fuera el padre o la madre biológica del menor. Esta es la posición que queda ahora refrendada con la nueva sentencia emitida el miércoles. Sin embargo, faltaba que ese organismo se pronunciara sobre lo que se conoce como adopción conjunta o para todas las parejas sin ninguna restricción. Este debate, quedará pendiente.
“La Corte consolidó el derecho de adoptar al hijo/a del compañero/a permanente para todos los casos. Sin embargo, tiene una deuda con la igualdad plena en su decisión en adopción conjunta. La Corte avanzó un paso pero dejó pendiente otro”, dijo Mauricio Albarracín, director de la ONG Colombia Diversa, la principal organización del país que defiende los derechos de la comunidad LGTB.
El Gobierno, que ha guardado silencio hasta esta semana, se había pronunciado a favor de la adopción poco antes del dictamen del Constitucional. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo en una entrevista que las parejas del mismo sexo tienen derecho a no ser discriminadas y calificó la adopción como un paso necesario. “Hay suficientes dictámenes científicos que demuestran que no hay ninguna diferencia en la crianza de un menor entre parejas heterosexuales y del mismo sexo”, agregó no sin antes advertir que el Gobierno acatará la decisión de la Corte.
Entre los que se oponen a que Colombia dé este paso, está la senadora del partido Liberal, Viviane Morales, exfiscal general, quien emprendió una cruzada para realizar un referendo que permita la adopción solo a parejas heterosexuales. Morales, quien el martes radicó su propuesta ante la Registraduría respaldada por más de 200.000 firmas, ha dicho tras conocerse el fallo del Constitucional evaluará si sigue adelante con su iniciativa, que también incluye que se le niegue la adopción a personas solteras.
Por su parte, la iglesia católica aseguró que respeta la decisión del Constitucional porque con ella se defienden los derechos de los niños. “Se reduce el campo de posibilidades para la adopción a unos casos específicos, como son los que anotó la Corte Constitucional. De parte nuestra aquí hay aspectos fundamentales del matrimonio y de la vida que no son negociables y no los vamos a cambiar”, dijo monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia a Caracol Radio.
Este debate también estuvo precedido por un polémico informe que la facultad de medicina de la Universidad de la Sabana, regida por el Opus Dei, dirigió al Constitucional, en el que consideraba la homosexualidad una “enfermedad”. La comunidad gay en Colombia ha conquistado poco a poco derechos como la protección a los bienes de la pareja, su afiliación a la sanidad, a tener una pensión y a heredar. También pueden acudir a notarías y juzgados a legalizar su unión, pero con el problema de que el Congreso no ha reglamentado su derecho a casarse, por lo que muchos notarios se niegan a llamarle matrimonio.