En los allanamientos se decomisaron 62 kilos de cocaína.
El padre de las dos jóvenes acusadas es un dirigente del Sindicato de Peones de Taxis porteño; la banda almacenaba armas para enfrentarse con un grupo rival.
Una de las hermanas Acevey, Daiana, de 20 años, se habría encargado de “gestionar” los activos ilícitos que se acumulaban con el negocio criminal. La otra, Macarena, de 25, tenía acceso a la “guarda” de los estupefacientes y las armas de las organización. Las jóvenes, hijas del sindicalista Jorge Acevey, fueron procesadas por el delito de comercio de estupefacientes y por integrar una asociación ilícita.
Las hermanas Acevey, según una resolución del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, integraron una banda criminal que “operaba con violencia, intimidación y a su vez se nutría de diversas armas de fuego, que acopiaban a los fines de lograr el éxito de las maniobras de tráfico ilícito de sustancias prohibidas y para la protección de sus integrantes”.
Por lo menos hasta el día de la detención de sus hijas, Acevey se desempeñó como secretario de Turismo y Recreación del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de la Capital Federal y tenía mandato hasta el 11 de marzo de 2019, según la página web del gremio.
Fuentes judiciales dijeron que después de que se hiciera pública la investigación, la comisión directiva del SPT desplazó a Acevey. Sin embargo, en la página web del gremio aún figura con su cargo. Ante una consulta de la nacion, colaboradores de Omar Viviani, secretario general del sindicato, dijeron que no estaban autorizados a dar información al respecto.
Setenta y dos horas después de los operativos en que se detuvo a los sospechosos, el juez Villena dictó la inhibición general de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y cajas de seguridad del sindicalista. La pareja de Daiana Acevey, Pablo Ramírez, de 29 años, que dijo trabajar como albañil, fue sindicado por el juez Villena como el “organizador” de la banda criminal. Para el magistrado, el joven “ejercía el rol de jefe”.
La investigación, en la que, además de Villena, participaron la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por Diego Iglesias, y detectives de la Gendarmería Nacional, comenzó como desprendimiento de otro expediente judicial y se precipitó el 14 del mes pasado cuando, por medio de escuchas telefónicas, se descubrió que uno de los integrantes de la banda planeaba atacar a un grupo rival.
Entonces, Villena ordenó una serie de allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en Ciudad Evita y Villa Celina, La Matanza; en Claypole, Almirante Brown, y en Hurlingham, donde se secuestraron 62 kilos de cocaína, pistolas, revólveres, escopetas, municiones y hasta un cargador de un fusil automático liviano (FAL).
Según el auto de procesamiento, Ramírez era el financista de un complejo de departamentos que estaba en construcción en la ciudad de Mar del Plata.
“En su declaración indagatoria, Ramírez dijo ser albañil. Las actividades de albañilería no se condicen en absoluto con las palabras, términos y diálogos que mantuvo a lo largo de la presente investigación, y no se vislumbra otro contexto que dé sentido a tales términos, fuera del intento de disimular las actividades ilícitas que realizaba el nombrado. Tampoco resultan consistentes su señalada actividad lícita ni los ingresos denunciados con la circunstancia de hallarse financiando la construcción en la ciudad de Mar del Plata de un complejo de departamentos”, explicó el magistrado.
Durante su declaración indagatoria, Ramírez afirmó que Daiana Acevey era ajena a los hechos investigados. A su turno, la joven explicó que “si bien conocía las actividades de su pareja” y que trató de convencerla para que las abandonaras, ella nunca intervino ni se “manejó con el dinero de él”. Para Villena hay elementos para sostener que entre las tareas de la pareja Ramírez “habría estado la de gestionar los activos ilícitos que se acumulaban”. Para el juez, Daiana Acevey tenía un rol de importancia dentro del “grupo criminal” investigado.