También se presentaron dos cargos adicionales por sedición y terrorismo contra Danny Fenster, el periodista estadounidense detenido en el país desde mayo.
No ceja el acoso judicial de la junta golpista birmana contra la oposición. Este martes, un tribunal del país sentenció a dos miembros del partido político de la líder derrocada, Aung San Suu Kyi, a 90 y 75 años de prisión respectivamente después de declararlos culpables de varios casos de corrupción.
Son los castigos más severos impuestos hasta la fecha contra las decenas de miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Nobel de la Paz arrestados tras la asonada militar que los desahució del poder el pasado 1 de febrero.
La acusada más conocida es Nang Khin Htwe Myint (67 años), ministra en jefe de estado de Kayin y miembro destacada del LND con un acreditado expediente como activista, incluidos varios arrestos en los años más duros de la dictadura.
En el juicio, fue condenada a 15 años de prisión por cada uno de los cinco cargos de corrupción que presentaron, por lo que el cómputo total arroja una pena de 75 años.
El segundo acusado es el ministro de Planificación del estado de Kayin, Than Naing (65 años), que también recibió la pena máxima de 15 años para cada uno de los seis delitos de corrupción que se le imputan, por lo que suma un total de 90 años.
Según su abogado, Aung Thein, el dúo tiene buena salud y reaccionaron con calma a la noticia. “Ya se esperaban una sentencia dura, por lo que no están conmocionados”, dijo.
La dureza de las penas son un mal augurio para la propia Suu Kyi, que tiene hasta 11 procesos abiertos por causas tan dispares como violar las normas anticoronavirus, corrupción, sedición o posesión ilegal de unos walkie-talkies.
El cómputo global de las posibles penas supera los 100 años de cárcel, y cualquier sentencia condenatoria la inhabilitaría para presentarse a las elecciones que la junta golpista ha prometido organizar el año 2023. Según medios locales como The Irrawaddy, las primeras sentencias se darán a conocer el próximo mes de diciembre.
Para analistas como Than Soe Naing, todos estos procesos y las largas penas de prisión son una farsa con la que los militares golpistas quieren “socavar” y “enterrar políticamente” a los líderes del LND. “Las leyes aprobadas por la junta (desde el golpe) ahora son las leyes de Birmania, por lo que están haciendo lo que quieren”, señaló.
Tampoco pinta bien el futuro para el periodista estadounidense Danny Fenster, que permanece bajo custodia desde su arresto en el aeropuerto internacional de Rangún el pasado mes de mayo justo antes de embarcar con destino a EE.UU.
Desde entonces, el editor del diario Frontier Myanmar acumula tres cargos diferentes a los que este martes se les sumaron otros dos por sedición (de tres a siete años de cárcel) y terrorismo, que puede ser castigado con hasta 20 años de prisión.
Según su abogado, Tahn Zaw Aung, la salud mental de Fenster se está viendo afectada por el estrés del encierro y el proceso. “Me dijo que está tomando medicamentos porque sufre depresión”, contó al portal de noticias local Myanmar Now.
Por otra parte, Naciones Unidas alertó este martes del “deterioro de la situación humanitaria” que vive el país a raíz de los combates entre el Ejército y los grupos armados opositores al golpe militar, y cifró en tres millones las personas que necesitan ayuda.
“Sin el fin de la violencia y una resolución pacífica de la crisis de Birmania, el número continuará en ascenso”, recalcó este martes Martin Griffiths, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Emergencia de la ONU.
A los observadores les preocupa especialmente la escalada de violencia registrada en las últimas semanas en el nororiental estado de Chin, donde se enfrentan las tropas regulares con milicianos de la Fuerza de Defensa locales.
“Más de 37.000 personas, incluidos mujeres y niños, se han visto recientemente desplazado y más de 160 edificios han sido quemados, incluida una iglesia y una oficina de una organización humanitaria”, señaló Griffiths.
La crisis humanitaria también llega a las grandes urbes como Rangún y Mandalay, las dos ciudades más pobladas, donde el coordinador de la ONU apunta que hay preocupantes “informes sobre el aumento de los niveles de inseguridad alimentaria”.