La jueza ordena investigar al ex presidente del país, Jimmy Morales, por estos hechos.
La jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, ha condenado a entre seis y 25 años de prisión a seis funcionarios de Guatemala por la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción ocurrido el 8 de marzo de 2017. Tras más de año y medio de juicio y 120 audiencias, Cifuentes ha emitido una sentencia este martes que contempla penas de cárcel muy inferiores a las solicitadas por el Ministerio Público, que ascendían hasta los 131 años de cárcel en algunos casos. Asimismo, ha ordenado al Ministerio Público investigar al ex presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por estos hechos.
La audiencia comenzó con la última palabra de las seis personas acusadas en la causa judicial. Todas ellas se declararon inocentes y criticaron la investigación del Ministerio Público al considerar que no fue objetiva ni imparcial. La ex defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH, Gloria Castro, llegó incluso a pedir a la jueza que certifique lo conducente al Ministerio Público para que «investigue al fiscal y a los auxiliares fiscales», a quienes acusó de haber «tergiversado la ley de protección integral a la niñez».
«Ha sido duro y difícil perder una trayectoria de vida habiendo sido criminalizada maliciosamente por el Ministerio Público», denunció Castro.
Por su parte, Lucinda Marroquín subrayó que ella no trabajaba en el Hogar Seguro, sino que «simplemente, llegué a prestar un apoyo». Asimismo, pidió a la jueza que fuese «justa» porque, a su juicio, «las pruebas no han sido suficientes». Tras lamentar lo sucedido el 8 de marzo de 2017, remarcó que ella, como madre «no es capaz de cometer cosas que aquí se me ha hecho ver».
Todo surgió a partir de una revuelta por parte de 56 niñas que el 7 de marzo de 2017 decidieron escapar de esta institución pública destinada a proteger y abrigar a menores de 18 años cuyos derechos se habían vulnerado. Lejos de cumplir esta función, el hogar era un infierno, dado que allí sufrían violaciones, abusos sexuales, maltratos, hacinamiento y comida en mal estado, hasta el punto de que una de las internas, de 14 años, llegó a ser asesinada en el interior el 19 de octubre de 2013.
Tras la huida, la policía logró capturarlas y las condujo de nuevo al portón del Hogar Seguro, a la espera de que las autoridades del Gobierno de Guatemala tomaran una decisión sobre qué hacer con ellas tras haber abandonado el proceso de protección ordenado en su día por un juez. El protocolo indicaba que debían ser presentadas de nuevo ante una autoridad judicial para que resolviera su situación, pero nunca se tomó esa decisión.
Las niñas permanecieron 11 horas a la intemperie custodiadas por agentes de policía que las golpearon, vejaron e incluso una monitora les lanzó gas pimienta. A las 3.00 horas del 8 de marzo, las encerraron bajo llave en un aula del Hogar Seguro y les dieron 22 colchonetas para dormir en un espacio en el que tenían menos de un metro cuadrado para cada una de ellas. Cuando amaneció, varias de ellas solicitaron ir al baño, si bien las agentes de policía que custodiaban el aula se negaron, por lo que se vieron obligadas a hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo espacio en el que estaban confinadas ilegalmente.
Esta situación provocó que una de las 56 niñas, con el ánimo de que las liberaran, incendió una de las colchonetas, si bien las llamas se extendieron rápidamente por el resto de colchonetas y, pese a sus gritos de auxilio y golpes y patadas contra la puerta, la subinspectora de la Policía Lucinda Marroquín, que tenía la llave del aula, tardó nueve minutos en abrirles la puerta, según la investigación del Ministerio Público. Ello causó en un principio la muerte de 19 de ellas por asfixia, mientras que en los días siguientes fallecieron en los hospitales otras 22 por las graves quemaduras.
Asimismo, 15 niñas sufrieron heridas graves e incluso amputaciones de partes de su cuerpo, por lo que nueve de ellas tuvieron que ser trasladadas a Estados Unidos para ser curadas e incluso a día de hoy dos de ellas permanecen aún en ese país recuperándose. Según el peritaje de incendios, que es la prueba reina con la que cuenta el Ministerio Público, las niñas estuvieron expuestas durante nueve minutos a una temperatura superior a los 300 grados con menos de un 21% de oxígeno necesario para poder sobrevivir.
Tras la sentencia de este 12 de agosto, aún quedan pendientes en el proceso judicial otras cuatro personas, quienes aún deben enfrentar el próximo 16 y 17 de octubre la Audiencia de Etapa Intermedia en la que el juez del Juzgado Cuatro de Instancia Penal debería decidir si los envía o no a prisión.
Se trata de la ex jueza del Juzgado de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo (por maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, prevaricación, falsedad ideológica y retardo de justicia), al secretario de ese Juzgado de Paz, Romeo Rolando Miranda (falsedad ideológica), la Coordinadora del área de Mi Hogar del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus formas de la SBS, Ofelia María Pérez Campos (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas) y la monitora de Gorriones Cruzy Flor de María López (maltrato contra personas menores de edad).