Cinco efectivos de la Delegación Mendoza fueron sentenciados a cumplir condenas de entre cuatro y seis años de prisión. Los oficiales fueron encontrados culpables de solicitar dinero a comerciantes a cambio de no secuestrarles mercaderías en infracción o alertarlos sobre allanamientos.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó un fallo que sentenció a funcionarios policiales de la Delegación Mendoza de la Policía Federal por considerarlos responsables del delito de exacciones ilegales.
Los policías Juan Manuel Merlo, Marcelo Guerra, Héctor Calderón, Daniel Zurita y Guillermo Pizarro estaban imputados por un supuesto procedimiento judicial realizado en mayo de 2007 en un local del Mendoza Plaza Shopping, llamado Videomundo. Habían recibido condenas de entre cuatro y seis años de prisión, además de una inhabilitación especial para ejercer cargos como funcionarios públicos por un periodo de entre ocho y doce años.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi y Mariano Hernán Borinsky, convalidó la sentencia dictada el 28 de agosto de 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza. Así, condenó a los agentes por considerarlos responsables del delito de exacciones ilegales.
En el fallo recurrido se constató que el personal de las Brigadas I y II, con asiento en la Delegación Mendoza de la Policía Federal Argentina, se servían de las órdenes de allanamiento libradas por los jueces en el marco de distintas investigaciones para constatar la existencia de mercadería en infracción a las leyes Nº 11.723 (Régimen Legal de Propiedad Intelectual) y Nº 22.362 (Ley de Marcas y Designaciones). Una vez verificada la infracción, les exigían dinero a los propietarios de los negocios para evitar el secuestro de los bienes o para garantizarles que serían alertados de nuevos procedimientos ordenados por la Justicia.
Uno de los funcionarios policiales de la referida repartición fue encontrado responsable de solicitar dinero a cambio de adelantar los trámites para lograr la libertad de algunas de las personas que habían sido trasladadas a esa repartición policial, a los fines de averiguar sus antecedentes.