También llega al proceso una trabajadora social, todos imputados por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad; la joven falleció sin poder despedirse.
La justicia cordobesa elevó a juicio la causa por la muerte, en plena pandemia de Covid-19, de Solange Musse. Llegan como imputados los médicos Sergio Alí y Eduardo Javier Andrada junto con la trabajadora social Analía Morales, integrantes del ex-Centro de Operaciones de Emergencia (COE), y también el agente de la policía caminera Darío Mansilla. Todos están procesados por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La joven no pudo despedirse de su padre, Pablo, a quien se le impidió el acceso a la provincia por las restricciones vigentes.
El fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, es quien elevó a juicio la causa, que tuvo muchas idas y vueltas. Empezó en la justicia federal de Córdoba, luego pasó a la de Huinca Renancó y, de allí, al juzgado federal de Río Cuarto.
El 20 de este mes se cumplirán dos años de la muerte de Solange. La joven tenía 35 años y transitaba un cáncer de estadio cuatro. Había viajado desde Neuquén a Córdoba para atenderse y se instaló en Alta Gracia. Por su gravedad, en los últimos días fue internada en un sanatorio privado, donde finalmente falleció.
Cuando a su padre, a quien ella había pedido ver, le negaron el acceso a la provincia por un test sospechoso de Covid-19, escribió: “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”.
Hace casi dos años, Pablo Musse llegó en su auto desde Neuquén –donde vive– con su cuñada, que tiene una discapacidad, a Huinca Renancó, en el sur cordobés. Tenía todos los trámites exigidos para entrar. Allí le hicieron un test rápido y, como dio “sospechoso”, le ordenaron regresar a Neuquén sin parar en la ruta, acompañado por la policía de distintos distritos. Ocho móviles se usaron para escoltarlos. Su hija murió sin verlo.
Orden de la Corte Suprema
En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó que sea la justicia provincial la que investigue a los funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), del Ministerio de Salud y de la policía involucrados en el caso.
El abogado del padre de Solange consideraba que la justicia federal era la que debía hacerse cargo del caso, ya que se trata de “una cuestión interjurisdiccional”.
“En atención a que los hechos denunciados involucran la actuación de agentes locales de la provincia de Córdoba, y en ausencia de alguna otra circunstancia que en el actual estado del proceso haga surtir la jurisdicción federal (de naturaleza excepcional y restrictiva), corresponde que sea la justicia local de dicha provincia la que investigue el hecho por el cual se trabó el presente conflicto de competencia”, resolvieron los ministros de la Corte. La familia de Solange busca determinar la supuesta “cadena de responsabilidades”.
“Que vaya a juicio por mal desempeño de funcionario público porque es el Presidente. No es una persona común en este caso. Tendría que ir a juicio, pedir disculpas, que nunca más ocupe un cargo público”, dijo Musse en mayo pasado cuando la Justicia determinó que Alberto Fernández debía pagar una multa por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena.
“Nosotros venimos con la causa de Sol hace dos años y todavía no pasó nada, y no sabemos si va a pasar porque es ir contra el Estado. Tendrían que ver el pedido de Solange, que me necesitaba. Tendrían que ver todo y decir: ‘Esto no es lo mismo que una fiesta de cumpleaños de un amigo’”, planteó Pablo.