El Gobierno será el encargado de subsidiar a las empresas que firmen convenios, recibiendo U$S 7,5 por millón de BTU, es decir tres veces más que el promedio. De todas maneras, esto no repercutirá en las tarifas.
El Gobierno nacional utilizará nuevamente una vieja herramienta de éxito dudoso para apuntalar la producción local del gas natural. Favorecerá a las empresas que aumenten la oferta con el pago de un precio mayor por el volumen adicional que incorporen al mercado, aunque esos recursos adicionales saldrán de las arcas del Estado, a través de subsidios.
Esto se desprende de la resolución 1 del nuevo marco para la industria del gas que se publicó este año y fue dado a conocer a través de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, organismo que fue creado el año pasado y está manejado por el viceministro de Economía, Axel Kicilliof, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el de Energía, Daniel Cameron.
La medida representará también el desplazamiento del programa Gas Plus que creó el ministro de Planificación Julio De Vido.
El texto de esta resolución expresa que las petroleras van a recibir 7,50 dólares por millón de BTU (la unidad de medida), para toda la oferta excedente. Cabe destacar que este número llega a triplicar el precio promedio que reciben las compañías con actividad en la provincia de Neuquén, donde está el mayor pulmón energético del país. Sin embargo, se encuentra por debajo del precio de exportación a Bolivia (11 dólares), o los más de 18 dólares que costó el gas licuado que llega por barco a nuestro país. El conflicto se genera cuando se indica que el Estado se hará cargo de abonar la diferencia entre el precio real y esos U$S 7,50.
Se explicó que las empresas que quieran contar con este beneficio, deben presentarse ante la Comisión de proyectos de “aumento de la inyección total de gas natural”, antes del 30 de junio y estos acuerdos no pueden superar los cinco años.
Esto no es más que un marco institucional al anuncio que realizó la presidenta Cristina Fernández en la 18a. Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), a fines de noviembre. Hasta ahora, sólo dos empresas se habían sumado al convite oficial: la estatal YPF y Pan American Energy, conducida por la familia Bulgheroni, mediante sendos acuerdos con el Gobierno. Para sumar a las demás empresas, se utilizó al coordinador general del Ministerio de Planificiación, Roberto Baratta.
El ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, señaló que la resolución “no contempla un incremento del precio para los usuarios; es decir que el precio estímulo lo pagará exclusivamente el Estado con fondos que hoy no posee, de acuerdo con lo que dicen las cuentas del presupuesto 2013, que los funcionarios firmantes seguramente conocen”. Y agregó: “Me preocupa que un precio de este nivel se pague a producción de yacimientos convencionales, en el contexto actual donde el Estado tiene muy poco conocimiento sobre el inventario real de las reservas de gas que en el país administran las empresas privadas y las provincias”.
Otro ítem que ha inquietado a las petroleras es que si no cumplen con la inyección adicional de gas, deberán pagar un costo altísimo. La norma señala que las propias empresas deben elegir el castigo, que puede ser encargarse por su propia cuenta de la importación de gas natural licuado -LNG, que llega por barco- o el pago al Estado de la diferencia entre el precio del LNG y el valor de la inyección excedente.
Con cualquiera de las opciones, se obligará a la compañía a pagar más por su error que el dinero que recibiría como estímulo en el caso de ser exitosa.
Para el mercado petrolero, la resolución está hecha con un criterio basado en el sostenimiento de la balanza comercial. Según los últimos datos de la Secretaría de Energía, que conduce Daniel Cameron, el año pasado el país importó gas por 4697,8 millones de dólares, 60% más que en 2011 y un 37% del saldo comercial de 2012. En un país con escasez de billetes norteamericanos, que los cuida mediante medidas tan impopulares como el cepo cambiario, es una enormidad.