El alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, sospechoso de haber ocultado información, es el principal blanco de la furia.
Le dieron la noticia este miércoles en el hospital número 4 de Wuhan. Su suegro había fallecido, uno de los más de 200 víctimas mortales del coronavirus que asuela esa ciudad. El individuo al que un informe policial publicado este viernes identifica como Ke no pudo contenerse. Se abalanzó sobre dos médicos y comenzó a golpearlos, arrancándoles la ropa protectora. Se encuentra ahora bajo custodia policial.
Es un incidente más de los muchos que dejan en evidencia estos días la furia del público en torno a una crisis, la epidemia de coronavirus, de la que culpan a la desastrosa gestión de las autoridades locales de Wuhan y su provincia, Hubei. Una epidemia que ya ha infectado a cerca de 10.000 personas y en la que, pese al refuerzo de los suministros y al envío de miles de médicos y sanitarios adicionales, sigue faltando material protector suficiente en los hospitales y doctores y enfermeras se encuentran al borde del agotamiento.
La tensión entre el Gobierno central -dispuesto a acabar con la epidemia y el descontento de la oblación a toda costa-, y unas autoridades locales que quieren evitar que se les responsabilice del caos, es evidente estos días, en los que llueven las acusaciones del uno y el otro lado. Y el escalón más bajo lleva las de perder. Según la revista Southern Weekly, ya 33 funcionarios de nivel municipal o provincial han sido destituidos, amonestados o se les ha abierto un expediente por mala gestión de la crisis.
Al malestar por el desbordamiento en los centros sanitarios se ha sumado la publicación de una serie de informaciones científicas que corroboran las sospechas de que se ocultó información clave al público durante las primeras semanas, mientras el problema se hacía cada vez mayor en diciembre y la mayor parte de enero.
Un informe de un numeroso grupo de expertos oficiales chinos, que publicaba el miércoles el New England Journal of Medicine, encontraba, tras examinar los primeros 425 casos de infección en Wuhan, que los contagios entre seres humanos empezaron a darse desde mediados de diciembre. Pero las autoridades insistieron en que no había indicios de ello. Finalmente, se admitió el 20 de enero, cuando la propagación de la epidemia comenzó a dispararse.
“Decir que estoy furioso es quedarme corto. No tengo palabras”, publicaba en Weibo, el Twitter chino, el catedrático de Biología en la Universidad de Zhejiang Wang Liming, tras leer el informe, “es la primera prueba sólida de que se ocultó intencionadamente que había contagios entre humanos”. Su mensaje desde entonces ha sido borrado.
Buena parte de las iras se dirigen no contra el Gobierno central -el consenso entre la mayoría de la población es que las cosas han mejorado desde que ha tomado el control de la crisis-, sino contra las autoridades provinciales de Hubei y el alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, una figura que parece tener los días contados en el cargo. El último en arremeter contra él ha sido el epidemiólogo jefe en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, Zeng Guang. En una entrevista con el periódico estatal Global Times, ha apuntado que el gobierno municipal de Wuhan pudo haber tardado en responder a la crisis “principalmente por la falta de conocimientos científicos” sobre el nuevo tipo de coronavirus, pero también por “cierta indecisión en la toma de medidas”.
Durante esas primeras semanas vitales, según las críticas, Zhou no solo tardó en ofrecer información, sino que actuó de modo que, a todas luces, contribuyó a diseminar la infección. A principios de enero organizaba una comida con 40.000 personas para batir un récord de participación. E insistía en que la gente se fuera de vacaciones para el Año Nuevo lunar: antes del cierre por cuarentena el día 23, se habían marchado de la ciudad cinco millones de personas.
También se le acusa de haber intentado suprimir información. El 1 de enero, la Policía de Wuhan anunció que había tomado “medidas legales” contra ocho personas sospechosas de “difundir rumores” -un cargo que puede suponer hasta siete años de cárcel- por denunciar que esos casos de enfermedad extraña que se habían detectado parecían SARS. El Síndrome Respiratorio Agudo Severo, originado también en China y que mató a casi 800 personas en todo el mundo en 2003, está causado por otro coronavirus de la misma familia que el actual.
Esta semana, la Policía ha retirado las acusaciones contra los ocho, después de que el Tribunal Supremo se mostrara muy crítico contra la actuación de ese cuerpo. “Hubiera sido una suerte si la gente los hubiera creído (los ‘rumores’), y hubiera empezado a llevar mascarillas y tomar medidas de precaución”, se ha lamentado.
En una entrevista televisada el lunes, Zhou reconoció que su Ayuntamiento no divulgó la información necesaria en cuanto la tuvo a mano y ofreció su dimisión. Pero, en una acusación inusualmente directa contra estamentos más altos de poder, aseguró que no lo hizo porque no tenía permiso de arriba para revelarla. “Como gobierno local, solo podemos informar (sobre una enfermedad infecciosa) con una autorización”.