El municipio se apresta a poner en marcha un programa para capacitar a la comunidad sobre acciones a desarrollar ante efectos de eventos climáticos excepcionales, pero no hay fecha definida.
Cuando ya se cumplen diez años de la inundación que asoló la ciudad de las diagonales, las autoridades del municipio se aprestan a poner en marcha un programa en el que mediante aplicaciones digitales, talleres barriales y señalizaciones buscarán capacitar a la población sobre las acciones a desarrollar para contrarrestar los efectos de eventos climáticos excepcionales.
El anuncio, que implica llevar a la práctica un dispositivo preventivo inédito en el país reclamado desde hace tiempo por las asambleas barriales, conlleva el reconocimiento implícito sobre la crítica condición de vulnerabilidad hidráulica que ostenta la capital de la provincia de Buenos Aires. Hoy ya nadie discute que tanto las fragilidades del sistema hídrico platense como la ausencia una planificación del desarrollo urbano tuvieron una incidencia determinante para que la lluvia extraordinaria del 2 de abril de 2013 se convirtiera en una tragedia con al menos 89 muertes constatadas oficialmente y pérdidas materiales superiores a los 6000 millones de pesos.
Mediante un convenio firmado hace dos semanas entre la intendencia y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se prevé instrumentar la segunda fase del denominado Plan Director de Reducción de Riesgo de Inundaciones, una iniciativa orientada a organizar tanto medidas precautorias como de respuesta por parte del Estado y de la propia ciudadanía frente a las amenazas por tormentas intensas.
La primera etapa, que contiene los lineamientos del plan, había sido presentada formalmente por el intendente platense Julio Garro (Juntos por el Cambio) a mediados de octubre de 2019. En su elaboración participaron más de 70 investigadores y especialistas de 12 facultades que, con la coordinación del ingeniero Pablo Romanazzi, llevaron adelante un estudio pormenorizado de la situación hidráulica de la región y generaron protocolos y manuales de actuación, en los que se define la intervención del Estado y la población tanto en la mitigación como en la prevención del riesgo en los 350 barrios del distrito.
Además de estudiar las características y el cauce de los arroyos que surcan el distrito, el trabajo puntualizó que más de la mitad de los habitantes del distrito se encuentran asentados en zonas de alto riesgo si se repitiera una lluvia como la de 2013.
Ahora, la nueva etapa tiene como objetivo avanzar hacia una tarea eminentemente pedagógica y de divulgación con el objetivo de poner en común con la población los dispositivos diseñados por la UNLP mediante acciones de capacitación presencial con funcionarios públicos, especialistas, instituciones y vecinos en general. A ello se sumará el aprovechamiento de herramientas digitales y el lanzamiento de una aplicación que permitirá acceder a información e instrucciones en tiempo real. También se indicó que se realizarán señalizaciones inteligentes de las zonas de mayor riesgo hídrico.
“Lo vamos a llevar a cada vecino, barrio por barrio, escuela por escuela”, afirmó el intendente Garro en un spot publicitario difundido anoche en redes sociales. El jefe comunal destacó, ante todo, el haber superado la improvisación: “Pasamos de medir la altura de los arroyos con un palo a ser la ciudad con más sensores que monitorean tormentas en todo el país”, dijo el jefe comunal, en referencia a las 26 estaciones de monitoreo instaladas en los cauces de los arroyos del distrito.
Consultado por LA NACION, Garro no pudo precisar la fecha en que el nuevo plan entrará en vigencia ya que, sostuvo, “eso depende de las cargas y la planificación que lleva adelante la universidad”. Según confiaron fuentes involucradas en la iniciativa oficial, se está procediendo a subir el material a un sitio web interactivo creado por el municipio que requiere una serie de pruebas y que contiene la información detallada barrio por barrio que podrán consultar los vecinos.
Reparos vecinales
Pasados diez años de la inundación, el dolor persiste enquistado en el alma como las marcas que dejó el agua en los muros de las casas o en el desamparo de los gritos de auxilio que aún resuenan en la memoria teñida por el velo súbito e inexcusable de la muerte.
Desde el Espacio Inundados La Plata, un nucleamiento vecinal que durante todos estos años mantuvo estoicamente el reclamo ante las autoridades locales y provinciales para que el tema no cayera en el olvido, prevalece la cautela ante los anuncios oficiales.
Los grupos de vecinos inundados pugnan por la conformación de algún tipo de organismo para la gestión del riesgo de inundaciones que integre a diversos actores de la comunidad de modo de poder canalizar la formulación e implementación de planes y programas. Para los impulsores del proyecto, presentado formalmente en septiembre de 2019, la constitución de ese cuerpo permitiría dar continuidad al abordaje de la temática hídrica convirtiéndola en una política de Estado. Sin embargo, hasta ahora, la propuesta no consiguió el consenso suficiente en el Concejo Deliberante.
“Seguimos sin saber qué hacer, a pesar de que el intendente tiene en su escritorio el plan desarrollado por la universidad que sirve para generar conciencia sobre nuestra vulnerabilidad ante un evento extremo, pero además señala dónde se pueden realizar desarrollos inmobiliarios y dónde no”, apuntó Alejandro Albano, miembro de la asamblea vecinal de Tolosa. Albano denunció lo que, a su criterio, constituye una constante manipulación política de la problemática hídrica: “Desde 2019 hasta ahora que vuelve a haber elecciones no se hizo nada. En mayo del año pasado se aprobó una ordenanza que declaró a la ciudad en emergencia climática. pero nunca conocimos ninguna medida relacionada con esa declaración”, indicó el dirigente.
La llegada del décimo aniversario pareció tensar aún más la relación entre las asambleas de inundados y las autoridades comunales.
Mientras los asambleístas organizaron numerosas actividades conmemorativas, la intendencia se limitó a promover la declaración del 2 de abril como “Día de la Solidaridad Platense” a partir de una ordenanza presentada por el Ejecutivo municipal con el fin de reconocer y recordar la convocatoria espontánea de los ciudadanos para colaborar con los más afectados. Ni siquiera en eso coincidieron autoridades y vecinos. “Para nosotros esa propuesta es insuficiente porque creemos que además de la solidaridad hay que rescatar la memoria, pero sobre todo impulsar un compromiso de tipo cultural con la difusión de esos valores en todas las instituciones de los diferentes niveles educativos en el distrito, como una manera de construir y fortalecer una conciencia ciudadana”, señaló Hugo Gutiérrez Pon, un ingeniero jubilado, activo integrante del colectivo de inundados.
Los dirigentes barriales reprochan a Garro no haber cumplido con el compromiso asumido al inicio de su gestión cuando, en diciembre de 2015, durante su primer discurso público como intendente pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas de la inundación y prometió que el tema sería una prioridad de su gestión.
Como defensa a los cuestionamientos, desde el gabinete comunal enumeran medidas y acciones concretas: el fortalecimiento del Comité Operativo de Emergencias (COEM); la formación de personal especializado; la incorporación de un sistema de alerta temprano, estaciones meteorológicas y sensores en los arroyos; la creación del SAME y el impulso de obras a lo largo de todo el distrito.
En los últimos meses, los vecinos elevaron dos solicitudes de audiencia –el 24 de mayo de 2022 y el 25 de febrero de este año– y detallan que esos pedidos nunca fueron siquiera respondidos y solo se les ofrece reunirse con funcionarios sin capacidad resolutiva.
Desde la Secretaría de Coordinación municipal, se aseguró que “la municipalidad mantiene reuniones con la asamblea de inundados. Todos los meses se brinda un informe de lo actuado y lo planificado”.
Datos y laberinto judicial
Los 392 milímetros de agua caídos el 2 y 3 de abril de 2013 en La Plata constituyen la peor catástrofe hidrometeorológica en la historia de las ciudades argentinas. Estudios oficiales indicaron que algunos puntos de la ciudad el nivel del agua alcanzó 2,40 metros de altura. Por otra parte, cerca del 70% de las muertes contabilizadas correspondieron a personas de más de 65 años, mientras que el 35% de los decesos se concentraron en el barrio de La Loma.
A poco de la inundación empezaron a revelarse irregularidades severas hasta ese momento desconocidas. Se supo que las obras de adecuación del Arroyo del Gato estaban proyectadas y presupuestadas desde hacía tres años, pero la definición de otras prioridades y la falta de fondos habían impedido su concreción; se conocieron advertencias de la Suprema Corte de Justicia al Ejecutivo provincial sobre la posibilidad de un colapso de la ciudad. Trascendió, asimismo, que no se habían usado los fondos asignados para sostener el funcionamiento del COEM encargado de “generar una respuesta organizada de todas las áreas del Estado municipal” ante una contingencia climática u otro tipo de catástrofes.
Por si todo eso fuera poco, en la Autoridad del Agua bonaerense se reconoció que el Comité de la Cuenca Hídrica Vertiente Río de La Plata Intermedia, integrado por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, creado en mayo de 2008 con el fin de proyectar e impulsar la realización de las obras para prever y enfrentar eventuales inundaciones y establecer un plan de conducción integral del agua en la región del Gran La Plata, nunca se había constituido a causa de desavenencias entre los jefes comunales.
Finalmente, en un trabajo encomendado a la Facultad de Ingeniería de la UNLP por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación a pedido de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner se cuestionó la falta de una “planificación integrada” para afrontar semejante tormenta. En el informe realizado por el Departamento de Hidráulica de esa facultad se recordó que “la región de La Plata tenía advertencias sobre su situación de riesgo de inundación latente”, en relación a graves precedentes acaecidos en 2002 y 2008 y, finalmente, señaló el déficit de las acciones de mitigación desplegadas, a las que calificó como “tardías, caóticas e insuficientes”. Se consignaron como conclusión tres graves deficiencias: falta de información a la ciudadanía, inexistencia de un alerta meteorológico por tormentas severas, y descoordinación e insuficiencia en las acciones de repuesta.
Los efectos del funesto fenómeno climático tuvieron numerosas derivaciones judiciales aunque escasos resultados. En ese momento se presentaron decenas de denuncias por diversos delitos: desde el pedido de averiguación del manejo de los presupuestos oficiales asignados a temas hídricos hasta el destino de los fondos recaudados para ayudar a los damnificados. Y, por supuesto, la responsabilidad por las muertes y el cúmulo de irregularidades detectadas en la morgue y el registro de las defunciones.
A poco de cumplirse un año de la tragedia, el juez en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, Luis Federico Arias, determinó que la inundación había dejado 89 muertos; también detectó severas irregularidades en la operatoria de la morgue, así como en la nómina de fallecimientos inscriptos en el Registro Provincial de las Personas. No obstante, el número de fallecidos sigue siendo cuestionado desde diversas organizaciones civiles, entre ellas las que agrupan a los familiares de las víctimas.
Arias admite hoy, con cierta resignación: “Hicimos un gran esfuerzo para llegar a la verdad de lo ocurrido, pero muchas cosas quedaron pendientes”. Entre los asuntos sin resolver el exjuez recuerda los casos de por lo menos dos menores que figuraban en una lista policial como desaparecidos, pero nunca se supo lo que había ocurrido con ellos. El dato llama la atención porque en las listas oficiales no figuran niños entre las víctimas fatales.
En paralelo, avanzaron en el fuero penal otras causas. El 6 de marzo de 2019 la titular del juzgado correccional N°4, Claudia Grecco, condenó al exjefe de Defensa Civil de La Plata Sergio Ariel Lezana a pagar una multa de 12.500 pesos y le aplicó una inhabilitación por un año para ocupar cargos por incumplir con los deberes de su cargo. Lezana, quien se declaró culpable, pagó la multa; desde entonces dejó de concurrir a los lugares que solía frecuentar y sus viejos compañeros de militancia peronista dicen desconocer su paradero. En la causa seguida por Grecco también estuvo procesado el titular de Defensa Civil bonaerense, Miguel Ángel De Lorenzo, pero murió semanas antes del juicio.
La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Jorge Paolini, a cargo de la Unidad Funcional (UFI) de Delitos Complejos, hoy desactivada, quien decidió unificar todas las causas en una, que involucró originalmente al gobernador Daniel Scioli y sus ministros de Infraestructura, Alejandro Arlía; Seguridad, Ricardo Casal, y Salud, Alejandro Collia; así como al intendente Pablo Bruera y los miembros de su gabinete Enrique Sette y Santiago Martorelli.
Familiares de víctimas y asambleístas impulsaron un juicio político que no prosperó contra el fiscal Paolini por considerar que su tarea fue negligente y que actuó con parcialidad en beneficio de funcionarios públicos de alto rango.
Al sustanciar el juicio exprés, Grecco accedió a mantener abierto un expediente seguido por la UFI N°8, con el objeto de reunir elementos para dilucidar si las administraciones de Daniel Scioli, a nivel provincial, y Pablo Bruera, en la ciudad de La Plata, pudieron tener algún tipo de responsabilidad penal en lo ocurrido. Esa causa no presentó avance alguno. En tanto, otra investigación que quedó radicada en la UFI N°16 apuntó a los casos de fraude e irregularidades en la confección de certificados de defunción, pero se encuentra archivada desde hace unos dos años. Así, ninguna de las causas penales iniciadas se encuentra actualmente activa, lo cual para las asambleas de inundados implica un “crimen social impune”.