Está procesada por fraude y asociación ilícita por el reparto irregular de concesiones viales en favor del empresario; es la primera causa de corrupción de la expresidenta en ser elevada.
El juez federal Julián Ercolini elevó ayer a juicio la causa en la que Cristina Kirchner está procesada por asociación ilícita y fraude, acusada de haber favorecido ilegalmente a las empresas de Lázaro Báez.
Según el juez, el kirchnerismo montó una estructura destinada a beneficiar a Báez, que era monotributista, con contratos por decenas de millones de pesos para obras viales en el sur, contratos que estuvieron llenos de irregularidades.
Esta es la primera causa de corrupción contra la expresidenta que va a juicio (su elevación anterior fue por el dólar futuro) y es un caso emblemático: el primero en el que se considera probado que ella fue parte de una banda destinada a estafar al Estado. Según fuentes judiciales, es improbable que el juicio pueda realizarse antes de fin de año.
Para la Justicia, los fondos producto de este fraude se habrían lavado con las maniobras investigadas en las causas Hotesur y Los Sauces, en las que aparecen como beneficiarias las empresas de los Kirchner. Es decir que la Justicia sospecha que Cristina y sus hijos se quedaron con al menos parte de este dinero sustraído.
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El otro gran favorecido habría sido el propio Báez. Los hechos de esta causa fueron considerados como el “delito precedente” del caso conocido como “la ruta del dinero k”, donde se dio por probado que los fondos, después de pasar por Suiza, volvieron a Austral Construcciones, la empresa emblemática de Báez.
Por todo esto, la causa por asociación ilícita y estafa que acaba de elevarse tiene otra característica: es la causa núcleo, que conecta a las demás. Por eso podría determinar que en un futuro todos los casos terminen siendo juzgados juntos. La Cámara Federal ya sugirió que podría haber un único gran juicio.
Por el momento, los dos expedientes ya elevados -el de Báez, instruido por Sebastián Casanello, y este- tienen cada uno su tribunal. Ayer, por sorteo, el de Ercolini le tocó al Tribunal Oral Federal 2. En Comodoro Py estiman que difícilmente los juicios sean este año. Junto con Cristina Kirchner ayer fueron elevados Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nelson Periotti, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y siete acusados más.
La causa se inició por la denuncia del actual titular de Vialidad, Javier Iguacel, quien sostuvo que durante el kirchnerismo se habían entregado a empresas de Báez 52 obras en rutas santacruceñas por $46.000 millones, a precios actualizados. Según Ercolini, las 52 obras tuvieron, en promedio, un sobreprecio del 15 por ciento. “Cristina Fernández, Julio De Vido y José López […] habrían formado parte de una asociación entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015 destinada a cometer delitos, para apoderarse de forma deliberada de los fondos asignados a la obra vial, en principio, en Santa Cruz”, afirmó el juez cuando los procesó.
Este caso comenzó como una investigación independiente, pero después se acumuló a la causa promovida por Elisa Carrió en 2008, que acusaba a la cúpula del kirchnerismo y “empresarios amigos” de integrar una megaasociación ilícita.
En este caso puntual, el juez consideró probado que, primero, convirtieron a Báez en “empresario de la construcción”. Austral Construcciones, su principal empresa, se creó días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia. En paralelo, él “ubicó en cargos estratégicos” a gente de su confianza, a los que después Cristina Kirchner mantuvo.
Montada la estructura, se dotó de fondos a Vialidad. Entre 2004 y 2015 fue el organismo descentralizado con mayor presupuesto, incluso más que algunos ministerios. Santa Cruz fue el distrito más favorecido. Después vino la adjudicación de las obras. Hubo licitaciones irregulares montadas para favorecer a Báez, prórrogas ilegales y un incremento en los precios a pagar por el Estado.
En el mismo fallo de ayer, Ercolini rechazó un pedido de la defensa de Báez de que el sorteo se hiciera con un “bolillero manual”. Le contestó que debía plantearlo ante la Oficina de Sorteos de Casación. Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, había solicitado presenciar el sorteo. No llegó. Una hora después de firmado el fallo, ya estaba sorteado el tribunal, relataron en los tribunales. Los abogados se enteraron de la elevación y del tribunal casi en simultáneo. “Estamos esperando el juicio”, dijo ayer una fuente de la defensa de la expresidenta. “Nosotros siempre pedimos ir a juicio para poder ofrecer las pruebas que nos negaron en todas las instancias”, declaró.
En 2017 se sumó a esta causa una acción civil de Vialidad, que les reclama a los acusados $22.500 millones. Esa demanda también seguirá ante el tribunal, pero ayer Ercolini intimó a Vialidad a “integrar la tasa de justicia”, que por regla general es un 3% de lo reclamado.
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La banda estuvo formada, según el juez, por Néstor y Cristina Kirchner, funcionarios de sus gobiernos y el empresario Lázaro Báez
Primero, convirtieron a Báez, un monotributista que trabajaba en un banco, en “empresario de la construcción”. Austral Construcciones se creó días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia
En paralelo, el expresidente “ubicó en cargos estratégicos” a gente de su confianza, que Cristina Kirchner mantuvo, y dotó de fondos a Vialidad. Entre 2004 y 2015 fue el organismo descentralizado con mayor presupuesto, incluso superior al de algunos ministerios
Después, se le adjudicaron las obras a las empresas de Báez, en forma irregular y sin controles