Ballestero, que es investigado por la Magistratura, analiza renunciar. Mientras que Farah dialoga con el oficialismo para pasar a otro juzgado.
Cuestionados por el Gobierno, los dos camaristas que ordenaron la liberación de Cristóbal López podrían renunciar a sus cargos. Se trata de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, de la Sala I de la Cámara Federal, que quedaron en el ojo de la tormenta por el fallo que no solo dispuso las excarcelaciones del empresario K y de su socio Fabián de Sousa sino también un alivio judicial para ambos.
En plena controversia, Ballestero adelantó que no descarta abandonar su puesto por problemas de salud, ya que le colocaron ocho stents en un año. El camarista tiene una situación más comprometida que su par del tribunal, ya que el Consejo de la Magistratura investiga su patrimonio, a partir de la denuncia de la diputada oficialista Elisa Carrió, que pidió que se analice si hubo coimas detrás del fallo que benefició a los empresarios K.
Mientras que Farah negocia con el oficialismo el pase a otro tribunal y no se descarta sea trasladado a la Cámara Federal de Mar del Plata, que tiene una vacante, y donde tendría una exposición mucho menor que en la actual, ya que integra un juzgado clave en Comodoro Py. El propio ministro de Justicia Germán Garavano dijo que no objetarán un potencial traslado del camarista, si así lo considera la Magistratura.
La Cámara Federal es clave porque analiza los fallos de los jueces de Comodoro Py, que tienen a su cargo las causas de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios. De irse Ballestero y Farah solo quedaría en el tribunal Leopoldo Bruglia, reemplazante de Eduardo Freiler, destituido por mal desempeño por la Magistratura.
Bruglia fue el único de los tres camaristas que se opuso a la liberación de los empresarios K y al cambio de carátula, que pasó de “defraudación contra la administración pública” a “apropiación indebida de tributos”. Se trata de la investigación en la que López y De Sousa están procesados por no pagar al menos $ 8.000 millones al Estado por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el kirchnerismo, para capitalizar otras empresas del Grupo Indalo.
Garavano dijo que le aceptarían la denuncia a Ballestero. “Reiteradas veces he señalado que el efecto de renuncia no difiere del de la remoción por un jury”, explicó el ministro de Justicia en diálogo con La Nación, y admitió: “Valoraríamos que diera un paso al costado”. En relación a Farah aclaró que no tienen “objeciones” en que pase a otro tribunal, si así lo determina la Magistratura, donde el oficialismo tiene mayoría.
El propio presidente Mauricio Macri había sido muy duro con el fallo de los camaristas, al considerar que “es un mal ejemplo para todos los argentinos que hacen las cosas bien”. Mientras que Carrió pidió a la Magistratura que investigue si hubo “intereses económicos” detrás de la resolución judicial, causa que está en curso en el organismo.
Mientras que la Corte Suprema de Justicia ordenó que se investigue el procedimiento de conformación de la sala I de la Cámara Federal que decidió el fallo, en un procedimiento que quedó a cargo del representante de los jueces en la Magistratura Leónidas Moldes.