Debe $ 250 millones, que estaban destinados a obras; acumula el doble en multas.
El empresario kirchnerista Cristóbal López no sólo retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a través de su petrolera Oil Combustibles. También se quedó con 250 millones de pesos que debía girar a las arcas del Estado nacional por el cobro de los peajes en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
El “zar del juego” ahora se resiste a devolver esos fondos, que estaban destinados a financiar obras, y exige a las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que cumplan un acuerdo firmado con la gestión saliente que da por superada la disputa por esos montos.
La puja entre Vialidad y López, sin embargo, llega a números mucho más elevados. Según una auditoría ordenada por el nuevo gobierno, el empresario patagónico también arrastra multas -ejecutables o en vías de ejecución- por 520 millones de pesos por incumplimientos en esas concesiones. Fuentes cercanas a López sostienen que la cuenta oficial es errónea y que el Estado incluso le debe dinero. La pelea tiene múltiples aristas.
La primera de ellas se concentra en los millones de pesos que la empresa de López a cargo de esas autopistas -Aecsa, cuyo nombre de fantasía es Autopistas al Sur- cobró durante los últimos años cada vez que un automovilista pasó por las cabinas de pago. ¿Por qué? Porque un porcentaje de cada peaje pagado, en torno al 20% de ese valor, se gira a un fideicomiso, llamado Ucofin, con el que se financia la construcción de nuevas obras viales. Se trata de un mecanismo que inauguró el kirchnerismo y que resulta muy cuestionado por las nuevas autoridades, que lo consideran poco transparente debido a que las propias compañías tienen una alta participación en la definición de las obras a realizar.
Identificados bajo la sigla RAE (recurso de afectación específica), esos fondos que pagan los automovilistas implican millones de pesos que las concesionarias deben girar cada mes. Y así lo hacen los competidores de López, pero no así el empresario patagónico, que maneja por completo esas concesiones desde fines de 2013.
“La empresa de López pagó 56 millones de pesos para quedare con Aecsa, pero luego dejó de pagar los RAE y adeuda no menos de $ 250 millones”, indicó un alto funcionario del Gobierno a la Nacion.
De ese modo, López repitió en las autopistas lo mismo que en el rubro del petróleo. Se quedó con cientos de millones de pesos que cobró como “agente de retención” y que debió girar de manera automática.
Junto a López confirmaron que el empresario adeuda esos fondos, pero lo enmarcaron dentro de una controversia más amplia con el Occovi, el organismo que controla las concesiones viales alrededor de la ciudad de Buenos Aires.
“El 30 de octubre pasado, Aecsa firmó un acuerdo con el Occovi por el que se dispuso compensar las deudas mutuas y el Occovi quedaba con un saldo deudor de unos 50 millones de pesos”, indicó anoche a LA NACION un colaborador del empresario, que también planteó que el Occovi incumplió con otra parte del acuerdo. “Se fijaron aumentos de tarifas desde fin de año [por 2015] y no se cumplió, por lo que estamos esperando que se concrete”, refutó.
La réplica oficial, sin embargo, es que ese “acuerdo” no es tal, ya que el documento requiere la firma final del titular de Vialidad, Javier Iguacel, quien no convalidará las negociaciones que desarrolló el ex titular del Occovi, Gustavo Gentili, sobre el epílogo de su gestión.
La sospecha de las nuevas autoridades es que el convenio apuntaba a “enjuagar” los problemas que arrastraban las empresas de López.
Entre otros puntos, el preacuerdo convalidaba la extensión de la concesión, que ahora vence en 2019, hasta 2029. Y contemplaba un incremento de la tasa interna de retorno (TIR) de 3 a 7 por ciento, que debía financiarse con los peajes.
Suma de millones
A la hora de sacar cuentas, además, las nuevas autoridades sostienen que López no sólo debe entregar los $ 250 millones que retuvo del RAE, sino que además acumula multas ejecutables por otros $ 120 millones por incumplimientos como concesionario que ya debería haber abonado. Y no sólo eso, ya que durante los últimos años se acumularon otras penalizaciones, aún en trámite, por $ 400 millones más. Es decir, $ 520 millones que se suman a los $ 250 millones que debió enviar al Ucofin. Total: $ 770 millones.
El informe interno que maneja el Gobierno destaca otro contrapunto, a su entender más escandaloso, que tiene que ver con las obras públicas que se llevan a cabo en las autopistas. Se pagan con los fondos que el Ucofin acumula gracias al pago del RAE por parte de los automovilistas y el Occovi define qué obras se hacen, aunque a sugerencia de la concesionaria, que a su vez se encarga luego de licitarlas.
La anterior gestión del Occovi buscó perdonarle a López su deuda a cambio de una obra de circunvalación en un empalme de la ruta 3, cerca de Cañuelas. ¿Presupuesto original? Unos $ 730 millones. Pero cuando López, como concesionario, licitó la obra, el presupuesto trepó a $ 1300 millones. ¿Ganador? CPC, la constructora del propio López, que pasaría así de deudor a acreedor.
LA NACION reveló el domingo pasado que Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, cuyo principal accionista es López, le debe a la AFIP $ 8000 millones en concepto de impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), que paga todo automovilista cada vez que carga naftas o gasoil. En forma paralela, el grupo del empresario creció exponencialmente mediante la compra de múltiples activos en diversos sectores de la economía.