La región que abarca América Latina y el Caribe (ALC) es una de las más violentas del mundo. En ella vive apenas un 9% de la población mundial, y sin embargo se registra en la zona el 33% de los homicidios en todo el mundo.
“Es la única región donde la violencia sigue siendo alta y ha seguido aumentando desde 2005. Los niveles de violencia se comparan con el de una epidemia según los estándares internacionales”, sostiene un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentado ayer en el que se analizan los costos del crimen para los países latinoamericanos.
El informe incluye un relevamiento específico de cinco países de la región, para los cuales se evaluó los costos en anticipación al delito (seguridad pública y privada), costos como consecuencia del delito (homicidios, lesiones, robos, hurtos), y costos en respuesta del delito (sistema de justicia criminal, gastos de atención a las victimas).
Según esta investigación, el costo del crimen y la violencia para los países considerados es de 1.8 puntos porcentuales del PBI en Chile, 1.9 puntos en Costa Rica, 2.3 puntos en Uruguay, 3.8 puntos en Paraguay y 4.6 puntos en Honduras. Es decir, en esos países el costo del crimen promedia 3 por ciento del PBI.
“Esto es igual a la cantidad de recursos que la región gasta anualmente en infraestructura y aproximadamente el equivalente al porcentaje del ingreso del 20% más pobre de la población. Es decir que con lo que cuesta el crimen en términos de bienestar podría duplicarse el ingreso del 20% más pobre de la población.”, explicó a LA NACION Laura Jaitman, especialista en Seguridad Ciudadana del BID y la editora del estudio de costos.
Los tipos de costos
El informe evaluó tres tipos de costos del crimen:
Los costos en anticipación del delito: Este tipo de costo hace referencia a aquellos desembolsos que realizan los hogares y empresas (costos privados) y organismos públicos (costos públicos) con la finalidad de reducir el riesgo de ser blanco de la acción delictual y de la violencia. Los componentes considerados en los costos privados incluyen gastos en guardias y vigilantes, alarmas y monitoreo, tecnologías de seguridad, transporte de valores, y asesores y capacitadores de seguridad.
Los costos como consecuencia del delito: Este tipo de costo expresa la valoración monetaria de las pérdidas materiales, directas e indirectas, tangibles e intangibles, así como los efectos sobre la integridad de la salud de las víctimas que genera la actividad criminal.
Los costos en respuesta al delito: Son aquellos en que se incurre con la finalidad de identificar a los responsables de un hecho delictual o violento, de perseguir sus responsabilidades a través de un juicio y de hacerles cumplir las penas aplicadas por los tribunales. Sobre este punto, el informe sostiene que “las altas tasas de prisión preventiva contribuyen a los altos costos generados por el crimen. Un sistema de justicia ineficiente también aumenta los costos de los delitos si las tasas de delitos resueltos son bajas, o si la impunidad reduce la pena prevista por cometer un delito, y aumenta así la probabilidad de que se cometan delito”.
La investigación detectó que en Chile, los costos en anticipación al delito son predominantes, mientras que en Costa Rica y Honduras, los costos como consecuencia del delito son más elevados. En cambio, los costos en respuesta al delito son superiores en Paraguay y Uruguay.
Para qué sirve medir el costo
El cálculo de estos costos “es útil para fundamentar más adecuadamente las políticas de prevención y control del crimen, así como para mejorar la asignación de recursos en la economía”, argumenta el informe.
El crimen y el temor al crimen, sostiene el estudio, “influyen en la conducta de las personas, limitan las decisiones de inversión de las empresas, minan la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública y distorsionan la asignación de recursos públicos y privados”. Todo esto produce costos en el bienestar.
“Es útil para fundamentar más adecuadamente las políticas de prevención y control del crimen”
“Es fundamental entender por qué nuestra región tiene tanta violencia y de ahí identificar las intervenciones que sean más efectivas de acorde con nuestra realidad”, explica Nathalie Alvarado, Coordinadora del área de Seguridad Ciudadana del BID.
La importancia de las estadísticas
El informe señala que, si bien la región de América Latina y el Caribe presenta uno de los mayores índices de delincuencia del mundo, “esta tendencia creciente de la delincuencia no parece ir acompañada de una inversión significativa en la labor de conocer más sobre este problema y sobre la eficacia de las políticas dirigidas a resolverlo”.
Por ejemplo, según el BID, América Latina y el Caribe es una de las regiones con el mayor número de agentes de policía por cada 100.000 habitantes: en promedio tiene 307 agentes de policía por cada 100.000 habitantes, una tasa mucho más alta que América del Norte (222). “Sin embargo, la policía no parece ser demasiado efectiva en la región dado que las tasas de homicidio son mucho más altas en los países de ALC”, sostiene el estudio.
Por eso señala que “es imprescindible mejorar la disponibilidad y la calidad de las estadísticas, como requisito previo para poder estimar con mayor precisión los costos que imponen la delincuencia y la violencia en la región”.
“Los esfuerzos en este sentido son un requisito previo para entender un fenómeno tan complejo como el costo de la actividad delictiva y la violencia, así como sus factores determinantes, para promover un debate constructivo y llevar a cabo evaluaciones rigurosas que acrecienten y mejoren el conocimiento sobre la delincuencia en América Latina y el Caribe”, concluye el informe.