Un buen día, durante el segundo mandato del presidente taiwanés Chen Shui-bian, varias personas cargadas con lo que un testigo describió como “cinco o seis cajas de fruta” entraron en la residencia presidencial en Taipei. Después, se supo que en el interior de las cajas había 6 millones de dólares. Se trataba de un soborno para la primera dama, Wu Shu-jen, “lubricante verde” para animar a su marido a beneficiar a una empresa que buscaba una fusión.
Documentos de una Corte de Manhattan describen el camino que siguió el dinero en efectivo después de haber sido desempaquetado de las cajas de fruta. Primero se almacenó en una bóveda de un banco en Taipei, junto con montones de billetes que la primera dama hizo pasar por “donaciones”. Después se trasladó, en maletas, hasta el sótano de un ejecutivo involucrado en la fusión corporativa. Finalmente, se blanqueó en bancos de Hong Kong y EEUU, y acabó en una cuenta suiza controlada por el hijo de la pareja presidencial.
Un buen día, durante el segundo mandato del presidente taiwanés Chen Shui-bian, varias personas cargadas con lo que un testigo describió como “cinco o seis cajas de fruta” entraron en la residencia presidencial en Taipei. Luego, se supo que en el interior de las cajas había 6 millones de dólares. Se trataba de un soborno para la primera dama, Wu Shu-jen, “lubricante verde” para animar a su marido a beneficiar a una empresa que buscaba una fusión.
La historia del apartamento de la ex primera dama de Taiwán ilustra a la perfección cómo se utilizan estructuras offshore para dirigir ganancias ilícitas hacia el ladrillo. Pasando a través de una maraña de cuentas bancarias, el origen del dinero y las identidades de las personas asociadas quedaron totalmente ocultos entre paraísos fiscales de alta mar e intermediarios.
En su última etapa, por ejemplo, el dinero fue manejado por un asesor de patrimonio con sede en Miami, un ciudadano alemán llamado Stefan R. Seuss, que creó una compañía de Nueva York, la West 28th Street LLC, y quien aparecía en calidad de copropietario del apartamento. Al analizar los cheques que emitía, la pista se perdía en las Islas Vírgenes Británicas. Y no se podía seguir tirando del hilo.
Cuando estos laberintos de alta mar se construyen con la suficiente profesionalidad y habilidad, dicen los expertos, resulta imposible para las autoridades detectar el flujo de dinero ilícito. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que tan solo se puede interceptar una quinta parte del dinero ilícito sobre el que hay sospechas. Y obviamente, no descubre todo lo que se blanquea: las estimaciones más optimistas calculan que solamente salta a la vista el uno por ciento.
El “caso taiwanés” acabó en manos de la policía por un error de aficionados en el proceso de blanqueo, un descuido que acabó acorralando al ejecutivo que había almacenado el dinero en su sótano. Fue precisamente él quien acabaría presentando pruebas contra el ex presidente y su mujer, que finalmente fueron condenados a largas penas de prisión en una serie de cargos de corrupción.
A pesar de las muchas pruebas, los fiscales estadounidenses tuvieron que luchar durante casi dos años y medio para demostrar que el apartamento de Manhattan era producto de la corrupción del expresidente de Taiwán. Entre otras cosas, un abogado que representa al hijo de la primera pareja negó que la familia hubiera hecho nada malo; e incluso denunció que el Departamento de Justicia estaba intentando “congraciarse con el nuevo gobierno de Taiwán” y con la China comunista.
Ramaswamy, funcionario del Departamento de Justicia, admite que la incautación de bienes inmobiliarios en esas circunstancias es muy difícil, ya que las autoridades no pueden simplemente demostrar que el dueño de la propiedad es corrupto. “Tienes que demostrar el nexo entre la corrupción y la propiedad en sí“, explica, “a veces los jueces se muestran escépticos: ¿por qué vamos a por un tipo que hizo algo en un país extranjero?“.
Aparte de investigaciones ocasionales (a menudo iniciadas en otros países), las autoridades de EEUU no ponen muchas trabas a extranjeros que quieren blanquear dinero comprando patrimonio inmobiliario. Ni los agentes ni las autoridades competentes están obligadas a conocer las identidades reales de los compradores. Y, a diferencia de los banqueros, corredores de bolsa y otros intermediarios financieros, ni siquiera están obligados a informar de operaciones sospechosas ante la policía.
La Patriot Act, aprobada después de los atentados del 11 de septiembre, requiere que bancos, casas de valores y otras firmas financieras sigan estrictas normas contra el blanqueo de dinero. Los agentes inmobiliarios fueron incluidos en un principio en la lista, pero un vacío jurídico motivó que el Departamento del Tesoro los eximiera “temporalmente”. Han pasado doce años y dicha “excepción” sigue en pie. En Washington, los lobistas del ladrillo se encargan de que no haya urgencia por revisar la norma.
Muchas voces en EEUU lo denuncian con insistencia. El senador Carl Levin, demócrata de Michigan, ha puesto de relieve el papel de los agentes inmobiliarios que ayudan a funcionarios extranjeros corruptos y a sus familias a llevarse a EEUU lo que han saqueado en sus países. Y Louise I. Shelley, del Centro de la Corrupción en la Universidad George Mason de Virginia, cree que el lavado de dinero en bienes raíces ha crecido desde el 11 de septiembre al mismo ritmo que han aumentado los controles sobre otro tipo de operaciones. El uso de los bienes raíz como refugio para el dinero sucio, resume, está “terriblemente de moda”.
*Michael Hudson, Ionut Stanescu, Samiel Alder-Bell pertenecen al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.