El defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, habló en la 99.9 sobre el acuerdo firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para mejorar el acceso de los bonaerenses a la justicia. “No debemos dilapidar recursos”, aseguró.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires anunció oficialmente un acuerdo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Alak, para asegurar que los bonaerenses tengan un mejor acceso a la justicia.
Esta mañana, a través de la 99.9, el defensor del pueblo Carlos Bonicatto se refirió a los principales puntos sobre los que trabajaron. Indicó que “es una alternativa interesante para acercar la justicia a la gente. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tiene un programa, que son los centros de asistencia jurídica, que desarrolla en todas las provincias. Esos centros atienden a las personas que acuden con cualquier inconveniente para orientarlas y encauzarlas en los programas de asistencia”.
A partir de esa información, decidieron unirse a la modalidad de trabajo: “la Defensoría del Pueblo colabora en ese trabajo, capacita a la gente del Ministerio en los temas propios de la Defensoría y recibe capacitación recíproca del Ministerio. La gente, cuando va ahí, tiene una amplia gama de alternativas para solucionar su problema”.
La optimización de los recursos existentes es algo que habitualmente no se tiene en cuenta, pero en la Defensoría provincial parece importante: “hacemos esto porque estamos convencidos de que lo que debemos hacer es trabajar todas las instituciones juntas, para no dilapidar recursos y no poner centros aparte. Lo hemos hecho en algunos lugares con los colegios de Abogados”.
Bonicatto también habló sobre otro de las trabajos que están realizando y que tiene que ver con un tema muy actual: el control de precios. “Nosotros trabajamos habitualmente en las políticas públicas que defienden derechos en general. Esto sucede cuando se defiende el precio, sin juzgar que la política esté bien o mal en la cuestión macroeconómica. Lo que queremos evitar es la especulación y por eso colaboramos desde la Defensoría”, puntualizó.
El proceso de control que realizan es el siguiente: “vamos a los establecimientos comerciales de la provincia, hacemos un análisis real y levantamos un acta, que después elevamos a la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Comercio Interior de la Nación; también la mandamos a la Provincia. Nos parece que de esta manera contribuimos, no es algo contra los comerciantes pero el precio lo paga el consumidor”.
Pensando en esa tarea, pidió a todos los argentinos que se tomen el trabajo de controlar los precios: “es importante que la gente controle. El aumento del valor de la tierra en relación al Pro.Cre.Ar es un ejemplo claro, porque de qué sirve entregar créditos si aumenta tanto el valor de la tierra, que hace poco útil un programa de tanta importancia como el de tener la casa propia. Hemos hecho las denuncias pertinentes”.