Mariano Mera Figueroa tiene pedido de captura nacional e internacional y prohibición de salida del país, pero se mantiene evadido de la acción de la justicia. La Cámara de Apelaciones confirmó las prisiones preventivas para otras tres personas que son parte de la investigación.
La sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó lo actuado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 56, a cargo del juez Alejandro Litvack, en torno a la causa que involucra a por lo menos dos excolaboradores del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, acusados de haber secuestrado a la joven Jéssica Natalia Rodríguez en septiembre de 2018.
Como informó Primer Plano Online el pasado 12 de marzo, la chica sufrió una violenta extorsión para cambiar su declaración testimonial ante la justicia en otra causa de la que fue víctima otra mujer, Micaela Rodríguez, expareja de quien fuera un estrecho colaborador de Menéndez. Se trata de Mariano Mera Figueroa, sobre quien pesa una orden de detención con prohibición del país y, dado el paso del tiempo y que no se entregó, fue declarado en rebeldía.
Sobre los otros imputados en la causa, caratulada como secuestro coactivo agravado por la participación de más de tres personas en concurso ideal con el delito de robo agravado en poblado y en banda, la cámara confirmó las prisiones preventivas de Juan Omar Schirmo, Osmar Claudio Moyano y Ernesto Ariel Duarte, todos actualmente presos en el penal de Ezeiza.
LA HISTORIA DE MICAELA RODRÍGUEZ, LA DENUNCIANTE INICIAL
El drama de Micaela Rodríguez comenzó en 2017 cuando denunció a su expareja Mera Figueroa en la justicia de Morón, tanto en sede civil, donde inicialmente le otorgaron una restricción perimetral de acercamiento al denunciado, como en sede penal. Esa primera denuncia contó con una actuación “absolutamente vergonzante de la justicia en Morón, que fue totalmente condescendiente con el agresor”, detalló a Primer Plano Online Gabriela Carpineti, abogada de la víctima.
La presentación de la joven fue por haber sufrido violencia física, psicológica, sexual y amenazas de muerte de parte de Mera Figueroa. El acusado es un estrecho colaborador del intendente Menéndez, que además fue uno de los nexos para el primer encuentro entre el jefe comunal itinerante con el Papa Francisco en el Vaticano, en aquel encuentro que trascendió por el comentario del líder de la Iglesia Católica referido a “la mafia de Othacehé”, en referencia al antecesor en la intendencia merlense. Micaela era empleada del área de Cultura en el Municipio: ahí se habían conocido.
“La denuncia nunca prosperó. Nunca citaron a los testigos que presentó Micaela, no tomaron en cuenta su testimonio sobre el drama que vivió en la relación de pareja y lo que sufrió cuando decidió separarse de él. Hay un conjunto de hecho encuadrables en la ley de erradicación de cualquier tipo de violencia hacia la mujer que no tomaron en cuenta y hasta terminaron dando vuelta la perimetral, en donde era ella la que no se podía acercar a él”, agregó Carpineti.
JÉSSICA RODRÍGUEZ, LA OTRA VÍCTIMA
En agosto de 2018, una de las testigos que presentó para su defensa Mera Figueroa se comunicó con la abogada Carpineti avisando que ella “jamás” iba a presentarse a declarar en la causa en contra de Micaela porque también era “víctima de violencia sexual, física y psicológica” de parte del sujeto, que es hijo de quien fuera ministro durante la presidencia de Carlos Saúl Menem en la década del ‘90.
“Era una criada de Mera, así como suena. Era víctima de explotación laboral y sexual, y también denunció que estaba siendo presionada para atestiguar en contra de Micaela y reveló la situación de violencia que padeció Micaela. La resguardamos en una vivienda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero al mes sus hijas fueron llevadas por la fuerza por su expareja, que es Pedro Mallada, que vivía con Mera Figueroa”, detalló Carpineti.
A las pocas horas de ese hecho, Jéssica fue secuestrada por Mera Figueroa en su auto y una patota de hombres que la golpeó, amenazó y le dijeron que si no rectificaba su declaración no volvería a ver a sus hijas. Ocurrió el 20 de septiembre del año pasado, y allí también la obligaron a firmar un escrito con su rectificación. “Iniciamos una búsqueda muy intensa, con la denuncia de lo que estaba pasando. Al día siguiente apareció toda golpeada y contó lo que le pasó. Las hijas también aparecieron”, agregó la letrada. Desde ese momento Jésica está bajo custodia en el Programa de Protección de Testigos.
TIRÓN DE OREJAS JUDICIAL
En su resolución, la justicia nacional también solicitó al juzgado interviniente “recabar el testimonio de la titular de la UFI N° 8” de Morón, Adriana Suárez Corripio, quien tuvo en su despacho la denuncia original por violencia de género presentada por Micaela Rodríguez. En rigor, se intentará establecer por qué motivo la causa no avanzó en el lugar geográfico de intervención.
Asimismo, los camaristas solicitaron “profundizar la pesquisa en torno a la eventual responsabilidad que les pudiere corresponder a Pedro César Mallada y Juan Manuel Casolatti”. Mallada, como se informó, es la expareja de Jéssica; Casolatti, exadministrador de la Fundación ‘Felices los Niños’, de Hurlingham, es considerado como una suerte de operador judicial que no está claro la función que cumplió en la causa.