También han sido arrestados la ex subsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), y el ex director del Hogar Seguro.
La juez suplente de turno Licia Ramírez ha decretado esta noche el ingreso en la prisión militar de Matamoros para las tres personas detenidas este lunes por el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala, que mató a 40 niñas de entre 13 y 17 años. Así, la magistrada ha tomado esta decisión, horas después de que fueran detenidos, a petición del Ministerio Público, el ex secretario de Bienestar Social del Gobierno, Carlos Rodas; la ex subsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahí Keller, y el ex director del Hogar Seguro, Santos Torres.
Ninguno de ellos ocupaba ya un cargo público, dado que Rodas había presentado este lunes su renuncia al presidente del país, Jimmy Morales, para “contribuir a la investigación objetiva de la tragedia”. Mientras, Keller había sido cesada también esa misma mañana por parte del jefe del Ejecutivo, quien a su vez destituyó a Torres el mismo día en el que se produjo la tragedia.
A todos ellos, que han llegado esposados a la Torre de Tribunales, se les imputa los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad, según ha informado el MP.
Tras la decisión judicial, el abogado de Rodas, Otto Marroquín, considera que su cliente es el “chivo expiatorio y la cabeza de turco” de este caso. Preguntado sobre qué cargo público superior al de su defendido debería también sentarse en el banquillo, el letrado ha afirmado que no lo puede decir porque “me van a venir a detener”, pero ha indicado entre risas que “tú y yo lo sabemos y así estamos bien”.
Además, ha criticado que desconoce de qué se le acusa al ex secretario de Bienestar Social y, en este sentido, ha censurado al MP por no haber presentado las pruebas que culpabilizan a su cliente. Finalmente, Marroquín ha augurado que la presión internacional que existe en torno a esta tragedia va a influenciar a la magistrada encargada del caso, debido a que “muchas veces la presión mediática ha influenciado en los jueces”. Este martes está prevista la audiencia de primera declaración para los tres arrestados en la que la magistrada decretará prisión preventiva o no a la espera de que se celebre la etapa intermedia, que es cuando la Fiscalía ya presentará todas las pruebas y la jueza determinará si los envía o no a juicio.
Las detenciones de los tres ex funcionarios se producen el mismo día en el que Jimmy Morales ha comparecido en una rueda de prensa para anunciar que ha pedido la ayuda del FBI para que apoye al MP, al Ministerio de Gobernación y a los 100 agentes de la Policía Nacional Civil que se han destinado para esclarecer los hechos.
En esta conferencia, Morales también informó de que ha destituido a toda la línea de mando de la SBS y ha señalado que ya está buscando a un nuevo director para este cargo, aunque de momento nadie lo ha aceptado.
Carlos Rodas fue el primero en dar la cara en una rueda de prensa pocas horas después de que se conociera que 19 adolescentes habían fallecido en un aula de la escuela del Hogar Seguro tras un incendio provocado por las mismas jóvenes que habrían quemado varias colchonetas para poder salir, según la hipótesis de la Policía. En los últimos días, han fallecido otras 21 menores en los dos principales hospitales de la capital de Guatemala, donde aún permanecen ingresadas seis niñas, de las cuales dos se encuentran en estado crítico.
Por su parte, siete niñas fueron trasladadas el sábado y el domingo a EEUU, para tratar de curarlas de las graves quemaduras que sufren en Shriners Hospitals. Concretamente, las cuatro primeras fueron trasladadas el sábado a un hospital de Texas y otras tres este domingo a un centro médico de Boston, especializados ambos en quemaduras. Todas ellas se desplazaron en aviones ambulancia, sufragados por un grupo de 18 familias empresariales de Guatemala que aportaron 1,2 millones de quetzales (166.000 euros), según ha informado esta mañana la Ministra de Trabajo, Aura Teleguario.
Los propios doctores de Guatemala reconocieron a los familiares de las heridas que no contaban con medios adecuados para tratar las graves heridas que sufrían las menores, después de que las llamas afectasen a las 57 niñas que fueron encerradas en un aula del Hogar Seguro. Tras iniciarse el fuego, no fueron liberadas por las monitoras y los agentes de seguridad hasta varios minutos después. Prueba de ello son las imágenes que se filtraron en las que se pueden ver decenas de cuerpos apilados unos encima de otros totalmente calcinados.
El encierro, que ha sido reconocido por el propio Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en una entrevista televisiva, fue una represalia por el intento de fuga de 60 menores de edad el día anterior a que se produjese la tragedia. Las niñas trataban de huir de lo que han calificado como un “infierno”, dado que, según han denunciado, en el Hogar Seguro, gestionado por la Secretaría de Bienestar Social, sufrían violaciones, maltratos y todo tipo de vejaciones, mientras que les daban comida con gusanos. Ello se había materializado en varias denuncias en los juzgados desde el 2015, si bien no tuvieron mayor recorrido, más allá de la apertura de una investigación por parte de un Juzgado tras la denuncia de la Procuraduría de los Derechos Humanos por la sospecha de que en el interior del centro hubiera una red de trata de personas, que usaba a las niñas para prostituirlas.
Pese a ello, nada cambió para las 800 niñas y niños que vivían hacinados en el Hogar Seguro, con capacidad para 400 menores, y cuya gestión depende en última instancia de Patricia Marroquín, esposa del presidente de Guatemala, dado que ella es la máxima responsable del departamento de Bienestar Social del Gobierno.
Cierre temporal del Hogar Seguro
Tras el incendio, que dejó a Jimmy Morales con el “corazón totalmente destrozado”, anunció el cierre “temporal” de esta institución, destinada a niños y adolescentes desamparados, abandonados por sus familias o que han sufrido abusos físicos o sexuales. Asimismo, acoge a menores con adicciones, discapacitados mentales, así como a adolescentes con problemas con la ley, de manera que todos ellos habían ingresado por orden judicial.
La mayoría de menores fueron devueltos a sus familias, mientras que alrededor de 300 han sido ingresados en otros centros de acogida y 50 aún permanecen en el Hogar Seguro, a la espera de reubicarlos en otras instituciones de protección al menor y al adolescente.
La lentitud de la Justicia a la hora de actuar en este caso ha provocado airadas críticas por parte de los familiares de las víctimas, que en los mismos funerales de sus hijas han reclamado que se detuviera a los responsables de la muerte de sus hijas, muchas de las cuales habían reclamado a sus familias que las sacaran del Hogar Seguro, si bien ello solo era posible con autorización judicial.
El propio procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, ha declarado este lunes que la muerte de las 40 menores se ha debido a que Guatemala es un “Estado fallido y sin respuestas”, por lo que ha responsabilizado a las instituciones de esta tragedia, debido a su “incapacidad para brindar seguridad y protección a la niñez y adolescencia”. Mientras, miles de personas protestaron el pasado sábado en el Parque Central de Ciudad de Guatemala al grito de “las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan”. Así, consideraron que el fallecimiento de las niñas se debió a un “crimen de Estado”, por lo que reclamaron la dimisión del Presidente del país, quien hoy ha asegurado que “este no es momento para hablar de renuncias”. Desde que se produjo la tragedia, Morales ha recalcado que facilitará con total “transparencia” las investigaciones del MP para aclarar estos hechos por los cuales se decretó tres días de luto nacional en el país centroamericano.