La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pidió el desalojo del complejo. Las tierras fueron cedidas por el gobierno de Rodolfo Suarez.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) demandó al centro de esquí El Azufre, ubicado en Malargüe, porque sostiene que la empresa está montada ilegalmente en tierras estatales que son dominio de la Nación. El organismo pidió el desalojo del complejo.
La polémica inició el verano luego de que el gobierno de Roberto Suarez, emitiera un decreto que cedió un terreno de 12.351 hectáreas en la zona cordillerana para que la firma Azufre SA desarrolle un centro de esquí.
“Se efectuó una asignación gratuita de las tierras por parte de la provincia que no son de su titularidad excediendo sus competencias, prescindiendo del proceso licitatorio correspondiente”, afirmó la AABE en la demanda presentada en el juzgado federal de San Rafael y agregó que “el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”.
“Es una zona de frontera en la cual los pobladores locales realizaban veranada, es decir, llevaban a sus animales a pastar en verano, pero luego en invierno es una zona inaccesible”, explicaron las fuentes de la AABE y agregaron que todo se inició porque uno de estos pobladores locales, que hacía uso informal de los suelos estatales, intentó prescribir el terreno a su favor.
“Nadie pagó nada, fue gratis. No consta en ningún lugar que alguien haya pagado algo por los terrenos”, aseguraron. A partir de esta situación, la AABE inició una demanda para pedir el desalojo del lugar y hacer cumplir las leyes 17.091, que establece la restitución de inmuebles fiscales cedidos, y 21.900, ya que se trata de un espacio de frontera.
El centro de esquí, que brindó servicios este invierno sobre todo a turistas extranjeros, se postuló como una empresa “100% sustentable”, sin embargo no contaba con un informe de impacto ambiental, en una zona particularmente sensible por tener nacientes de agua y humedales.
El Azufre tiene planeado para 2024 construir varios hoteles, una docena de restaurantes y tiendas en la zona, a la vez que planificó incluso pistas de esquí de fondo al pie del volcán con una posible parada en baños de agua caliente.
En la demanda, la AABE aseveró que “la ocupación del inmueble se sustenta en un acto ilegítimo de la Provincia de Mendoza –no del Estado Nacional- que en modo alguno puede fundar una ocupación legitima sobre un inmueble que no es de su propiedad, más aún cuando el titular dominial, en este caso el Estado Nacional, ha manifestado expresamente su oposición. La solución es el desalojo, es una medida sencilla. Ante la ausencia de un vinculo jurídico, es una acción civil de desalojo contra un ocupante que no tiene por qué permanecer en el inmueble estatal. No juzgamos la actividad, sino que estamos defiendo el patrimonio del Estado”, aseguraron desde la AABE.