Néstor Martín integraba la cúpula de la Bonaerense.
Cuando en marzo de este año la gobernadora María Eugenia Vidal firmó el decreto 116, que obligaba a sus funcionarios a presentar declaraciones juradas de bienes e incluyó a los policías con rango igual o superior a subsecretario, se movió parte de la estantería de la Fuerza que congrega a 90.000 hombres. Ayer se produjo una consecuencia importante: un comisario general, al que Asuntos Internos denunció penalmente por los abultados bienes que registra, pidió la baja de la Bonaerense.
En total fueron 24 los comisarios generales de la cúpula policial –con sueldos de entre 32.000 y 48.000 pesos– que debieron presentar los informes ante la Escribanía General de Gobierno y Asuntos Internos.
Cuando se tuvieron todas esas declaraciones, surgieron inquietudes y dudas. Sobre todo con el patrimonio más abultado: el del comisario general Néstor Omar Martín, hasta ayer jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa (responsable, entre otras cosas, de administrar las horas adicionales y horas extras que hacen los policías, las Polad y las Cores).
Martín declaró un total de 4.022.108 pesos, con detalles particulares en la integración de la esa fortuna. El más curioso: posee un helicóptero.
En su declaración, el comisario general Martín detalló tener siete propiedades en La Plata, con un valor fiscal total de $ 1.500.332 y ahorros por $ 2.000.000. El helicóptero experimental que tiene está valuado en $ 400.000.
La declaración indica que Martín percibe un salario como policía de $ 48.000 mensuales y que además tiene otros ingresos (vía monotributo) de $ 30.000 al mes. Dice no tener auto, pero admite que su esposa es titular de un Toyota Etios Cross modelo 2014, con un valor fiscal de $ 177.500.
Ante la inconsistencia del patrimonio, Asuntos Internos denunció al comisario ante el fiscal platense Marcelo Romero. Lo hizo por “la posible comisión del delito de enquiciemiento ilícito, no pudiéndose descartar tampoco maniobras de lavado de activos”. En paralelo se le restringieron las tareas. Pero ayer, finalmente, Martín decidió solicitar la baja de la Bonaerense. Aún no se conoce su reemplazo.
Hay otros que podrían seguir su camino. De los 6.000 oficiales jefes que debían presentar declaraciones juradas, hubo 154 que directamente –a pesar de las prórrogas que hubo– no lo hicieron. Ya los suspendieron 5 días, pero podrían tener más sanciones.