El sindicalista preferido de Cristina Kirchner. La indagatoria prevista para ayer se postergó hasta el martes, mientras se conocieron nuevas denuncias contra el sindicalista K.
Entre las preguntas que el juez Rodolfo Canicoba Corral pensaba hacerle ayer a Omar “Caballo” Suárez figuraban las referidas al supuesto desvío de fondos, por unos 100 millones de pesos, vinculados a los cursos de capacitación que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) brindaba a sus afiliados. Los abogados del gremialista pidieron postergar la ampliación de indagatoria, que pasó para el 5 de julio, en la que el magistrado está investigando seis hechos nuevos de corrupción.
En un informe elaborado por la Intervención (desde el jueves pasado solamente a cargo de Gladys González, ya que los otros dos interventores, Santiago Viola y Jorge Alonso, fueron desafectados por Canicoba) se denuncia una triangulación de dinero en desmedro de los trabajadores marítimos y el Estado.
La historia empieza en 2008 cuando el país comenzó a importar gas licuado a través de Enarsa por medio de buques gasíferos, muchos de ellos provenientes de Venezuela y otros de Bélgica, por ejemplo. En el Derecho Marítimo, los barcos se rigen por el régimen legal del país armador y en nuestro país corre una norma que establece que que si no hay buques nacionales y mano de obra que puedan hacer la operatoria que hará el buque extranjero se los puede exceptuar y darle tratamiento de buque de bandera nacional para operar. La ley está pensada para que se contrate mano de obra argentina para ayudarlo a operar. Y en esta telaraña de leyes es donde se metía el SOMU de Suárez, siempre de acuerdo al informe judicial. Es ahí cuando le pedía a las navieras “dinero para capacitar al personal con cursos de inglés”, algo que “no está contemplado en ninguna ley”.
La denuncia sigue: este dinero que les exigía a las empresas no era cobrado por el SOMU sino por la Fundación Azul, perteneciente al gremio, y luego eran girados a San Jorge Marítima SA (SJM), empresa dirigida por el tesorero del gremio, Juan Manuel Medina, y cuyo vicepresidente era el propio Suárez. El SOMU era socia en un 20% de San Jorge Marítima SA. El final del relato da cuenta que “de los balances auditados correspondientes a los ejercicios 2009 al 2015, se ha verificado que no se ha realizado ningún tipo de aportes por parte de San Jorge Marítima SA al SOMU”. La intervención validó que a SJM ingresaron “solo entre junio de 2010 y julio de 2012, en concepto de capacitación, un total de 5 millones de dólares”. Pero hay más: el SOMU cuenta con su escuela de capacitación llamada “Omar Rupp” y en los balances del gremio, de 2009 a 2015, se imputan 21.826.877 pesos a capacitación del personal.
Este relato lo acompañan de la declaración que hizo en la causa penal como querellante el marinero bahiense Luis Oscar Basualdo, quien aseguró ante la Justicia que él fue capacitado en el 2008 con cursos de inglés y para trabajar en buques tanque gasíferos pero que nunca fue llamado a embarcar.
Un dato más: toda la operatoria que se denuncia fue encontrada solamente en buques gasíferos, por los que Enarsa, dependiente del Ministerio de Planificación Federal que manejaba Julio de Vido, era la que pagaba la cuenta total, incluido este supuesto sobreprecio fijado por el SOMU.
González -quien es diputada del PRO con uso en uso de licencia-, se excusó de opinar al decir que “se encuentran en curso las audiencias de las indagatorias fijadas”. Sí, reafirmó que seguirá “luchando contra las mafias que se enriquecieron a costa de los afiliados” . Por el lado de Suárez, fuentes sindicales comentaron a este diario que “el supuesto desvío de fondos denunciado por los interventores jamás existió”. Y agregaron que “por el contrario, el dinero en cuestión fue efectivamente destinado a la capacitación de los marineros afiliados al SOMU. Capacitación en la que tuvieron un rol preponderante el Buque Escuela Manuel Belgrano –adquirido y reacondicionado durante la gestión de Omar Suárez, siendo único en todo Latinoamérica-; así como la escuela “Omar Rupp”. Circunstancia que habrá de ser corroborada a través de un peritaje contable que se descarta habrá de ordenar el juez de la causa”.