El abogado y politólogo Marcos Zelaya, uno de los firmantes de la presentación ante el Consejo de la Magistratura, cuestionó duramente al juez federal Maraniello por dictar una medida de censura previa. Sostuvo que su accionar viola la Constitución y tratados internacionales y que responde a necesidades políticas del gobierno nacional.
Marcos Zelaya, abogado y politólogo, explicó en la 99.9 los fundamentos de la denuncia contra el juez federal Maraniello, a quien acusan de mal desempeño por dictar una cautelar que impidió la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. “Lo que está haciendo el juez Maraniello es una inobservancia obvia, evidente, de lo que es la prohibición o la protección que hay tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales, de la actividad no sólo de la prensa, del periodismo, sino también del derecho a expresar las ideas libremente. Y todo esto es sin censura previa, lo dice textual tanto la Constitución como la ley y los tratados”, afirmó.
Para Zelaya, no se trató de un error judicial, sino de un acto deliberado. “Es un accionar a conciencia tendiente justamente a evitar que información pública, sensible y de interés notorio salga a la luz. Con estas causales y la violación flagrante de derechos hicimos la denuncia en el Consejo de la Magistratura. Con esta ya van siete contra este juez”, remarcó.
El letrado advirtió que el trasfondo es político: “Creemos que la causal por la cual el juez obró así es justamente las necesidades políticas, la necesidad de que lo salven, que le den una mano. Es muy notoria la maniobra del gobierno nacional. Son dos funcionarias públicas: Karina Milei, que inicia esta acción en el fuero civil federal, y la ministra Bullrich, que inicia la causa penal. Ambas buscan que la información no se difunda, lo que configura una censura previa prohibida por nuestro ordenamiento”.
Zelaya también apuntó contra la utilización de la Justicia como herramienta intimidatoria: “Querían allanamientos, fotos, un show intimidatorio. Lo que se busca es intimidar la actividad periodística, poner en peligro las fuentes y evitar que se publique información. Este juez, contrario a derecho y con una lógica reñida con toda la jurisprudencia argentina, obró con una cautelar de censura previa. Incluso está mal hecha técnicamente, con serias irregularidades”.
Sobre el alcance de la denuncia, sostuvo: “Lo más importante es ponerle un freno. Ya la sociedad permitió mucho. No se puede naturalizar que se intente callar al periodismo con medidas de este tipo. Si fuera otro gobierno, también habría que denunciarlo. Lo que está en juego no solo es la cultura política, sino la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa”.