En América Latina, la utilización de aviones no tripulados todavía no cuenta con un marco legal y se expande cada vez más rápido, según denunciaron varias ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Catorce países de América ya tienen o están en proceso de dotarse de drones. Y a la falta de regulación para el uso de naves no tripuladas, se suma la falta de transparencia”, dijo Santiago Cantón, del Centro Robert Kennedy para los Derechos Humanos.
Si bien los drones se usan para la vigilancia fronteriza e investigaciones del narcotráfico, Cantón denuncia que “no hay un control civil, incluso en los casos en que el uso de los aparatos no es militar”. Además explicó que en el continente “no hay regulación, con las excepciones de Brasil, Estados Unidos y Canadá”.
Brasil es el país que cuenta con mayor número de drones en América Latina y en su territorio están también instaladas importantes fábricas, anunció Cantón. “Argentina tiene su propia tecnología, Chile compró drones de Israel y Colombia ha recibido drones estadounidenses. Ecuador, en tanto, también busca su propia tecnología en ese segmento”, agregó.
Se trata “de un avance en el uso de la fuerza que no ha sido discutido por los parlamentos, y se torna evidente que es necesario definir reglas”, culminó.
Stephan Sonnenberg, de la Escuela de Leyes de Stanford, cree que las naves no tripuladas “son utilizadas para obtención de inteligencia”, especialmente contra el narcotráfico. Por ello es necesario que la CIDH “pida a Estados Unidos que respete la legislación sobre uso de drones armados, y formule un llamado a todos los países de la región a observar sus obligaciones en el uso de drones sin armas”.
