Así lo revela un informe de la Auditoría, que también detectó graves irregularidades en un plan de viviendas financiado por el Estado.
La Auditoría General de la Nación (AGN) dio a conocer ayer un lapidario informe sobre el manejo de fondos públicos por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en la construcción de viviendas sociales, y detectó un faltante de unos 42 millones de pesos. El informe, que supera las 200 páginas, también cuestiona la falta de control y el incumplimiento de diversas normas por parte del Estado; algunas de ellas, incluso, con consecuencias penales.
El escándalo de la Fundación, revelado por Clarín en mayo de 2011 tras la salida de su administrador, Sergio Schoklender, y su pelea con la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tiene su propia causa penal que ahora investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado recibirá una copia del mismo en los próximos días, ya que el Cuerpo de Auditores decidió notificarlo de sus conclusiones, al igual que al Congreso.
El faltante es de “al menos” 42 millones porque el órgano de control no auditó el total de los fondos públicos administrados por las Madres (1.295 millones de pesos) sino solo 779 millones de pesos. El dato del faltante surge de comparar lo que había enviado el Estado y lo que ingresó a las cuentas bancarias destinadas al programa “Sueños Compartidos”.
El número es similar al que se mencionó inicialmente como el total del posible desfalco en la Fundación (por el que Bonafini culpa a Schoklender), y también muy parecido al que reclamaron diversos proveedores de las Madres en decenas de juicios comerciales.
El plan de viviendas de las Madres era financiado por el Estado con fondos gestionados a partir de la estrecha relación política de Hebe de Bonafini con el Gobierno.
Entre otras irregularidades, la AGN, encabezada por el radical Leandro Despouy, detectó que la Fundación hizo pagos a personas jurídicas cuya actividad no tiene relación con la construcción de viviendas; entre ellas, empresas agropecuarias y bursátiles, financieras, cooperativas y mutuales, por más de 150 millones de pesos. Y encontraron pagos a personas o firmas involucradas en la causa penal. Por ejemplo, Sergio Schoklender, que cobró al menos 23 millones de pesos. Su hermano Pablo también recibió más de 13 millones; la firma Meldorek otros 4 millones y la empresa Antartica Argentina otros 3,7 millones de pesos.
Además, la AGN halló una sistemática operatoria de pagos a personas físicas con cheques menores de $ 50 mil cobrados por ventanilla bancaria por un total de $ 30 millones. El órgano de control descubrió, además, que existen 34 millones de pesos pendientes de devolución por parte de la Fundación al Estado.
De la documentación analizada por la AGN se confirmó que la Fundación no hacía los aportes previsionales de los trabajadores que construyeron las 822 viviendas certificadas. Así, le debe al Estado unos 110 millones de pesos, que se transforman en 237 millones de pesos si se actualiza el monto.
El organismo destacó que esta deuda jamás fue reclamada por el Ministerio de Trabajo ni por los municipios, pese a que la Fundación se había comprometido a respetar “todas las obligaciones laborales y previsionales”. Y que tampoco la cartera de Carlos Tomada corrigió otro incumplimiento del convenio: que debían contratarse hombres y mujeres por igual.
También destacó que la contratación directa de la Fundación “facilitó la elusión de las normas nacionales y provinciales que restringen la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos”. Y señaló “arbitrariedades y clientelismo” en la asignación de las viviendas populares.