Son datos del primer semestre. Sólo 120 derivaron en causas penales. En todo 2016 se registraron 606 hechos.
Durante el primer semestre de este año al menos 343 casos de maltratos y torturas se registraron en cárceles federales de todo el país. De esas denuncias se desprendieron luego 120 causas penales. De mantenerse durante la segunda parte del año, el número superaría al registrado durante todo 2016, que terminó con 606 casos. El pico más alto se dio en 2014, con 823 denuncias.
Las cifras surgen del último estudio realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, a cargo de Francisco Mugnolo, quien las presentó el miércoles en el Senado de la Nación. “Las cosas que pasan en la cárcel son tremendas, cuesta pensar que no podemos resolver esta cuestión”, aseguró Mugnolo y calificó la situación como “gravísima”.
Según el informe, la cárcel de Ezeiza concentró la mayoría de las denuncias, con 92 hechos, seguido por el penal de Marcos Paz, con 40. En promedio, todas las prisiones del SPF arrojan otro dato alarmante: sólo el 40 % de los detenidos tiene condena firme. Todos los números se dan acompañados de un crecimiento de la población, que ascendió a 11.530.
El maltrato y las torturas también fueron advertidas hace unos días por un estudio más extenso del Registro Nacional de casos Contra la Tortura (RNCT), que incluye también datos del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. En este último se recopilan y se detallan, según diversas variables, los casos de maltratos y denuncias de todo 2016, tanto en las cárceles federales como en las bonaerenses y en algunas del interior del país.
De acuerdo a este documento, también difundido durante la semana, el año pasado se registraron 1.953 víctimas de torturas y malos tratos “que nos permiten la individualización de un total de 6.391 hechos (ya que en algunos casos se denuncia más de un episodio)”, dice el documento.
El trabajo de campo del RNCT – que analiza la problemática desde 2010- se realizó en 18 unidades penales y 5 institutos de menores de la Provincia de Buenos Aires, 23 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, 2 alcaidías penitenciarias, cuatro comisarías de la Policía Federal Argentina, una comisaría de la Policía Metropolitana y un escuadrón de la Gendarmería Nacional en la Provincia de Jujuy. También se relevaron víctimas en otras 25 unidades federales y en unidades de servicios penitenciarios provinciales (Misiones, Córdoba y Mendoza).
“Este informe confirma la persistencia de la tortura como una práctica sistemática y extendida en lugares de encierro de la Provincia de Buenos Aires y de la República Argentina. La situación se agrava por la profundización y consolidación de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos. La reforma a la ley de ejecución penal y el proceso de flagrancia, entre otras medidas, profundizarán el colapso carcelario. A esto se agrega la falta de políticas públicas destinadas a la prevención y sanción de la tortura”, advirtió a Clarín Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión por la Memoria.