El ex jefe de Aduana de la Zona Franca de Luján de Cuyo, Gonzalo Ramírez Madrid, relató en la 99.9 un caso estremecedor de abuso de poder en la justicia federal mendocina. Apuntó contra el ex juez Bento, describió pedidos de coimas, traslados humillantes y torturas durante su detención.
El ex jefe de Aduana de la Zona Franca de Luján de Cuyo, Gonzalo Ramírez Madrid, brindó un crudo testimonio sobre el entramado de corrupción y violencia institucional que denunció haber sufrido en el marco de una causa judicial vinculada al contrabando de cigarrillos. “Trabajé 26 años en la Aduana Argentina, desde los 18 años, y estuve unos tres años en esa función”, explicó al comenzar su relato.
Según detalló, todo se inició cuando su nombre apareció mencionado en escuchas telefónicas dentro de una investigación: “Una de las personas que formaba parte de esa banda era un conocido mío y mencionaba mi nombre. Eso derivó en una imputación en mi contra y le dio pie al juez a ordenar mi detención”.
A partir de allí, describió un escenario de extrema gravedad: “Fue en el marco de esa detención donde ocurren estos hechos de abuso de poder, de torturas que sufrí dentro del servicio penitenciario, en manos del juez”. En ese contexto, señaló que no sólo participaron funcionarios penitenciarios, sino también agentes vinculados a la propia Aduana: “Hoy están procesados ex compañeros míos, incluso un abogado del organismo, por abuso de autoridad”.
Uno de los episodios más impactantes que narró fue el intento de traslado compulsivo para cumplir con un trámite administrativo: “Al estar detenido no podía presentarme al sumario. En lugar de ir el instructor al penal, le pide al juez que me trasladen a las oficinas donde trabajaba. Eso implicaba ir en un camión, esposado, custodiado, y ser exhibido de manera vergonzante frente a compañeros y público. Una verdadera aberración”.
Ramírez Madrid también confirmó que durante su detención recibió pedidos de dinero para obtener beneficios judiciales: “Se me pidió que pagara 40 mil dólares para zafar de la causa y que juntara 200 mil más con otros imputados. Ante mi negativa, fui sometido a torturas dentro del penal”.
En ese entramado aparece la figura de un operador clave: “Era un despachante de aduana conocido, que trabajaba como puntero de esta banda. Fue quien transmitió esas exigencias”. Este hombre, según relató, terminó asesinado en circunstancias violentas, lo que luego permitió destapar la trama: “Cuando encuentran su teléfono, empiezan a tirar del hilo y aparecen comunicaciones con el juez federal. Ahí se destapa toda esta estructura”.
El ex funcionario remarcó que hubo avances judiciales importantes: “El juez fue condenado a 18 años de prisión por pedidos de coima a muchas personas. Fue una condena ejemplar”.
Consultado sobre la percepción social respecto a la Aduana, reconoció: “Es cierto que hay un prejuicio instalado por casos notorios, pero la gran mayoría de los funcionarios son personas honestas, honradas y trabajadoras. Como en todo, lo poco mancha lo mucho”.
Finalmente, explicó su situación actual: “No estoy en funciones. La causa penal derivó en mi desplazamiento y sigo litigando, incluso con planteos en la Corte Suprema. Me llevó diez años probar irregularidades como escuchas editadas que se usaron para detenerme”.
En ese sentido, dejó una reflexión contundente sobre el sistema judicial: “Cuando se parte desde prejuicios, es muy difícil revertirlo. Y lamentablemente eso también ocurre dentro de la justicia”. Y concluyó con una advertencia que sintetiza su experiencia: “Que esto sirva para mostrar que en democracia también suceden abusos graves contra los derechos humanos”.