José Ignacio Rucci disfrutaba del triunfo, y aquel 25 de septiembre iba a leer un mensaje en Canal 13 diciendo que “el fragor de las luchas había terminado”, que “la realidad de nuestros días era la unión, el trabajo y la paz, por primera vez en 18 largos y sacrificados años”. Se equivocó: lo mataron con saña ese día, antes de dar su discurso.
Estaba convencido de que “sólo el acatamiento estricto de la ley nos hará realmente libres, pero el acatamiento deberá ser parejo, como parejas habrán de ser las sanciones a quienes pretenden seguir imponiendo sus conveniencias sectoriales por encima de las necesidades auténticas de la comunidad”.
Para ello se asentaba en “las leyes emanadas del gobierno del pueblo, elaboradas por los representantes del pueblo, que regirán la convivencia argentina. Sólo de esa manera se garantizará la paz y la unidad, y se cimentan las bases sobre las cuales las nuevas generaciones, nuestra maravillosa juventud, alcanzará el logro de sus mejores destinos”. El destino suele ser tan irónico como cruel, esa juventud maravillosa sería el brazo ejecutor de su muerte.
El caso fue a la justicia que, fiel a su estilo, demoró tanto, que al no haberse considerado delito de lesa humanidad, la causa por homicidio prescribió según el juez Ariel Lijo, que ordenó su archivo. Ahora la Cámara Federal le ordenó reabrirla. Sobre el tema conversamos con un conocedor, Ceferino Reato, autor de “Operación Traviata”, que refiere al crimen del líder sindical.
Noticias & Protagonistas: ¿Qué significa esta resolución de la Cámara para el caso?
Ceferino Reato: Que el juez Lijo se apresuró en archivarla, que deberá volver a poner en vigencia la causa y profundizar la investigación, e incluso le señala una lista de testigos para llamar a declarar, como Mario Firmenich, Carlos Kunkel, Dante Gullo, Miguel Bonasso y varios otros. Además exigió verificar si hubo colaboración de funcionarios del Gobierno bonaerense de aquel momento con los asesinos de Rucci.
N&P: Dejar en claro que Montoneros era parte de la estructura del poder, en especial durante el Gobierno de Héctor Cámpora, abre una puerta al aire fresco sobre lo que pasó en los ´70…
CR: Hay que tener en cuenta que el Gobierno primero y la Corte Suprema después eligieron un enfoque para encarar los crímenes del ´70. Sólo serían delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, sólo podían ser investigados los asesinatos cometidos desde el Estado por policías y militares; ese es el enfoque.
N&P: ¿Pero no puede haber otros?
CR: Obviamente. Hay personas, como el fiscal Luis Moreno Ocampo, que dicen que también la guerrilla puede cometer delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, la autora puede ser una organización, no sólo el Estado. Y es lo que dice el art.7º del estatuto de Roma. Pero aún en el enfoque restrictivo del Gobierno, la idea de que pudo haber colaboración, como entiendo en “Operación Traviata”, abre las puertas a que pueda considerarse delito de lesa humanidad, dependiendo del alcance de la colaboración del Estado, eso es lo que determinará el juez.
N&P: Y si sólo los actos se tipifican si los comete un agente del Estado, ¿no se impide así que la criminalidad común y aberrante entre en ese espacio de castigo? En Mar del Plata, el fiscal Rodolfo Moure pidió pena especial para delincuentes que maltrataron a una familia…
CR: Bueno, por eso la Presidenta se mostró preocupada por los fallos judiciales que no guardan relación con las simpatías populares, no es sólo el de Marita Verón. Respecto de los ’70, alguna consultora podría encuestar qué piensa la gente de los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras, y ver si la justicia está a tono con las expectativas populares… esto dicho con ironía. La justicia tiene mucho que ver con la política, todos lo sabemos o sospechamos. En el caso Rucci y en otros, también.
N&P: Horacio Verbitsky instaló, desde el juicio a los comandantes, el “hablar de los dos demonios”. ¿Usted cómo lo ve?
CR: La historia es algo muy complejo, no hay ángeles y demonios; los militares hicieron cosas terribles, hay consenso sobre eso y es saludable que así sea. Pero falta ver qué hacemos con los otros delitos; los autores y las víctimas tienen la misma responsabilidad unos, y dignidad otros. Hay que honrar la verdad, revalorizar por parte del Estado a esas víctimas que no son de segunda categoría. Un muerto es un muerto, en cualquier lado y cualquiera sea el autor. Es más grave si la violencia viene desde el Estado, pero lo otro también necesita una respuesta: padres, hijos, amigos de las víctimas deberían recibir más consideración pública.
N&P: Afortunadamente, su trabajo periodístico volcado al libro trajo justicia para los conscriptos asesinados en Formosa por Montoneros…
CR: Ah, sí, hay un proyecto de ley aprobado por Diputados que ahora va al Senado, que se supone que también lo va a aprobar, y establece que se pagará una indemnización para los padres y parientes de conscriptos y militares muertos durante el ataque de Montoneros en tiempos de Isabel, equivalente a la que cobraron a mayoría de los familiares de guerrilleros muertos.
N&P: Cambiando de tema, ¿cómo vivió el impacto de llevar a la cárcel a todos los que estuvieron ligados al tema Callejeros – Cromañón?
CR: Debo confesar que no lo pude seguir demasiado, estaba trabajando en Brasil. Sé que fue un caso terrible, hubo una sensación de que ante algo tan malo como lo que había pasado, no era bueno que nadie fuera a la cárcel. También es cierto que los casos judiciales no se pueden resolver con impacto mágico, hay un sistema jurídico de garantías para todos, hay que producir pruebas válidas, cada caso es distinto. La Presidenta, por ejemplo, no debería fijarse más que en hacer trabajar bien al Consejo de la Magistratura y remover constitucionalmente a los jueces que no hacen bien las cosas, sin presionar para tal o cual fallo. No se debe criticar al juez que no resuelve a gusto, y proteger a los que sí lo hacen. Eso no es justicia.
La puerta cerrada
El juez Ariel Lijo, en el año 2008, descartó en su fallo de 123 carillas la hipótesis de que el crimen de Rucci fue ejecutado y decidido por la Triple A, como se pretendió instalar.
Una vez que analizó la causa, entre todas las hipótesis el juez estableció que la más firme, de acuerdo con sus investigaciones, fue la de Montoneros, que si bien tenía el objetivo de quedarse con el poder y contaba con los medios para realizar las acciones, no tenía un dominio territorial para ser considerado un grupo estatal. Por lo tanto, entendió que el tiempo transcurrido lleva a que, no teniendo carácter de delito de lesa humanidad, el homicidio se encontraba prescripto. Y lo archivó, no sin antes criticar la investigación de Reato por “carecer de sustento fáctico”.
La puerta entreabierta
La Cámara Federal revocó el archivo de la causa en la que se investigaba el asesinato del líder sindical peronista José Ignacio Rucci en 1973 y le ordenó al juez Ariel Lijo profundizar la investigación. El fallo, dictado por la Sala Segunda del tribunal, ordena avanzar en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales del homicidio atribuido a la organización guerrillera “Montoneros”. El tribunal revocó por “prematura” la determinación del juez de primera instancia y advirtió que “deviene imprescindible la profundización de la pesquisa“, impulsada por la hija del ex titular de la CGT, la actriz y hoy diputada por el peronismo opositor Claudia Rucci, hija menor del dirigente asesinado.