Luego de declararse oficialmente la bancarrota de Detroit, el juez Steven Rhones autorizó a sus gestores para que busquen la manera de recortar las cuentas públicas a fin de equilibrarlas y reducir la deuda.
Desde la AFSCME, el sindicato que representa a los empleados públicos municipales, dicen que la situación es “desesperante” y sus miembros están “preocupados por si podrán mantener sus casas”.
También advierten que el sector público no tiene las mismas protecciones que el privado. Por eso, anuncian que recurrirán la decisión de Rhones, porque consideran que viola la Constitución del Estado de Michigan y sus derechos.
Si el proceso de bancarrota no sigue adelante, advierten, los residentes de Detroit se verán perjudicados severamente. El alcalde de Detroit, Dave Bing, dejará el cargo en pocas semanas y le sucederá Mikke Dugann, quien deberá recuperar una ciudad con una deuda que asciende a 18.500 millones de dólares.
Detroit tiene la mitad de la población que hace seis décadas, unos 700.000 habitantes. El desempleo es el triple que en el año 2000, superior al 18%; y el 47% de las propiedades no pagan a tiempo los impuestos municipales. La policía tarda casi una una hora en responder, frente a los 11 minutos de media nacional, y la mitad del alumbrado público no funciona.
“Este es el día en la historia de Detroit que nadie quería ver“, dijo Dugan. Y afirmó que hará lo posible para “que se trate de manera justa” a los pensionistas. Además, reconoció que es necesario hacer ajustes para que la ciudad pueda pagar los servicios básicos que el ciudadano merece.
El juez Rhodes aseguró que Detroit es actualmente insolvente e incapaz de generar los ingresos necesarios para hacer frente a sus obligaciones y funcionar. El objetivo del gestor financiero designado por el Estado de Michigan para reestructurar las cuentas es salir de la bancarrota a lo largo de 2014. Para ello, antes deberá llegar a un acuerdo con sus 100.000 acreedores y reducir el gasto sin mermar el servicio público.
En julio, el gobernador de Michigan ya había dado el primer paso para que la bancarrota fuera efectiva. El plan de ajuste deberá presentarse antes del 1 de marzo.
El paso dado por Detroit será imitado por otras grandes ciudades, como Chicago, que intentan encontrar el modo de afrontar las pensiones de sus empleados públicos. En Nueva York, el alcalde saliente Michael Bloomberg también advirtió que este tipo de obligaciones son un peso para las cuentas públicas.