Así consta en el último informe del Tribunal de Cuentas bonaerense. Funcionarios sciolistas del IOMA no pudieron justificar gastos del año 2013. El affaire con los medicamentos oncológicos, en la mira.
Las pruebas que se acumulan en la Justicia bonaerense sobre las irregularidades que se cometieron durante el gobierno sciolista son múltiples. En ese contexto, una de las principales “cajas negras” de la gestión que durante ocho años estuvo encabezada por Daniel Scioli, como viene advirtiendo el diario Hoy, es el Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA).
El último informe emitido por el Tribunal de Cuentas sobre la obra social es contundente y podría constituir una prueba importante en las investigaciones penales que se iniciaron contra Scioli y varios de sus funcionarios a partir de la denuncia presentada por Elisa Carrió.
El informe del Tribunal da cuenta que las autoridades del Instituto no pudieron justificar casi $56 millones correspondientes, solamente, a un puñado de meses de 2013. Por eso, desde el organismo de contralor aplicaron multas económicas y, en paralelo, se subrayó la necesidad de que se avance en la causa que se instruye en la Fiscalía de Delitos Complejos por la estafa millonaria con los medicamentos oncológicos.
La investigación penal en Delitos Complejos se inició a partir de una nota que el diario Hoy publicó el 6 de diciembre de 2011, cuando se dio cuenta, por primera vez y en exclusiva, que desde la obra social se les estaban prescribiendo remedios de alto costo a personas fallecidas y afiliados ficticios. Estos medicamentos luego eran vendidos, de forma clandestina, en una red conformada por farmacias de La Plata y del interior bonaerense. A ello se le sumaron denuncias presentadas por la Asociación de Profesionales del IOMA vinculadas a la utilización de troqueles truchos.
Varias de las irregularidades en IOMA, según la división Relatora del Tribunal, se informaron en el análisis del ejercicio 2012. Y, ante la falta de soluciones, al año siguiente el ente mantuvo las advertencias sobre el accionar de los agentes Marcelo Piergiácomi (alias Pier), Sergio Leonardo Massaccesi y Guillermo José Hernández Plata, de los cuales “los dos primeros se encuentran sin concurrir a sus lugares de trabajo, procediéndose a la retención de los haberes. Con respecto a éste último, no se ha propuesto su contratación, resolviéndose la rescisión de su contrato”, señala el escrito del Tribunal.
Piergiácomi y Massaccesi están estrechamente vinculados a la conducción del gremio UPCN, que tiene representación en el directorio de IOMA. Fueron funcionarios del área de Farmacia en el Instituto y son dos de los principales implicados en la causa de los medicamentos oncológicos. Estuvieron presos y, si bien siguen procesados y están cerca de ir a juicio oral, fueron beneficiados con una escandalosa excarcelación extraordinaria dictada por el juez César Ricardo Melazo. Según consta en los registros de la Anses, Pier fue empleado de IOMA hasta enero de este año, mientras que Massaccesi seguiría manteniendo relación de dependencia con el Instituto.
En tanto, Hernández Plata es otro de los que participaron de este escándalo y se hizo tristemente célebre en el caso de la crotoxin, ya que fue uno de los médicos que anunció que esa droga (elaborada en base al veneno de la serpiente cascabel) tenía supuestas propiedades beneficiosas para el tratamiento del cáncer. La realidad fue que las pruebas habían sido fraguadas e intervino la Justicia.
En el fallo del Tribunal de Cuentas se remarca que “mediante el expediente 2914-21311/13 se solicitó a la Contaduría General de la Provincia que evalúe iniciar el correspondiente sumario de responsabilidad patrimonial”.
El seguimiento
Según el fallo del Tribunal de Cuentas, hasta tanto la Justicia se expida de forma definitiva sobre el escándalo de los oncológicos, la relatoría actuante debía seguir el tema. También remarca que “los funcionarios responsables Antonio Atilio La Scaleia, Gustavo Fernando Seva, Horacio Osvaldo Romanatti” y otros once directivos de IOMA “no deben considerarse exentos de responsabilidad hasta que el Tribunal de Cuentas se expida de forma conclusiva”.
La Scaleia fue presidente de IOMA hasta diciembre del año pasado y aparece nombrado en los Panamá Papers ya que habría constituido una empresa off shore con miembros de una sociedad de internación domiciliaria denominada Juntos en Casa, que prestaba servicio a la obra social. Según pudo saber Hoy, desde la Asociación de Profesionales del IOMA acaban de denunciar a La Scaleia por enriquecimiento ilícito.
Los reclamos del Tribunal
A mediados de 2014, la Delegación Relatora del Tribunal de Cuentas informó que la obra social tenía pendiente las rendiciones de cuentas de los meses que de julio a diciembre de 2013. Esta situación les fue comunicada a Alejandro Fernández y Bernardo Rodríguez, que se desempeñan en IOMA como director general de la Administración y al director de Finanzas respectivamente, por medio de actas. Tras ese procedimiento, el organismo auditor recibió algunas de las rendiciones solicitadas, quedando pendientes las de octubre, noviembre y diciembre de 2013 por un total de $3.456.362.814,17.
Ante un nuevo reclamo de la División Relatora, Rodríguez hizo una presentación adjuntando copias sobre las rendiciones pendientes de los meses citados. A ello se sumó un extenso escrito firmado por Andrea Sara Mulinaris, quien por entonces se desempeñaba como jefa de Departamento de Rendiciones de la Dirección de Finanzas
La División Relatora revisó las rendiciones y concluyó que “del análisis de las respuestas elevadas (tanto por Rodríguez como por Mulinaris) surgió que las actuaciones del organismo remitieron las rendiciones faltantes y que, del análisis de las mismas, surge un faltante de $55.901.921,55, según las conciliaciones realizadas por los descargos llevados a cabo por el organismo y el movimiento de fondos presentado, y entre los descargos y el pagado presupuestario”.
Eso no fue todo: desde el organismo de contralor le impusieron multas económicas a La Scaleia, Fernández, Rodríguez, Mulinaris y Leticia Barceló Bovari. Esta última sigue cumpliendo funciones en el área de pagos del IOMA. Algo similar ocurre con Bernardo Rodríguez que, pese a estar denunciado penalmente por los profesionales de la obra social, logró obtener un recurso de amparo que impide que se lo aparte del Instituto.
Según señaló el Tribunal, además del ejercicio aprobado “se detraen $55.901.925,55 que se mantienen en reserva” por las irregularidades en las rendiciones, y $38.000 porque faltaba documentación probatoria de órdenes de pago a determinadas empresas.