Policía detuvo a Edgar Camargo bajo los cargos de asesinato, cohecho pasivo y lavado de dinero.
Tras una operación iniciada a las 6 de la mañana de este miércoles y coordinada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Policía detuvo a Edgar Camargo, director del Sistema Penitenciario de Guatemala, bajo los cargos de asesinato, cohecho pasivo y lavado de dinero.
También fueron detenidos, entre otros, el exsubdirector de Presidios, Edy Fisher Arvizu, cesado en febrero; y Alejandra Reyes Ochoa, esposa de uno de los reos más connotados: el capitán Byron Lima Oliva, condenado a 20 años de prisión por el asesinato del obispo Juan Gerardi, y quien se ha hecho con el poder en el interior de las prisiones —a punto de de salir a la calle cada vez que le apetece, organizar fiestas y liderar bandas de delincuentes desde su celda, dotada, con internet y televisión—.
Nada de extrañar en un sistema penitenciario abandonado por años y sobre el que el Estado no tiene ningún control. Un estudio reciente del Centro de investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), revela que el hacinamiento en las cárceles de Guatemala supera ya el 280% de la capacidad instalada, “lo que coloca a este país como uno de los 10 con más hacinamiento en el mundo”, explicó Corinne Dedik, investigadora del centro.
“Es prematuro afirmar que las detenciones lleven a la necesaria refundación del sistema carcelario, pero es un paso en la dirección correcta”, sostuvo la experta. “El sistema penitenciario está carcomido por la corrupción”.
Más contundente fue el analista Héctor Rosada, quien al referirse a la captura del director de prisiones dijo: “Llegar a la dirección del Sistema Penitenciario es ser la tapadera de la cloaca. Ese cargo, por efecto de la contaminación que provoca la corrupción y el crimen organizado que están adentro, te expone a salir salpicado”. Pero Rosada es escéptico en cuanto a que las acciones puedan ser determinantes en una “necesaria refundación del sistema penitenciario”.
Para el analista, poner parches al problema no funciona. “Hay que atender a todo el sistema de administración de justicia (policía, fiscalía, sistema penitenciario, tribunales…), que si no se reforma difícilmente funcionará”, añadió. “Para resolver el problema en definitiva, tendríamos que tener más imaginación pero, sobre todo, mayor conocimiento de la ley y un respeto absoluto a los derechos humanos”, concluyó.