Trabajaban en el Ministerio de Salud provincial; son investigados por fraude en la compra de insumos.
La Justicia bonaerense detuvo a dos ex funcionarios del Ministerio de Salud y a dos empresarios vinculados con la venta de medicamentos en una causa en la que se investiga un fraude con la compra de insumos para centros de adicciones y hospitales durante la última gestión de Daniel Scioli.
La principal detenida es Ana Beatriz Priolo, de 48 años, que fue directora general de administración del Ministerio de Salud durante la administración de Alejandro Collia. También fue apresado Hernán Azzari integrante de la Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones.
La causa es investigada por el titular de la Unidad de Investigaciones Complejas N°8 de esta ciudad, Jorge Paolini, que también liberó varias órdenes de captura para otros ex funcionarios sciolistas entre los que se encuentran el subsecretaraio de Salud Mental y Adicciones, Carlos Sanguinetti y Viviana Callegui.
Además, fueron apresados los empresarios Leonardo Paci y Leandro Durand. Paci ya había sido detenido en otra causa relacionada con fraudulentas compras de drogas oncológicas en el Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA).
Los investigadores continuaron las pistas de aquella pesquisa y pudieron determinar irregularidades en la compra de insumos hospitalarios. “En las escuchas constatamos conversaciones entre funcionarios que armaban licitaciones. Al igual que sucedió en otras causas sobre corrupción en la obra pública se presentaba una empresa y otras truchas y se direccionaba a la que se quería beneficiar”, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente.
Las detenciones fueron firmadas por el juez Cesar Melazo y los cargos fueron asociación ilícita, fraudes reiterados contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Estos delitos tienen penas de hasta 10 años de prisión, y 15 en el caso del jefe de la organización.
La investigación abarca una posible cadena de actos fraudulentos entre 2012 y 2013 y es la punta de un ovillo que podría complicar a más ex funcionarios sciolistas. “Hasta el momento se comprobó una modalidad similar en cinco expedientes por un monto un poco mayor a los $ 500 mil que salió de fondos de la provincia de Buenos Aires para comprar insumos que nunca llegaron a destino”, dijeron las fuentes.
Pero por arriba de la DGA que conducía Priolo funcionaba una subsecretaría a cargo de Daniel Pérez, pareja de la ex directora General de Cultura y Educación bonaerense, Nora De Lucía.
Hasta ahora, la investigación no llega a Pérez, ni tampoco al ex ministro Collia que sigue ligado con la función pública a través de dos cargos: es secretario de Salud del Municipio de La Matanza que conduce Verónica Magario y concejal de Tres de Febrero en uso de licencia.
En diálogo con LA NACION, el doctor Raúl Idelmar Seillant, titular del Sindicato Unico de Profesionales de Trabajadores y Técnicos de IOMA (Supttioma), aseguró que las detenciones de los dos ex funcionarios son parte de una problemática de corrupción mucho mayor: el desfalco de los fondos en IOMA que dejaron al gobierno de María Eugenia Vidal una deuda de $ 2800 millones. “El ex presidente de IOMA, Antonio La Scaleia, y su jefe de gabinete, Osvaldo Burgos, están comprometidos en los Panamá Papers”, recordó Seillant.
Investigan estafa en el PAMI de Córdoba
CÓRDOBA.- La justicia federal de esta ciudad investiga una supuesta estafa millonaria con medicamentos al PAMI, de similares características que las detectadas en Santiago del Estero, por las que ya hay detenidos.
La operación involucra recetas truchas, firmas y sellos médicos falsificados y pacientes de otras jurisdicciones atendidas en esta provincia. “A simple vista se advierte la falsificación de la firma de un mismo médico que aparece suscribiendo cientos de recetas en distintos lugares”, confió a la nacion una fuente judicial.
La mayoría de los casos corresponde a medicamentos para diabéticos y las irregularidades “llevan produciéndose mucho tiempo”. En las últimas horas, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano ordenó allanamientos en 15 farmacias de importantes cadenas, con resultados “positivos”.
La denuncia la realizó la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) PAMI a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo en base a un informe de las actuales autoridades de la obra social de los jubilados.