La fundadora de Usina de Justicia cuestionó en la 99.9 a la jueza Nora Graciela Villegas por otorgar beneficios a condenados por delitos violentos y reclamó avanzar en su destitución. “En la Argentina se sacrifican víctimas en nombre de un falso humanismo”, afirmó.
La fundadora e integrante de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, lanzó durísimas críticas contra el funcionamiento del sistema judicial argentino y apuntó directamente contra la jueza Nora Graciela Villegas, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes, San Luis, por haber otorgado beneficios a condenados por delitos extremadamente graves. En diálogo con la 99.9, sostuvo que existe una “política de impunidad” sostenida por magistrados que liberan criminales sin asumir consecuencias.
Cohen Agrest recordó que la jueza Villegas concedió la libertad condicional a Diego Armando Ponce, condenado a prisión perpetua por un femicidio cometido en 2002, quien apenas tres meses después atacó a puñaladas a una niña de 10 años. “La cantidad de errores que perpetuó esta jueza es inadmisible”, afirmó, y enumeró “negligencia como funcionaria pública, arbitrariedad y violación de los derechos humanos de las víctimas, sin perspectiva de género”.
“¿Cómo se puede liberar a una persona de la cual no se tiene absoluta certeza de que no va a reincidir?”, se preguntó, y remarcó que “una responsabilidad clara le cabe a la jueza”. Para Cohen Agrest, el caso no es un hecho aislado, sino parte de una matriz que se repite. “Es una seguidilla de niños indefensos que terminan siendo sacrificados en nombre de ideales supuestamente buenistas, pero que terminan matando inocentes”, advirtió.
La referente de Usina de Justicia también puso el foco en otras decisiones de Villegas que, según señaló, agravan aún más su desempeño. “Concedió al menos once permisos extraordinarios a internos con condenas firmes por delitos violentos, implicando traslados de más de 700 kilómetros, con enormes costos logísticos afrontados por el Estado”, indicó, subrayando la frivolidad con la que se otorgan beneficios penitenciarios.
Desde el punto de vista jurídico, Cohen Agrest fue categórica al señalar que la magistrada se apartó de normas básicas. “Omitió evaluar la reinserción social, el riesgo de reincidencia y violó la ley 27.372, la ley de víctimas, que ordena que las víctimas sean informadas y escuchadas antes de otorgar una liberación”, explicó. Además, sostuvo que también se ignoraron estándares de la Corte Suprema, la Convención de los Derechos del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Un médico comete un error y enfrenta un juicio por mala praxis. ¿Por qué un juez no?”, planteó, y definió el accionar judicial como un verdadero caso de mala praxis institucional. En ese marco, confirmó que Usina de Justicia impulsa un pedido de destitución contra Villegas, aunque denunció trabas burocráticas. “Nos dijeron que la solicitud debe hacerla alguien con domicilio en San Luis. Por eso pedimos que algún abogado de la provincia se comunique con nosotros y nos acompañe”, solicitó.
Cohen Agrest fue aún más allá y cuestionó la matriz ideológica que atraviesa al Poder Judicial. “Es una política de la impunidad, atravesada por la doctrina Zaffaroni, donde siempre se está supuestamente del lado del débil, pero ese lenguaje buenista termina matando inocentes”, afirmó. Y lanzó una pregunta central: “¿De qué lado se está? ¿Del lado del laburante o del delincuente?”.
En su análisis, rechazó cualquier explicación basada en la condición social del victimario. “No se trata de clases sociales. Tan pobre es el que vende empanadas en una bicicleta como aquel que lo ataca”, sostuvo, reclamando un cambio profundo de enfoque. “Tenemos que cambiar la cabeza de los jueces, y para eso tienen que empezar a tener castigo. No puede ser que salgan impunes de todo”, remarcó.
La dirigente también denunció el corporativismo judicial y el nepotismo. “Los jueces terminan siendo una casta privilegiada, con poderes inauditos sobre la vida y la muerte de las personas, y sin ninguna responsabilidad frente a la sociedad civil”, señaló. “Cuando se intenta un jury, queda en la nada o prescribe. Yo no conozco prácticamente ninguno que haya tenido éxito”.
En ese sentido, sostuvo que el problema no son sólo los criminales, sino quienes los liberan. “¿Cuántos delitos puede cometer un asesino o un violador y a cuántos puede liberar un juez?”, se preguntó. “Vayamos a la fuente del mal. Hay que ir por los jueces que no cumplen con su función”.
Finalmente, Cohen Agrest alertó sobre el impacto social de la impunidad. “Cuando la posibilidad de ser castigado por un delito grave es del 1%, ¿cómo sabemos si alguien es reincidente?”, cuestionó, y concluyó: “Esto lo tenemos que exigir nosotros como sociedad civil. Nadie lo va a hacer por nosotros”.