Gabriel Fernández estaba preso en Córdoba por violencia. Pidió el cambio de género y fue enviado al pabellón femenino de la cárcel de Bouwer. La vicepresidente Victoria Villarruel se refirió al tema y aprovechó para cuestionar la “ideología de género”. También hubo reposteos de Milei.
Gabriel Fernández cumplía una condena a tres años de prisión por violencia contra su pareja, una mujer. Había quedado detenido en 2016, en Córdoba, pero en 2018 manifestó que se autopercibía mujer y pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández.
Con su nueva identidad de género, las autoridades del penal cordobés de Bouwer lo mudaron de pabellón y lo trasladaron al Establecimiento Penitenciario N° 3 para Mujeres, donde acumuló, a comienzos de 2019, denuncias por maltrato y violencia contra otras presas.
Recientemente, Gabriela Nahir Fernández fue acusada de violar y dejar embarazada a otra detenida. Este hecho provocó un fallo judicial para su inminente traslado a un lugar sin contacto con otros reclusos.
Esta noticia provocó la reacción de la vicepresidente Victoria Villarruel, que a través de su cuenta de X señaló: “Esto es claro y simple, el que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a, y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia. Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo”.
También el presidente Javier Milei reposteó este lunes una frase del usuario de X Valentín San Román, un chico de 16 años, que había posteado: “Esto es una joda. Un tipo fue preso, dijo que se autopercibe mujer para ir a una cárcel de mujeres, la Justicia acepta su petición y viola a una reclusa. Yo no sé si los jueces se entrenan para ser estúpidos o nacen así”.
El primer mandatario hizo lo mismo con otro internauta, que había escrito: “Un abusador con condena dijo que se percibía mujer para ir a una cárcel de mujeres y terminó violando a compañeras de celda. Un logro del feminismo”.
Salió y volvió a entrar
En abril del 2019, Fernández fue acusada de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas por ataques contra otra mujer compañera en el pabellón. Tiempo después salió en libertad condicional, pero a fines de ese año, su nueva pareja, una mujer, denunció a Gabriel Fernández (como varón) por violencia de género.
Acumuló otras causas legales, incluyendo lesiones y amenazas calificadas. Su historial de violencia data de 2016, cuando fue encarcelada por primera vez bajo su identidad anterior. Tras varias liberaciones y nuevas acusaciones, en noviembre de 2023 volvió a ser detenida en el pabellón de mujeres de Bouwer por privación de libertad y desobediencia de una orden de restricción.
Según consta en la causa, Fernández se convirtió “en un referente negativo en el pabellón de mujeres, manifestándose como una interna intrépida y temeraria, para con el resto de sus pares, sometiéndolas en la convivencia a través del maltrato verbal y psicológico, utilizando su condición de género ‘binario’ como amenaza, lo que llevó a que se sintieran desprotegidas en este sector, imponiéndose en los términos “de los viejos códigos carcelarios”.
En el expediente, se lee que “en el Establecimiento Penitenciario Para Mujeres, Fernández ha presentado dificultades para comprender y respetar la normativa institucional, debido a que no cumple con las pautas del tratamiento, que rigen la disciplina, el trato y la convivencia”.
Hasta que el 17 julio pasado, la Justicia fue informada sobre el presunto abuso sexual cometido por Gabriela Fernández contra otra interna, quien habría quedado embarazada. Ambas se encontraban alojadas en la Sala A del Anexo del Establecimiento Penitenciario 3.
Una semana después, la Justicia autorizó al Servicio Penitenciario a trasladar a Fernández a otro pabellón por acumulación de sanciones disciplinarias.
La Justicia acaba de confirmar su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género para Gabriela. También dispuso su traslado a un lugar especial, en donde se respete su identidad pero no se ponga en peligro a otras internas.
“Entendemos que la autoridad judicial que tuviese a disposición a personas en esta situación debería requerir al servicio Penitenciario su alojamiento en un lugar totalmente diferenciado del resto de la población carcelaria, por provisorio que fuese, hasta tanto cuenten con las definitivas instalaciones para ellos. Cualquier otra alternativa, según se ha visto, no da solución ni a la imputada ni a la población carcelaria en general”, dijeron los jueces.
“Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”, sostuvo el fallo.