El Ejecutivo socialdemócrata presenta una ley para evitar la creación de “sociedades religiosas y culturales paralelas”.
Dinamarca limitará el número de residentes “no occidentales” en los barrios de sus ciudades hasta en un 30 por ciento para “reducir el riesgo de sociedades religiosas y culturales paralelas”. Así lo anunció este miércoles el gobierno socialdemócrata, que eliminó el controvertido término ‘gueto’ en su propuesta de ley al referirse a los ‘barrios desfavorecidos’ del país.
En el proyecto de ley, una revisión de la legislación existente sobre la lucha contra las sociedades paralelas, el Ministerio del Interior propuso que la proporción de residentes de origen “no occidental” en cada vecindario se limitara a un máximo del 30 por ciento, informa el Daily Mail. La idea es garantizar que dentro de diez años no haya zonas en Dinamarca donde vivan más del 30 por ciento de los inmigrantes y descendientes no occidentales.
Según el ministro del Interior, Kaare Dybvad Bek, demasiados extranjeros no occidentales viviendo en un mismo barrio “aumenta el riesgo de que surjan sociedades paralelas religiosas y culturales”, según expresó en un comunicado. El ministro matizó que la palabra “gueto”, utilizada para designar los barrios desfavorecidos, se eliminaría de la nueva legislación. Hasta ahora, el término se usaba legalmente para designar cualquier vecindario de más de 1.000 personas donde más de la mitad son de origen “no occidental” y que cumplen al menos dos de los siguientes cuatro criterios.
1.-Más del 40 por ciento de los residentes están desempleados
2.-Más del 60 por ciento de las personas de 39 a 50 años no tienen educación secundaria superior
3.-Tasas de criminalidad tres veces más altas que el promedio nacional.
4.-Los residentes tienen un ingreso bruto 55 por ciento más bajo que el promedio regional.
Quince barrios daneses se encuentran actualmente en esta categoría y otros 25 se consideran “en riesgo”.
Según la propuesta, un total de 58 zonas residenciales y 100.000 ciudadanos deben estar sujetos a nuevos requisitos más estrictos. Dinamarca ha sido durante años uno de los países europeos con mayores restricciones para la llegada de migrantes. Esta tendencia se ha mantenido también con la llegada al poder de la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen en junio de 2019 en medio de una creciente oposición de la derecha.
El proyecto de ley será discutido por los partidos políticos daneses y se espera que sea aprobado, aunque no se ha fijado una fecha para la votación. Según la Oficina de Estadísticas de Dinamarca, el 11 por ciento de los 5,8 millones de habitantes de Dinamarca son de origen extranjero, de los cuales el 58 por ciento son de un país considerado “no occidental”.
Hace solo unas semana, Dinamarca se convirtió en el primer país europeo en promover el retorno de los migrantes sirios a su país de origen con el argumento de que Siria, y en concreto Damasco, es un lugar seguro. El Daily Telegraph publicó hace unos días que el Gobierno danés retiró a 94 refugiados sirios sus permisos de residencia por este motivo.
Según el rotativo inglés, los migrantes serán enviados a campos de deportación, si bien no se verán obligados a irse. Esta decisión ha enfurecido a los grupos de derechos humanos. “Que el gobierno danés esté tratando de obligar a la gente a volver a las manos de este régimen brutal es una afrenta terrible a la ley de refugiados y al derecho de las personas a estar a salvo de la persecución”, dijo Steve Valdez-Symonds, director de derechos de refugiados y migrantes de Amnistía Internacional Reino Unido, en declaraciones recogidas por el Daily Mail.
Por us parte, el ministro de Inmigración, Mattias Tesfaye, indicó que Dinamarca ha sido un país “abierto y honesto desde el principio” con los refugiados procedentes de Siria. “Les hemos dejado claro a los refugiados sirios que su permiso de residencia es temporal. Se puede retirar si ya no se necesita protección”, dijo según del Telegraph.
En el pasado, Alemania ha dictaminado que los delincuentes sirios pueden ser deportados a Siria, pero Dinamarca es el primer país de Europa que dice que se puede devolver a los refugiados aunque no sean delincuentes.