El país escandinavo establece desde julio de 2017 penas de prisión sin previo aviso para los indigentes que pidan en la vía pública. 52 foráneos han sido condenados.
Ser mendigo en Dinamarca está prohibido so pena de hasta 14 días de prisión sin previo aviso. En julio de 2017, el Folketing (Parlamento danés) aprobó esta polémica ley —sólo con el apoyo de la derecha— porque consideró que la mendicidad creaba “inconvenientes” a los viandantes. Hoy, los resultados de la aplicación de esta polémica medida son cuanto menos sugerentes: 52 extranjeros condenados. Cero daneses.
En un país con pleno empleo, con uno de los salarios per cápita más altos del mundo (también una presión impositiva), unos índices envidiables de equidad de género y un robustísimo Estado de bienestar, los extranjeros pobres y sin permiso de residencia y, por tanto, sin derecho a las ayudas públicas, están abocados ya no a la mendicidad, sino a prisión durante dos semanas.
“Hay extranjeros que viajan hasta Dinamarca exclusivamente para pedir en la calle (…) muchos eran agresivos con la gente. Y los ciudadanos no se sentían a salvo. Hicimos esta ley [en julio de 2017] para frenar estas prácticas”, relata al teléfono un representante del Ministerio de Justicia, capitaneado por Søren Pape Poulsen, del partido conservador, que no quiere ser citado. Maja Løvbjer Hansen, de Gadejuristen, una organización de abogados que prestan sus servicios a personas vulnerables como los sin techo, explica que esta ley tiene como objetivo a los extranjeros pobres que llegan a Dinamarca en búsqueda de trabajo, pero que, por las dificultades de entrar en el sistema laboral danés (conocer el idioma, por ejemplo), “terminan recogiendo botellas o pidiendo y durmiendo en las calles”.
Muchas ONG han calificado en los medios locales de “discriminatorio” el hecho de que la Policía sólo haya detenido a ciudadanos extranjeros, especialmente de Rumania, durante los 12 meses que la ley lleva en vigor, a pesar de que, según admiten las autoridades, sí hay mendigos daneses. La letrada Løvbjer asegura que el 50% de los mendigos de la capital, Copenhague, es de nacionalidad danesa. Este diario ha contactado hasta tres veces con la Policía, sin obtener respuesta. “El Gobierno ha dejado muy claro que el objetivo son los extranjeros, así que estas cifras no me sorprenden”, dice la abogada, quien ilustra que en el pasado tanto los políticos como la prensa han circunscrito este tema a la comunidad gitana. Las declaraciones del diputado liberal Marcus Knuth en 2017 lo explica: “Ya es suficiente. Es hora de que trabajemos arduamente contra la plaga de gitanos que ataca Copenhague cada verano”.
Esta ley ultrarrestrictiva —que fue rechazada por Verdes, Comunistas, Socialistas y Liberales— veta expresamente pedir en los trenes y autobuses y en sus estaciones, en las calles peatonales, en las zonas comerciales, en las inmediaciones de los supermercados y en los parques. No queda prácticamente ningún lugar que no quede protegido de mendigos y, si lo hubiera, el Ministerio de Justicia insiste en no hacerlo público para no dar “ideas”. La alternativa que busca el Ejecutivo de coalición de centroderecha (Conservadores y Liberales) para los sin techo es “volver a su casa”, opina la abogada. “El Gobierno ha dicho que no es justo que los países pobres de la UE exporten a sus ciudadanos más vulnerables y que Rumania y Bulgaria deben hacerse cargo de sus propios mendigos”, recuerda la empleada de Gadejuristen.
En Dinamarca no existe un registro oficial de personas sin hogar. La Junta Nacional de Salud y Bienestar (Socialstyrelsen), sin embargo, calculó basándose en testimonios de trabajadores sociales que en 2017 había 6.635 ciudadanos que pedían caridad en las vías públicas del pequeño país de casi seis millones de habitantes. 438 de ellos eran inmigrantes sin permiso de residencia, por lo que “no tienen derecho a beneficiarse de las ayudas públicas que sí recibe el resto de personas sin hogar” como los daneses, o los extranjeros residentes, explica Karin Egholm, consultora de Socialstyrelsen, a través de un correo electrónico.
La alternativa “legal” para que estos mendigos sin papeles sobrevivan en las calles es que recojan botellas de plástico y vidrio en los contenedores a cambio de monedas gracias al sistema de reciclaje danés y de otros países del norte de Europa, explica Løvbjer. Es una opción que sólo podría durar tres meses, el tiempo legal establecido para poder quedarse en el país escandinavo para aquellos extranjeros que no tengan el permiso de residencia permanente. Seis en el caso de que se esté en búsqueda de empleo.
En Copenhague, donde 40 personas han pasado ya por la cárcel —algunas de ellas varias veces— en virtud de esta ley que prohíbe la mendicidad, hay 478 plazas en albergues para personas sin hogar. “Todos los ciudadanos europeos tienen el mismo derecho que los daneses” a utilizar estas instalaciones, estipula el consistorio. “Los daneses y los migrantes son iguales ante la ley. Sin embargo, la ley ha hecho que Copenhague en general sea menos atractivo para la mendicidad”, se justifica el Ayuntamiento de la capital. La abogada lo tiene bastante claro: “El debate no es sobre los inmigrantes ilegales, sino sobre los inmigrantes legales [incluso de dentro de la UE] que el país no quiere”.