El presidente del Colegio de Arquitectos bonaerense Distrito IX cuestionó el proyecto de régimen simplificado para regularizar construcciones y advirtió sobre la falta de modernización en el municipio.
El presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, Diego Domingorena, se pronunció en la 99.9 sobre el proyecto presentado en el Concejo Deliberante por el concejal Guido García que busca crear un régimen simplificado para la regularización de construcciones no declaradas.
Domingorena señaló que la propuesta “choca de frente con la normativa municipal”, ya que el Reglamento General de Construcciones establece que toda obra debe regularizarse mediante un plano firmado por un profesional con incumbencia. “Lo que plantean es que se presente un simple croquis, pero con eso es imposible determinar si una obra es antirreglamentaria o si constituye un riesgo para la seguridad y la salubridad pública”, explicó.
Agregó que, al no existir un informe técnico, “el municipio asumiría la responsabilidad de blanquear construcciones sin saber cómo se comportan estructuralmente”. También cuestionó el mecanismo previsto de intimar al propietario a los 360 días para presentar el plano definitivo: “¿Quién debe hacerlo, el que vendió o el que compró? Hay demasiadas indefiniciones que hacen que esto no sea sustentable”.
Para Domingorena, el problema de fondo es otro: “Estamos frente a un parche que busca saltear la verdadera cuestión, que es que la dependencia de Obras Privadas no funciona. Hoy se vive una suerte de liberación donde cada uno construye lo que quiere y el municipio se retira del control”.
El arquitecto describió el atraso tecnológico del área: “En plena era de digitalización, Obras Privadas no tiene una plataforma. Vamos con un pendrive en la mano a cargar planos en una computadora, mientras otras dependencias ya funcionan con sistemas digitales ágiles. Es inexplicable que la oficina que más recauda esté tan degradada”.
Respecto de la cédula catastral exigida para escriturar, recordó que es una ley provincial y que su costo supera los 600 mil pesos: “Se vence a los dos años y hay que volver a hacerla. Todo esto vuelve agobiante cualquier trámite”.