El abogado Sergio Sosa Ortega habló esta mañana en la 99.9. Brindó detalles sobre la denuncia que presentó por el supuesto uso de licencias de conducir municipales derogadas hace un año. “Entendí que correspondía hacer la denuncia correspondiente. A partir de ahí, perdí todo contacto con la causa. El Ministerio Público empezó a investigar la causa”, remarcó.
El caso de las licencias truchas sigue ampliándose. A medida que avanzan las investigaciones, aparecen algunas cuestiones sumamente preocupantes y algunos deciden denunciarlas formalmente.
Es el caso del abogado Sergio Sosa Ortega, responsable de una presentación judicial que involucra a Marcelo Artime y Martín Aiello. Esta mañana en la 99.9, aclaró: “soy defensor de uno de los sospechados en la causa de otorgamiento de licencias. En esa causa, el estudio trabajó sobre diferentes líneas porque el encuadre de la causa tiene algunas deficiencias”.
Avanzando en su trabajo, se encontraron con información que los sorprendó: “nos comenzó a llegar información de mucha gente que aporta datos. Son anónimos distintos, con diferentes posibles situaciones. Dentro de ellas, chequeamos, hasta donde se puede. Pero nos plantean una posible comisión de delitos de acción pública”.
Esos delitos relacionan a los dos funcionarios del gobierno de Gustavo Pulti, y también tienen que ver con las licencias. “Nos dicen que a dos funcionarios públicos de altísima jerarquía, en algún momento determinado, aproximadamente hace un año y medio, se les venció en distintas fechas el registro de conducir. Entonces, obtienen el nuevo, que es nacional. Pero como el otorgamiento se da a través del Correo Argentino, para no quedar en el aire sin registro, aparentemente se les habría otorgado una licencia municipal cuando estaba derogada por ley la posibilidad de ser entregadas”, explicó Sosa Ortega. Con esa información en mano, se presentó ante la justicia: “entendí que correspondía hacer la denuncia. A partir de ahí, perdí todo contacto con la causa. El Ministerio Público empezó a investigar esa causa”.
Mientras esperan para saber qué sucede con la denuncia, han tenido acceso a otras cuestiones también relacionadas con las licencias truchas que hasta ahora no han trascendido: “hay un sumario administrativo previo, realizado hace un año, en el cual se termina con un dictamen de pedido de sobreseimiento para todos los operadores de PC. Existen indagatorias a todos los empleados, que son unas 20 personas, donde todas describen que cuando se caía el sistema, por orden de Alveolite y Guillermo Iglesias se debía realizar el trámite igual. Habría órdenes verbales, e incluso alguna escrita”.
Quienes debían responder, nunca lo hicieron. Y nadie se hace responsable de las acusaciones: “hay cuatro intimaciones al Sr. Iglesias para que preste información técnica al respecto, y ninguna de ellas fue respondida. Era el funcionario que debía aclarar el tema. Tenemos que jugar limpio y definir qué rol cumplía cada uno en esta situación”.