Después de la renuncia de Julio Razona a la Secretaría de Seguridad del municipio, en la 99.9 hablaron los dos protagonistas de esta historia que tuvieron una reunión previa a esta determinación. El intendente Carlos Arroyo y el propio abogado, dieron su versión de los hechos.
La renuncia de Julio Razona a la Secretaría de Seguridad del Partido de General Pueyrredón fue, sin dudas, uno de los temas destacados en el cierre de la jornada, pero también aparecieron versiones encontradas sobre los verdaderos motivos de esa decisión.
En la 99.9, ambos protagonistas de una reunión mantenida en las últimas horas dieron su versión sobre el tema. El intendente municipal Carlos Arroyo explicó que “tengo más o menos 11.000 funcionarios, es una renuncia más. Hubo cosas mal comprendidas respecto del criterio en el manejo de la secretaría. Lamentablemente para él, sigo pensando que la gente me votó para que me haga cargo de todo esto y tengo que definir las políticas”.
Por otro lado, se refirió a uno de los que fue enunciado como detonante de la decisión que fue el grupo con el que trabajaba Razona: “mi responsabilidad es asegurarme de que todo funcione de la mejor manera posible. Lo que se llaman roces menores, pueden ser importantes para el manejo general. Nunca redacté ningún decreto para nombrar al personal que trabajaba con él, no eran menores si se suscitaban problemas con el personal porque debo mantener el espíritu de colaboración”.
También se refirió a una conducta que no le parece correcta y tiene que ver con ir al choque constantemente: “a veces se plantean situaciones complicadas y hay que manejarlas con cintura política porque si uno va como autitos chocadores para adelante tendrá problemas con todos y termina provocando un desorden general”, indicó.
Otro de los temas abordados fue la tarea de Fernando Telpuk que sigue al frente de la policía local aún cuando formara parte de la gestión anterior: “hizo un trabajo que para haberlo hecho sólo, es bárbaro. A mi no me dio motivos para que desconfíe de él, mientras cumpla con sus obligaciones lo mantendré. Hay que recordar que tiene la designación del Concejo Deliberante. Cuando considere que no cumple con su deber o hace algo que no corresponde, lo echaré”, aseguró Arroyo.
A pesar de que, en estos momentos, la seguridad está bajo el mando directo del intendente hasta que nombre un nuevo secretario, señaló que están haciendo los esfuerzos necesarios para que los vecinos estén tranquilos. “Tengo una relación perfecta con la jefatura policial y el ministro, estamos trabajando. Hemos ordenado una auditoría de la administración para aclarar todos los temas y con los papeles en la mano, presentaremos todo ante la justicia si es necesario. No puedo juzgar a todo el mundo”, advirtió sobre las auditorías.
Por último, dejó un concepto fundamental para las políticas que intenta desarrollar: “el problema de la inseguridad en Mar del Plata no lo vamos a resolver con más patrulleros, policías y armas poderosas. Es algo cultural que lo vamos a solucionar con educación, trabajo, comida, vacunas, atención médica, viviendas, cosas que tenemos que generar a toda velocidad. En eso estamos trabajando. La policía y lo represivo es muy secundario, lo más importante es lo social y conductual”.
Julio Razona: “El intendente me dijo que no podía contar con mis colaboradores”
El abogado Julio Razona, también dio su versión después de la reunión que mantuvieron ayer y comenzó describiendo los detalles previos en la 99.9: “ayer, después de aguardar 4 horas al intendente para que me atienda le llevé un pedido de auditoría de la secretaría a mi cargo. Por los temas que manejaba debía ser atendido inmediatamente“. Ese pedido lo realizó porque se topó con demasiados hechos de corrupción dentro de la secretaría: “encontré muchos hechos de corrupción del gobierno anterior y era materialmente imposible porque investigábamos a la gestión anterior y llevando a cabo los planes de política criminal. Se desvirtuaba nuestro trabajo”.
La respuesta que encontró no era la que buscaba: “el intendente me dijo que le parecía bien pero que no podía contar con mis colaboradores, personas de extrema confianza mía. Lo medité, me tomé un tiempo y presenté la renuncia al cargo”, comentó con naturalidad.
Respecto de sus asistentes, había dos sobre los cuáles se focalizó Arroyo: “el problema era con Alejandra Rubianes y Fernando García López. Con la primera me dijo que habían ido del gremio de municipales diciendo que se había expresado de mal modo con un empleado municipal. En el caso del segundo, tenía un permiso de la corte y parece que también se habría referido de mal modo a un empleado. Cuestiones mínimas”, definió.
Además de todas las irregularidades que había comentado en la 99.9 anteriormente, agregó algunas más que surgieron en las últimas horas: “nos encontramos con que el inmueble donde está asentado el COM, fue alquilado por 10 años a una persona que no es titular de dominio del bien. Es una situación precaria. También se acordó un contrato con Prosegur para que haga la vigilancia de las cámaras de seguridad por 8 meses por 54 millones de pesos. Todo eso pasaba por mi secretaría y yo no podía convalidarlo”, sentenció.