Donald Trump condiciona el futuro de los jóvenes inmigrantes indocumentados a que el Congreso financie la valla con el país vecino.
Un muro a cambio del futuro de 787.850 personas. Ésa es la oferta que Donald Trump hizo al Congreso el domingo por la noche: a cambio de la dotación presupuestaria para construir el famoso muro que separe la frontera de EEUU y México, el presidente está dispuesto a permitir que los llamados ‘dreamers’ (un juego de palabras entre la ley que les permitiría continuar en EEUU y la palabra “soñador”, que tiene muchas connotaciones en el país del ‘Sueño Americano’) continúen en EEUU. Eso sí: no tendrán acceso jamás a la nacionalidad estadounidense.
No es sólo que Trump no quiera sentar un ejemplo que considera negativo. Es que, además, los inmigrantes votan demócrata. Es la misma razón por la que, dentro de la nueva ‘guerra fría’ de EEUU con Cuba, Trump no ha derogado la norma de Obama que anulaba los privilegios inmigratorios de las personas que llegan a EEUU de la isla. Los cubanos que arriban ahora a Florida y reciben la nacionalidad de forma exprés, votan al Partido Demócrata.
La propuesta del presidente es el enésimo cambio de postura de Trump en relación a los ‘dreamers’. Primero dijo que iba a tratarlos “con corazón”. Después, dejó al máximo responsable del Departamento de Justicia, Jeff Sessions, anunciar el 5 de septiembre que a partir del mes de marzo ese grupo de población, formado sobre todo por personas de entre 20 y 30 años, iría regresando progresivamente a la ilegalidad de la que les sacó Barack Obama de manera temporal en 2012, para asegurarse el voto latino en las elecciones de ese año. La única opción que Sessions dejó abierta fue que el Congreso, controlado por los correligionarios republicanos del presidente, aprobara en 6 meses una ley que aclarara de forma definitiva el estatus legal de los ‘dreamers’.
Ocho días después, Trump daba un giro de 180 grados y alcanzaba un acuerdo provisional con los líderes de la oposición demócrata del Congreso, Nancy Pelosi (Cámara de Representantes) y Chuck Schumer (Senado) que permitiría a los ‘dreamers’ continuar en EEUU a cambio de un refuerzo de la seguridad de la frontera que no incluía el famoso muro. Un muro que, a juzgar por el anuncio de la Casa Blanca el domingo, ya no va a pagar México, sino el contribuyente de Estados Unidos.
Ahora, el Congreso quiere iniciar el proceso para discutir la ley de los ‘dreamers’. Es una idea que parece destinada al fracaso, porque es muy difícil, si no imposible, que el Partido Republicano acuerde una postura común. Si los republicanos no han sido capaces de votar algo en lo que estaban de acuerdo, como era el desmantelamiento de la reforma sanitaria de Barack Obama, ¿cómo van a lograrlo con algo que les divide, como es la inmigración?
Y justo en este momento la Casa Blanca ha enviado al Legislativo nada menos que 18 recomendaciones – entre ellas, el muro – acerca de cómo debería ser el compromiso, y que se resumen en cinco palabras: cerrar las fronteras a legales e ilegales.
Los niños, deportados
Otras medidas son que los inmigrantes ilegales menores de edad dejen de recibir un tratamiento especial, y que sean objeto de deportación como cualquier otro, para así frenar la llegada de niños que huyen de la violencia de países de América Central como Honduras, Guatemala, y El Salvador, y que frecuentemente son víctimas de mafias de traficantes de personas.
También se incluye el aumento del número de jueces, fiscales, y agentes del orden que combaten la inmigración, así como nuevas restricciones a los viajeros a EEUU. La concesión de permisos de residencia permanente (la llamada ‘Green Card’) se verá endurecida, para favorecer a personas “que puedan ser asimiladas con éxito”.
Las medidas de Trump son un torpedo en la línea de flotación de cualquier acuerdo. Sobre todo por el muro, una idea que no sólo rechazan los demócratas, sino buena parte de los republicanos, aunque éstos se cuidan de decirlo, porque en 2018 hay elecciones y antes tienen que pasar por unas Primarias en las que participa una base que idolatra al presidente.
Con esta propuesta, Trump vuelve a la retórica de su campaña, porque se trata de un calco de su programa electoral. Pero, dado que estamos hablando de Trump, que ha cambiado de opinión 3 veces en 35 días sobre los ‘dreamers’, hay que valorar un elemento crítico: el ‘postureo’. ¿Y si esos 18 puntos no fueran más que una forma de animar a sus votantes y de transferir al Congreso toda la responsabilidad de lo que parece un fracaso legislativo cantado?
La Casa Blanca se ha apresurado a declarar que ninguna de esas condiciones es irrenunciable. O sea, que si el Congreso acuerda una ley que no incluya todos esos puntos, el presidente la ratificará. Lo cual lleva a otra cuestión: ¿va el Congreso a llegar a un acuerdo? Lo más probable es que no. En ese caso, Trump habrá hecho lo que más le gusta: meter emoción a un proceso político aburrido y que, encima, va a fracasar. Es la estrategia del ‘reality show’. La única crítica es que, en ese ‘reality’, se juega el futuro de 787.850 personas.