Se trata de Miguel Mariano Aranda, quien fue citado a indagatoria por su colega de Resistencia, Zunilda Niremperger. Los negocios en juego y la muerte de un sospechoso.
Cientos de cartones de cigarrillos de contrabando secuestrados que debían ser quemados pero terminaron en el mercado. Ropa de contrabando que tenía que ser donada y desapareció de los depósitos de la Gendarmería.
Gendarmes que estuvieron a punto de quedar impunes… dos veces. Narcos que consiguieron prisiones domiciliarias gracias a “amigos del juez”.
Todo esto era cotidiano en la vida judicial de Presidente Roque Sáenz Peña, segunda ciudad en importancia en la provincia de Chaco.
Tan cotidiano era que, a pedido de los fiscales federales de la provincia Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini, y con apoyo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger resolvió ordenar 11 allanamientos simultáneos y la detención de media docena de oficiales de Gendarmería, entre ellos algunos jefes ya cuestionados.
Pero en la lista de acusados no hay solo gendarmes (toda la ex cúpula del Escuadrón local). También está la líder del Clan Sosa, Ana María Flamenco (madre de los cuatro hermanos investigados por lavado de activos del narcotráfico) y el juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Miguel Mariano Aranda (54).
La orden de Niremperger tuvo este martes dos coletazos dramáticos: por un lado, la Cámara Federal de Chaco -que en su momento había designado a Aranda como suplente en Roque Sáenz Peña- decidió revocarle esa designación. Lo echó a primera hora. Lo que aun no se sabe es si, sin los fueros, irá preso. La decisión está en manos de la jueza Niremperger.
Pero además hubo otra noticia sorpresiva: Cristian Marangón (51), el ex jefe del Escuadrón de Gendarmería en Roque Sáenz Peña -a quien la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue a buscar para detenerlo- murió pocos minutos antes de que se cumpliera la captura. Según fuentes de Chaco, cursaba la etapa terminal de una seria enfermedad.
Lo hechos que se le imputan al grupo -acusado de “asociación ilícita”– muestran un “viva la pepa” singular. Basta un ejemplo: en la investigación consta que dos oficiales jefes de Gendarmería anularon una infracción que se había hecho a un camión que transportaba semillas porque era de la familia del juez Aranda.
El camión pertenecía la empresa E.A.F.A., una firma cuya titular es Clarisa Galissier, cuñada del juez Aranda (hermana de su esposa, Romina Galissier). Pero hay más: investigando la flota de esa empresa se descubrió que el seguro de otro camión era pagado por Flamenco, la jefa del Clan Sosa.
En la investigación se logró rescatar un diálogo de WhatsApp entre el comandante principal Cristian Marangón (jefe del Escuadrón) y su mano derecha, el comandante segundo Raúl Scheurman.
El intercambio de mensajes es sencillo: Marangón le pide a Scheurman que anule el acta de infracción Nro P00059501 labrada el 12 de junio de 2020 contra el camión de E.A.F.A, medida que sólo puede tomar un juez.
Scheurman pasa la orden a sus subalternos. Como le explica luego Marangón “el acta no es nada comparado con lo que le sacamos a Aranda”.
La relación entre Aranda y los jefes del Escuadrón local de Gendarmería quedó al descubierto en una causa en la que se acusó a la cúpula de esa repartición de armar causas y hasta plantar droga que le daban los propios narcos que nunca iban a detener.
En ese caso, el juez subrogante de Roque Sáenz Peña procesó a cinco de los ocho gendarmes investigados. Fue el 20 de diciembre de 2021 y en la misma resolución le dictó falta de mérito a Marangón.
Ahí la cosa se puso interesante porque el fiscal federal Carlos Amad apeló a la Cámara y la Cámara fue muy dura con el juez. El 22 de marzo de 2022 dijo: “No es posible conocer cuáles han sido las razones por las cuales el magistrado arribó a las falta de mérito cuestionadas por la Fiscalía ya que, con independencia del acierto o error de tal decisión, no se describe el proceso de valoración de las pruebas producidas hasta el momento, no se verifica una concreta individualización del objeto procesal ni relaciona la intervención que los imputados pudieron haber tenido en los hechos, lo que se reitera con los restantes encausados”.
Los camaristas le ordenaron revisar la decisión, pero el 6 de abril de 2022 el juez Aranda volvió a dictar la falta de mérito con iguales argumentos… o sin ellos. Ante esto, el fiscal volvió a apelar y esta vez la Cámara, con fecha 14 de junio de 2022, declaró la nulidad de las falta de mérito y, además, apartó a Aranda de la investigación.
El “Talibán” y los Sosa
Uno de los casos más coloridos de la acusación se relaciona con un hombre que estuvo detenido en la División Drogas de la Policía de Chaco. Allí recibió el ofrecimiento de conseguir una “prisión domiciliaria”.
La oferta se la hizo un compañero de encierro, de apellido Ayala: le dijo que conocía a un gendarme al que llamaban “Talibán” y que éste tenía llegada directa al juez federal de Roque Saenz Peña. Pero había que pagar.
Según el denunciante, que declaró como testigo: “Ayala me dijo que hablaba directamente con el juez Aranda. ‘No me vas a creer pero yo hablé con el de all arriba en dos ocasiones… Aranda me dijo que necesitaba gente de afuera, que tenía mucha ropa secuestrada y cigarrillos y que nos iba a dar para vender afuera'”.
Al testigo la domiciliaria le llegó el 14 de junio de 2022 y ese mismo día, aun preso, recibió un llamado de Ayala reclamándole el pago por el beneficio. El hombre se hizo el tonto y cuatro días después cayeron a su casa Ayala, el gendarme conocido como “Talibán” y una oficial de la Policía de Chaco.
Todo terminó a los empujones y hasta hubo tiros. En el lío el “beneficiario” de la prisión domiciliaria logró manotear el arma con la que lo amenazaban y la entregó a la Justicia cuando hizo la denuncia de lo sucedido. Detalle: la pistola pertenecía a la Policía de Jujuy, pero aún no se sabe cómo llegó a Chaco.
Todo bastante escandaloso. Y en tren de ejemplos impresentables está toda la seguidilla de allanamientos infructuosos a los miembros del Clan Sosa, una familia que tiene aterrorizada a Roque Sáenz Peña.
Según el planteo de los fiscales, los allanamientos fracasaron sistemáticamente porque la información se filtró y quien la filtró fue el juez.
Los fiscales ponen dos ejemplos que lo incriminan: uno es el de la jefa del Clan Sosa, que aparece pagando el seguro de uno de los camiones de la cuñada del juez. El otro es una metida de pata que parece diseñada por el destino.
En abril el fiscal Amad pidió una serie de detenciones y, por un error, solicitó la de todos los miembros del clan (madre, hijos y dos de sus cuñadas) pero el nombre de uno de los hijos, Lucas, se traspapeló y fue en un requerimiento separado.
Cuando se hizo el operativo, que movilizó 300 gendarmes, Lucas fue el único que fue encontrado en su casa. Todos los demás habían escapado con tiempo.
Algo similar pasó el 23 de septiembre pasado.
Orden de allanamiento y captura en mano, los gendarmes llegaron a una casa del barrio Puerta del Sol, ubicado al norte de la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña, dispuestos a tirar la puerta abajo. Pero no hizo falta.
En la propiedad los estaba esperando una mujer con las llaves del lugar. Ella misma les explicó lo que estaba pasando: el dueño, que sabía que se iba a hacer un operativo para detenerlo, se las había dejado con el expreso pedido de que las entregara a las autoridades para que no le rompieran nada.
“Hay un miserable corrupto que está dentro de las filas del Ministerio Público, de la Justicia o de las fuerzas de seguridad que está brindando datos a estos narcotraficantes, es decir que es participe de la banda”, le dijo indignado a los medios locales el fiscal federal de Roque Sáenz Peña, Carlos Amad, en septiembre.
Ahora, casi un mes después, los fiscales le pusieron nombre a esa sospecha, el del juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña: Miguel Mariano Aranda.