El Gobierno busca un ahorro de $ 143 millones anuales en la obra social de los jubilados. Cuánto ganaban los empleados despedidos.
A poco más de tres meses del despido de Carlos Regazzoni del PAMI, el Gobierno avanza con un ajuste en el personal. En los próximos días eliminará cerca de 200 puestos jerárquicos de la obra social de los jubilados: se trata de gerentes, directores y secretarios que habían sido incorporados en la gestión anterior.
Así lo decidió el director del organismo, Sergio Casinotti, en una medida para lograr una reducción de $ 143 millones anuales. Los empleados despedidos cobraban un promedio de $ 70.000 mensuales. Las nueve secretarías a cargo del director se reducirían a cuatro y sólo tres quedarían con un secretario a cargo, mientras que la restante sería ocupada por un Subdirector ejecutivo.
Esta semana más de 100 empleados recibieron el aviso que no seguirían en sus cargos, a lo que faltan otros 70. Desde la conducción del organismo indican que se trata de cargos políticos y no de trabajadores de carrera, consigna Clarín. Así, sólo quedarían 80 puestos jerárquicos.
Regazzoni habría sido echado por sus diferencias con la poderosa jefatura de Gabinete, liderada por Marcos Peña y secundada por Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, hombres de máxima confianza de Mauricio Macri, que los considera sus “ojos y oídos”.
El médico había quedado en el ojo de la tormenta por negarse a hacer un ajuste y por estar el Gobierno disconforme con la revisión de criterios de subsidio social para los medicamentos. Con la nueva gestión se dieron de baja los contratos que Regazzoni había firmado con los laboratorios, lo que generó conflictos en las prestaciones.
Una de las misiones de Casinotti en el PAMI será reducir el fuerte déficit del organismo, que llega a los $ 10 mil millones. Entre otras medidas, ordenó un recorte del 10% en los sueldos gerenciales.
Uno de los problemas del organismo es que muchos de los medicamentos otorgados a los beneficiarios nunca llegan a ellos, ya sea porque no se retiran, por cambios de tratamiento, porque no los necesitan o porque fueron asignados a afiliados muertos.
La obra social de los jubilados de todos modos paga por estos insumos y las farmacias no los devuelven a las droguerías para que los destruyan, advierten desde el organismo. Por eso el jueves cerrarían un acuerdo con el sector empresarios que incluye la presentación de certificaciones que demuestren que los remedios no fueron retirados, y en esos casos el organismo no los pagará.
