La Ciudad exige que el servicio se adecue a reglas que son inviables para la empresa; dice que atenta contra el desaliento del auto.
En una sala escondida que hace de oficina en un hotel céntrico de la ciudad, un funcionario porteño se levantó de la mesa y les dijo, hace menos de un mes, a tres emisarios de Uber: “Ustedes están locos; si no se regularizan, los van meter presos”. Poco después, el fiscal de cámara Martín Lapadú anunciaba la primera condena firme para un chofer de la compañía, aunque la prisión no se concretó por un acuerdo entre las partes.
Sin embargo, la estrategia oficial quedó planteada: la Ciudad quiere cerrar los caminos de Uber y presiona a la empresa a ajustarse a reglas que son inviables para la firma, con el objetivo oculto de echarla.
Allanamientos en oficinas de la empresa, cancelación del pago con tarjetas de crédito, agresiones a conductores por parte de allegados a los taxistas, inteligencia y contrainteligencia. Desde que Uber recaló en Buenos Aires hace poco más de un año, de espaldas a las leyes que rigen para el transporte público, no la ha pasado demasiado bien. Sin embargo, esta empresa fundada por el canadiense Garrett Camp y el estadounidense Travis Kalanick, con un valor de mercado de US$ 60.000 millones, redobla la apuesta y ahora busca expandirse dentro del país: quiere aterrizar, incluso, en ciudades cabecera como Córdoba y Mendoza.
En aquella reunión de marzo pasado, que fue la última que tuvieron los funcionarios porteños con responsables de Uber en la Argentina, estuvieron el ministro de Modernización de la ciudad, Andy Freire; el secretario de Transporte, Juan José Méndez, y el secretario general de Gobierno, Fernando Straface. La charla terminó así, con tensión y algunas sonrisas forzadas, aunque los enviados de Uber procuraron ensayar un “nosotros queremos ponernos de acuerdo”.
Pero no lo están. Uber tiene hoy unos 5000 conductores en actividad en el área metropolitana. La aplicación móvil y el servicio funcionan muy bien, sin demasiadas complicaciones. Los vecinos lo usan, no sólo los turistas. La compañía no quiso suministrar información sobre cuántos viajes realiza por día, pero admitió que ya tiene más de un millón de descargas. Y se anima a aventurar un crecimiento vertiginoso de usuarios, que si bien no pueden abonar con tarjeta de crédito, lo hacen en efectivo desde febrero pasado.
El bloqueo de la tarjeta de crédito como medio de pago fue el golpe más duro que Uber recibió en la Argentina. También en el mundo, porque Buenos Aires es en la única ciudad de las 578 en las que funciona donde la justicia le cerró su circuito recaudatorio más rentable. Sin la financiación de las tarjetas, el negocio quedó mucho más acotado.
¿Qué busca la Ciudad? Que la empresa baje ahora la aplicación, que pida “disculpas”, que comience los trámites de regulación que deben cumplir las agencias de remises (los choferes deben tener un registro de conducir profesional) y que sólo una vez que lo cumplimente salga al mercado.
En las antípodas
Uber está en las antípodas de las pretensiones oficiales. Una de las trabas es que la ley para los remises especifica que no puede tener más de 2500 unidades, mientras que la empresa dice tener ya 5000 vehículos a disposición y pretende una flota más grande todavía. Tiene incluso unas espaldas económicas tan poderosas que el día del paro general en la ciudad, el 6 de este mes, entregó a sus asociados $ 300.000 para viajes gratis. Conductores y pasajeros se vieron beneficiados con créditos a un clic.
Uber camina al ritmo de una hormiga paciente, mientras que el plan de la Ciudad es “echarla ahora, antes de que se convierta en un gigante”. Así lo confió un alto funcionario porteño que participa de las negociaciones: no quieren que se instale ni que la gente pruebe el servicio porque, una vez que lo hace, la tiene a su favor. Es más sencillo y económico que el taxi, sobre todo en otros países del mundo. “La política de la Ciudad es desalentar el uso del auto y Uber propone que haya 1500 choferes circulando en el microcentro en hora pico para levantar viajes. Lo mismo pasa en Nueva York y ya no saben cómo sacarlos. Los corren y vuelven”, confió la fuente.
Empresa y gobierno juegan a la guerra fría. Falsos usuarios convocan a choferes de Uber para hacer un viaje y cuando llegan a destino se encuentran con una patota que los agrede o con un control de la Ciudad. Las roturas en los coches de Uber son cubiertas por la empresa, con pagos inmediatos. Así lo contaron varios choferes, que hasta tienen un grupo de WhatsApp para detectar principalmente lugares peligrosos donde se agrupan los taxistas.
Grupos de WhatsApp también tienen el secretario Méndez, con sus pares de México, Laura Ballesteros, y de Bogotá, Juan Pablo Bacarejo. Allí hablan de la movilidad sustentable, pero el chat “explota” con las estrategias sobre cómo controlar el despliegue de la megaempresa canadiense.
Uber, no obstante, trató de filtrarse en la armadura de Pro en la ciudad con funcionarios nacionales alineados con la tecnología, con la modernidad. Por ejemplo, dialogó con el diputado nacional tucumano Facundo Garretón para intentar una gestión: que la aplicación pueda funcionar en otras ciudades del país. Cuándo funcionarios porteños se enteraron, llamaron al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y le advirtieron: “Ojo que si le dan vía libre a Uber, se expande en el país y va a ser un problema nacional”. Dietrich está alineado con el pensamiento de la Ciudad, pero otros dirigentes macristas no rechazan su aterrizaje fuera de la Capital.
Mientras tanto, los taxistas resisten. Empleados de Uber creen que Omar Viviani tiene un acuerdo con el gobierno y por eso los persiguen. En la Secretaría de Transporte lo desmintieron. Y aseguraron que también irán detrás de las mafias de taxistas.
Un año cargado de obstáculos
27/3/2016:
Uber anunció la convocatoria a choferes, el eslabón indispensable para comenzar a operar. Venía preparando su llegada desde un año antes.
12/4/2016:
Luego de haber logrado asociar a 18.000 choferes en dos semanas, Uber comenzó a operar en el área metropolitana. El mismo día comenzaron las protestas callejeras de taxistas en contra de la plataforma.
15/4/2016:
La reacción de la Justicia no se hizo esperar. La fiscalía de la ciudad realizó los primeros allanamientos a oficinas de Uber , acusada de usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos.
9/6/2016:
La mayor protesta de taxistas contra Uber se apoderó de la 9 de Julio y hubo caos en el centro. Luego, siguieron otras.
8/9/2016:
La justicia porteña empezó a allanar domicilios de conductores y gerentes de Uber; los fiscales anticiparon que pedirían penas de prisión. Llegaron a identificar e imputar a 4000 choferes.
29/12/2016:
La Fiscalía de la Ciudad denunció a Uber también por evasión y lavado de dinero.
11/ 4/ 2017:
la Justicia porteña condenó por primera vez a uno de los 4000 choferes de Uber imputados por hacer uso indebido del espacio público y ejercer ilegítimamente una actividad. La pena fue de dos días de arresto e inhabilitación para manejar por dos meses, pero quedó en suspenso.