Según la acusación presentada en un tribunal federal de Nueva York, Reverol y Molina recibieron entre 2008 y 2010 pagos de narcotraficantes a cambio de asistirles para distribuir cocaína en Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses anunciaron cargos por narcotráfico contra el exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela (ONA) Néstor Luis Reverol y el que fuera su subdirector Edylberto Molina.
La presentación de estos cargos se esperaba desde el pasado diciembre, cuando se conoció que la fiscalía estaba preparando el caso.Según los detalles ofrecidos hoy por el Departamento de Justicia, los dos acusados, por ejemplo, cobraron por alertar a los narcotraficantes de futuras redadas o por detener ciertas investigaciones para que pudiesen seguir operando.
Además, según EE. UU., Reverol y Molina impidieron el arresto o la deportación de varios supuestos narcotraficantes buscados por otros países.
El peligro del tráfico internacional de drogas
“La acusación anunciada hoy refleja nuestros esfuerzos para combatir uno de los aspectos más insidiosos y peligrosos del tráfico internacional de drogas: la capacidad de los carteles para infiltrarse y corromper en los escalones más altos del Gobierno y de los cuerpos de seguridad”, dijo en un comunicado el fiscal federal Robert Capers.
Para Ángel Meléndez, el agente encargado de la investigación en la oficina de aduanas estadounidense, los cargos dejan claro “que nadie está por encima de la ley”. “Estos antiguos funcionarios gubernamentales supuestamente usaron sus puestos de confianza para alimentar su codicia”, dijo Meléndez en una nota.
“Terrorismo judicial y policial”
Cuando el pasado septiembre se supo a través de la prensa que se estaba investigando a Reverol y Molina, el Gobierno de Venezuela acusó a EE.UU. de “terrorismo judicial y policial”.
Venezuela expresó entonces “su más profundo rechazo a la política exterior estadounidense, que a través de terrorismo judicial y policial por parte de sus agencias nacionales y mediante campañas mediáticas mundiales, persigue, amenaza y coacciona el ejercicio del Poder Público venezolano”.