El Departamento de Estado dice que cada país “decide qué política es más apropiada”. Un viraje de la política de mano dura del pasado.
El Gobierno de Estados Unidos valoró este jueves por primera vez la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de permitir el consumo de marihuana con fines recreativos. El Departamento de Estado abogó por ampliar la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico, pero avaló que cada país decida su propia política sobre el consumo de drogas.
La reacción benévola refleja el viraje de Washington hacia posiciones más tolerantes desde que dos Estados legalizaron en 2012 el consumo recreativo de marihuana. Y llega en un momento en que se cuestiona más en América Latina la estrategia estadounidense de mano dura contra el narcotráfico en la región.
“Es el pueblo de cada nación el que decide sus políticas. En este caso, es el pueblo de México el que decide qué política de drogas es más apropiada para su país en el marco de la ley internacional”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, en su rueda de prensa diaria preguntado por la decisión del miércoles de la Corte mexicana.
Peter Reuter, profesor del Departamento de Políticas Públicas y Criminalidad de la Universidad de Maryland y experto en narcotráfico en el laboratorio de ideas RAND Corporation, ve en las palabras de Kirby un ejemplo del “gran cambio retórico” de la diplomacia estadounidense desde que los Estados de Washington y Colorado legalizaran hace tres años el consumo recreativo de marihuana.
Otros Estados han tomado los mismos pasos y el debate sobre la legalización se ha afianzando en el país. El presidente Barack Obama ha dicho que el consumo de marihuana no es más peligroso que el de alcohol, pero su Gobierno no tomado ningún paso hacia la legalización.
Tras los referéndums en Colorado y Washington, el Gobierno de Obama, dice el experto, “tuvo que dar un paso atrás” en su posición internacional acerca del cumplimiento de los tratados sobre el consumo de drogas. “Hasta 2012, el Departamento de Estado decía que era irresponsable legalizar la marihuana porque es una violación de los tratados internacionales”, afirma Reuter en una entrevista telefónica.
Tras los referéndums, dice, derivó en un discurso de mayor tolerancia. El portavoz Kirby subrayó el compromiso “firme” de EE UU con las convenciones sobre drogas de la ONU, pero recordó que conceden cierta flexibilidad a los países en la aplicación de los principios sobre el consumo.
Desde los años setenta, Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en la llamada guerra contra las drogas con el objetivo de desmantelar carteles en América Latina. La cooperación en seguridad con México es estrecha a través de la llamada Iniciativa Mérida, lanzada en 2007. Pero el tráfico y consumo de drogas en EE UU desde su vecino del sur se mantiene vigoroso.Y el impacto del narcotráfico en México es atroz: 80.000 muertes y 20.000 desapariciones en ese país.
Se estima que el 90% de la cocaína que entra en EE UU pasa por México, y que entre un 40% y un 67% de la marihuana consumida en la primera potencia mundial proviene de su frontera sureña.
“La mayoría de la gente cree que todo lo que hace [la estrategia estadounidense en América Latina] es mover la producción y el tráfico”, dice Reuter. Como efecto colateral, sostiene, ha alimentado la corrupción y la violencia.
Un ejemplo. En los años ochenta, Perú, Bolivia y Colombia eran responsables, respectivamente, del 65%, 25% y 10% de la producción mundial de cocaína, según datos citados en un artículo del año pasado de David Huey, que fue director de la ONG Oxfam en Colombia entre 2007 y 2012. Pero en el año 2000, Colombia suponía el 90% tras haber centrado EE UU sus esfuerzos contra el narcotráfico en los países andinos vecinos. Veinte años de esfuerzos contra los carteles colombianos, asegura Huey, se han cobrado alrededor de 15.000 vidas.
“La guerra contra las drogas liderada por EE UU ha fracasado en suprimir la producción, el tráfico o el consumo de drogas ilegales, mientras ha enriquecido y ha empoderado a empresas criminales”, dice la ONG Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en su posición oficial sobre este asunto. “La aplicación de leyes duras contra las drogas ha derivado en abusos de derechos humanos, sobrepoblación de prisiones y amenazas a las instituciones democráticas”, añade la organización, que aboga por la descriminalización del consumo de drogas.
La percepción de que la estrategia de Washington ha sido menos eficaz de lo pensado se extiende en América Latina. La política de drogas fue por primera vez en 2013 motivo de debate al alto nivel en una cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y Colombia, uno de los principales aliados de EE UU, suspendió en mayo las fumigaciones aéreas de cultivos de coca por temor a que el herbicida empleado pueda causar cáncer. Las fumigaciones eran la principal estrategia, auspiciada por Washington, contra los cultivos ilícitos.