Según el gobierno de Obama, que los buitres accedan a datos financieros argentinos “generaría daños irreversibles”. La opinión de Carlos Burgueño en Ámbito Financiero.
Paul Clement cumplió con su palabra. El procurador general del Tesoro norteamericano de los días de George W. Bush como presidente logró que su sucesor, el demócrata Donald Verrilli, presentara un escrito ante la Corte Suprema de los Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio contra los fondos buitre; en este caso, en defensa de la privacidad de los datos sobre los activos financieros del país en el exterior. A esta información quiere acceder el fondo buitre Elliott, como potencial objetivo de futuros embargos si finalmente el máximo tribunal norteamericano no accede a tratar el caso del juicio entre el país y los fondos buitre o, si lo acepta, falla en contra de la Argentina.
El texto, al que tuvo acceso en exclusiva este diario, pide explícitamente a la Corte que tenga en cuenta que para los Estados Unidos el caso es de “interés nacional” y se coloca un 100% a favor de una resolución favorable para el Estado argentino. Habla de la crisis financiera que se desataría si el fondo Elliott de Paul Singer saliera airoso en la Justicia norteamericana y aventura una crisis profunda en el sistema financiero de los Estados Unidos si el fondo buitre triunfara en la contienda legal.
Clement fue recomendado, y finalmente contratado por la Argentina, por el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que representan al país en el juicio contra Elliott. Fue Carmine Bocuzzi, uno de los profesionales que llevaron adelante la defensa argentina en la primera y segunda instancia en los tribunales de Nueva York, el que convenció al gobierno de Cristina de Kirchner de la necesidad de contratar a Clement, que desde que dejó su cargo en el gobierno de Bush se convirtió en un especialista en presentar casos ante la Corte Suprema para que sean aceptados en su tratamiento. Clement, de militancia republicana, sabría cómo mover los hilos públicos para intentar al menos interesar a alguno de los cinco jueces de su partido que integran la Corte (los otros cuatro son demócratas), y prometió desde el primer momento trabajar para que Verrilli sea el que presione ante la Corte para que ésta se ocupe del caso. Clement logró el miércoles su objetivo. Y con la firma del “solicitor general” del “Department of Justice” del gobierno de Barack Obama (la máxima autoridad de petición de la administración del gobierno norteamericano ante la Justicia), ese país presentó el que probablemente sea el último escrito a favor de la Argentina como “amicus curiae”.
En el escrito, de unas 27 páginas, el Departamento de Justicia defendió la inmunidad soberana de la Argentina, para que se le impida al fondo Elliott acceder a la información sobre los activos argentinos depositados en los Estados Unidos en el Bank of America y el Banco de la Nación; con el objetivo de colocarlos a disposición del juez de primera instancia Thomas Griesa. Éste tendría la decisión final para avanzar sobre embargos de esos activos financieros si la Argentina decide no cumplir con una sentencia negativa ante un eventual rechazo de la Corte de tratar el caso de fondo por el juicio de los fondos buitre contra el país por unos u$s 1.330 millones, o si el fallo definitivo es negativo. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York había rechazado, en agosto de 2012, el argumento argentino de que algunas citaciones violaban su inmunidad soberana. El gobierno de Cristina de Kirchner decidió apelar ante la Corte. El tribunal habilitó hace 20 días una audiencia entre las partes, donde los abogados de Elliott (Ted Olson) y de la Argentina (Bocuzzi y Clement) probablemente se enfrenten por última vez para convencer a la Corte de que acepte discutir el juicio de fondo o que el tribunal rechace definitivamente la causa. La cita será el 21 de abril, y el evento se convertirá en uno de los hitos del “Juicio del Siglo”, según la calificación del Finantial Times del caso de la Argentina contra los fondos buitre en los tribunales de los Estados Unidos.
En el escrito presentado el miércoles, el Departamento de Justicia habla del “interés directo de los Estados Unidos en preservar los derechos soberanos de la Argentina siguiendo las leyes federales de inmunidad soberana de 1976”, ya que el gobierno norteamericano “sustancialmente apoya la interpretación y aplicación de la norma en su sentido más amplio”. Con este párrafo, el gobierno de Barack Obama pide explícitamente que la Corte respete la soberanía argentina de no dar a conocer los datos de sus activos depositados en bancos norteamericanos (el Bank of America) o con sucursales en ese mercado (Banco de la Nación). La ley a la que permanentemente hace referencia el escrito es la norma de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA) aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1976, donde se interpreta que los países que eligen EE.UU. para depositar activos financieros tienen las mismas normas de seguridad y soberanía que las cláusulas del Congreso de Viena, con lo cual serían inembargables. Según el escrito, la FSIA defendería la inmunidad de bienes, propiedades, activos de ejecuciones financieras y se le pide a la Corte que “se abstenga de avanzar judicialmente sobre los derechos de estados soberanos y sus activos dentro del sistema financiero norteamericano”.
Según el gobierno de Barack Obama, si el máximo tribunal “no revisa el fallo de segunda instancia (en contra de la Argentina), las consecuencias sobre los derechos de inmunidad de los Estados que operan en el sistema financiero norteamericano serían irreversibles”.