El kirchnerismo accedió en tiempo real a la información y las pruebas que se recolectaban.
Desde abril del 2015, la Presidencia de Cristina Kirchner obtuvo un poder único en la historia de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial: su Gobierno fue autorizado a acceder en tiempo real a toda la información y las pruebas que se recolectaban en las causas judiciales que investigaban en la provincia de Buenos Aires al tráfico prohibido de los químicos que se usan para fabricar drogas. Entre esos estimulantes, por supuesto, estaba incluida la efedrina.
La campaña presidenial del 2007 del Frente para la Victoria fue financiada en buena parte por empresarios que vendían precursores de drogas a carteles internacionales. Varios ex funcionarios nacionales también estaban –están aún– siendo investigados por la Justicia por su posible participación en esa trama, que transformó a la Argentina en uno de los mayores paraísos para comercializar esas materias primas de narcóticos mortales.
La polémica medida judicial que se revela en esta nota fue dictada por una vieja amiga de Aníbal Fernández, justamente uno de los principales políticos K vinculados al caso efedrina.
Se trata de la Procuradora General de Buenos Aires, María del Carmen Falbo. Apodada “Pochi”, la jefa de los fiscales bonaerenses responde políticamente a Fernández desde hace décadas. Además de mantener una amistad con él, fue su abogada cuando el ex funcionario era intendente de Quilmes. En 1994, la Justicia pidió su captura en el marco de una causa de malversación de fondos públicos. Fernández se fugó mientras la policía entraba la municipalidad: corrió hacia el baúl de un 504 blanco. Escondido allí fue llevado por amigos a una quinta del sur bonaerense. Salió de su escondite con el pelo muy revuelto, y sus bigotes, entonces más largos que ahora, enmarañados, dándole a su cara el semblante de un hombre nervioso, aunque con cierta gracia, contaron testigos de la escena. Gracias a sus defensores Falbo, Federico Domínguez y Marcelo Ordoqui, Fernández fue sobreseído.
Domínguez es hoy camarista de Casación en Buenos Aires. Y Falbo, Procuradora.
El 28 de abril del 2015, la amiga de Fernández, emitió la resolución 314/15 de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
En una acción inédita para la Justicia de la Argentina, “Pochi” ordenó a los fiscales generales bonaerenses que, a partir de ese momento, debían informarle a un organismo que depende de la Presidencia de la Nación el “hallazgo de precursores químicos”, “documentación de comercialización de los mismos”, “y/o cuando surjan operaciones sobre dichas sustancias (sea mediante escuchas telefónicas, declaraciones o cualquier otro elemento probatorio) que surja de sus procesos en curso”.
El ente gubernamental al que los fiscales de Buenos Aires fueron obligados a informarle sobre el material crucial para tener éxito en sus pesquisas sobre tráfico precursores químicos era, justamente, la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación (SEDRONAR).
La doctora Falbo argumentó que tomaba esa decisión por pedido del “señor Secretario de Estado, Juan Carlos Molina”, entonces titular del organismo que trabaja en la órbita presidencial.
Ese párrafo explicita que la medida se tomó por iniciativa del Poder Ejecutivo.
La jueza Servini de Cubría, para colmo, había procesado a un ex titular del SEDRONAR por permitir el tráfico a gran escala de efedrina, el santacruceño José Granero. La fecha de la resolución de Falbo coincide con el inicio de un cambio de actitud del principal denunciante de Fernández en el caso efedrina.
Se trata del instructor de tiro Martín Lanatta, condenado a cadena perpetua por ser considerado uno de los asesinos del caso conocido como el “Triple Crimen de General Rodríguez”: en el 2008, aparecieron muertos en esa localidad bonaerense Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, tres empresarios que hacían negocios con los precursores quimicos. La Justicia determinó que quien les disparó fueron Lanatta, su hermano Cristian, y los hermanos Marcelo y Víctor Schillacci.
Esas muertes destaparon el submundo del tráfico efedrina y los nexos con la política.
La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció que Aníbal Fernández era el jefe de ese negocio.
Los Lanatta y los Schillacci negaron conocerlo. Otros testigos en el juicio oral dieron a entender lo contrario.
En abril del 2015, cuando Falbo sacó su resolución sobre la efedrina, Martín Lanatta se había convencido de que debía contar lo que jura es su verdad: declaró en la televisión y en la Justicia que su jefe en la red del tráfico de efedrina y armas era Aníbal “La Morsa” Fernández. El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner lo negó, pero desde entonces surgieron nuevas declaraciones y pruebas que lo comprometen.
Gracias a Falbo, quizás él y Cristina Kirchner haya conocido de antemano alguna de ellas.
En su resolución 314, la doctora “Pochi” argumenta que los fiscales deben darle su información sobre precursores de drogas al SEDRONAR porque el organismo estaba vinculado a “combatir de uno u otro modo el flagelo del narcotráfico”.
Es falso.
El SEDRONAR no tiene más esas funciones desde que se modificó su estructura: decreto nacional 48 del 2014, quinto párrafo.