Investigan si uno de los 13 detenidos lideraba un delivery de drogas en camiones de basura. Cómo pasan sus días en las alcaidías de la Federal. Melazo pidió revistas, libros y visitas. Un camarista contra las cuerdas.
“El teléfono celular es la vida de la gente”, dice uno de los investigadores de la causa de la megabanda platense, por la que están detenidos el ex juez César Melazo, el comisario Gustavo Bursztyn, barrabravas de los dos equipos de la Ciudad, un operador judicial y algunos que se presentaban como prominentes empresarios locales. Son trece, en total, 10 de ellos con prisión preventiva.
La referencia sobre el teléfono no es casual. Obedece al intenso trabajo que desarrolla un equipo conformado por menos de una docena de investigadores de la Policía Federal, abocado al análisis de más de 20 celulares que fueron secuestrados en los allanamientos que se desarrollaron entre el 23 de julio y el 24 de agosto pasados.
El trabajo no es fácil, ya que casi todos los equipos son de alta gama, con mucha capacidad de almacenamiento, gran cantidad de conversaciones y difíciles de desbloquear si el titular no está dispuesto a ayudar.
Según explicó a este diario una fuente ligada a la pesquisa, trabajan con un sistema conocido como “valija virtual”, que permite acceder a la información de los aparatos y entrecruzar datos. Eso, si no están bloqueados.
Para los iPhone, la única opción es recurrir a una empresa norteamericana que lo “abre” a pedido de la Justicia.
En aquellos procedimientos secuestraron también varias computadoras, aunque su análisis no arrojó hasta ahora información relevante, lo que justifica la reflexión del pesquisa en torno al rol de los teléfonos en la vida de la gente.
Más aún en aquellos cuyas relaciones y agendas parecen tan abultadas como los delitos por los que los investigan. En la agenda de su iPhone 8 con 128 gigas, el ex barra de Estudiantes Rubén “Tucumano” Herrera almacenaba datos de 2.700 contactos.
“Él se define como un callejero que tiene conocidos en todos los estamentos sociales, por lo que fue y también por lo que es”, resumió una fuente ligada a la causa, convencido de que “a donde quiere llegar, el Tucumano llega”. Dueño de varios boliches de La Plata y ligado por intermedio de su hija a la familia de Claudio Paul Caniggia (ver aparte), Herrera vivía hasta su captura en una coqueta edificación del Grand Bell, ese country donde residen varios personajes de la política local y provincial.
El análisis de los llamados, chats, mensajes de texto y correos electrónicos de los teléfonos ya permitió detectar la posible comisión de varios delitos, que la fiscal Betina Lacki informó a las fiscalías correspondientes para poder concentrarse en la investigación central: esclarecer las andanzas de una presunta megabanda dedicada a cometer toda clase de delitos con ayuda policial y amparo judicial, identificar a todos los presuntos integrantes y el rol de cada uno, informaron fuentes judiciales.
En la causa aparecen apodos y apellidos de policías, funcionarios judiciales, políticos y abogados, algunos muy reconocidos.
Entre los que quedaron en la mira se destacan jueces y, al menos, dos ex fiscales, a uno de los cuales le allanaron la casa y le secuestraron dos celulares, aunque todavía no fue imputado.
Una de las sospechas que ya fue judicializada es que uno de los sindicados miembros de la organización habría encabezado un delivery de drogas en camiones de basura.
Se trata de Adrián Oscar “Kichua” Manes (47), uno de los primeros 11 detenidos de la causa e imputado por el crimen de Juan Roberto “Tecla” Farías (32) en diciembre de 2010, a quien el juez Melazo lo benefició con un arresto domiciliario ya que estaba de turno la semana en la que asesinaron a Farías en el hall de su edificio de 44 entre 26 y 27. Es más, “Kichua” gozaba del beneficio de salidas laborales para trabajar para un funcionario platense, hasta que en octubre del año pasado la Policía encontró 40 dosis de cocaína, cuatro celulares y 13 mil pesos en su casa de 6 entre 72 y 73, tras lo cual volvió a la cárcel.
Ahora, la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes y la UFI N° 1 investigan si al momento de su detención Manes repartía droga en vehículos de recolección municipales junto a otros narcos.
LOS DÍAS A LA SOMBRA
Mientras tanto, Melazo, Bursztyn, Herrera, Manes y los otros nueve imputados de la causa -el ex oficial Gustavo Mena; Javier Ronco (con arresto domiciliario por un doble homicidio); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia; Héctor “Pepe” Vega; el barra de Gimnasia Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández y el operador judicial Enrique “Quique” Petrullo- permanecen alojados en las dos alcaidías que la Federal tiene en CABA.
Melazo, Herrera y Manes están presos en el mismo edificio que funciona como sede del GEOF e Interpol, en la avenida Figueroa Alcorta y Cavia, mientras que el resto pasa sus días en las celdas ubicadas en el subsuelo de Madariaga y General Paz.
Distintas fuentes ligadas a la causa coincidieron en pronosticar que su estadía en esas dependencias no durará mucho más. “Son recintos para detenciones provisorias”, explicó un funcionario, con personal policial que “no fue entrenado como celador de reclusos”.
Las celdas son reducidas, hay muchas cámaras de vigilancia, una sala común y un playón que funciona como patio para que los internos salgan a tomar aire un par de veces al día.
No están permitidas las visitas de contacto. Y un televisor común los obliga a acordar con qué entretenerse. Quizás por eso el abogado defensor de Melazo presentó en las últimas horas un escrito pidiendo que se le conceda el acceso a libros, revistas, medios (supuestamente un televisor propio) y visitas familiares.
En los próximos días -quizás con las preventivas confirmadas- los 13 detenidos serán reubicados en otras unidades federales, posiblemente en alguna o varias de las alcaidías de los tribunales de capital federal.
JURY
La causa de la megabanda salpicó también al juez de la Sala V de Casación, Martín Ordoqui, quien va camino al jury. En las últimas horas el sumario ingresó en el Senado para que la semana próxima se sorteen los cinco jurados titulares y los tres suplentes que deberán revisar los fundamentos de la denuncia contra el magistrado y avanzar sobre la acusación. Un procedimiento similar se realizará en la Suprema Corte entre los abogados que se anotaron como conjueces.
Hace una semana, el máximo tribunal de la Provincia, en un acuerdo firmado por todos sus integrantes, licenció a Ordoqui por 90 días, a pedido del procurador Julio Conte Grand. Su casa no pudo ser allanada porque tiene fueros, pero sí registraron la de su hermano.
“La naturaleza y gravedad de las conductas que se imputan al doctor Ordoqui tornan inadmisible su permanencia en el ejercicio de la función, debido a que su continuidad podría producir nuevos hechos reprochables como así también perjudicar o entorpecer la investigación en curso”, planteó Conte Grand ante la Suprema Corte.
El camarista presidía la Sala V del Tribunal de Casación Penal.
Si el Jurado de Enjuiciamiento lo suspende, la fiscal Lacki podría indagarlo. Lo complica, entre otras cosas, una escucha telefónica entre Ronco y otro de los supuestos integrantes de la banda, en la que mencionan a Ordoqui con el apodo del Tío.
En la charla, Ronco le habría admitido a su interlocutor que habría pagado “mucho” dinero para obtener la domiciliaria pese a estar imputado por el doble homicidio de María Martini y Carlos Rodríguez, ocurridos el 5 de enero de 2008. Se habla de 500 mil pesos.
Rodríguez habría sido entregador de una banda que integraba el imputado. Si la acusación y el proceso avanzan, en los próximos meses la suerte de Ordoqui podría estar echada.