Las actividades que realizan en paraísos fiscales los familiares de la élite comunista de China denuncian el crecimiento de la brecha social entre ricos y pobres. Uno de los factores más importante de la desestabilización económica que sufre el país.
En pocas décadas, China ha vivido una revolución que sacó de la pobreza a cientos de millones de personas. Así, el país se ha convertido en la segunda economía del mundo y en la principal potencia comercial.
Pero la desigualdad social asociada a ese crecimiento es una realidad que la dirigencia china debe trabajar. Desde arriba, se teme que los ciudadanos protesten por el desequilibrado reparto de la renta. Por tal motivo, el régimen decidió bloquear las páginas web del diario El País y otras cabeceras internacionales que, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, publicaron informaciones detallando las maniobras financieras opacas de la élite china.
Según argumenta Dev Kar, economista jefe del Global Financial Integrity, un centro de estudios y de denuncia dedicado a la materia, “el flujo ilícito de capitales hacia paraísos fiscales reduce la masa imponible y, por tanto, la capacidad de recaudación y redistribución del Estado”.
Si las tasas de crecimiento de la economía china han sido espectaculares, también ha sido importante el aumento de la desigualdad. El coeficiente de Gini, un indicador estadístico que mide la distribución de la renta en una sociedad, ha protagonizado una rápida escalada en esos mismos 30 años. En 1984, se situaba en el 0,27, un dato que retrata una sociedad muy igualitaria.
Hu Jintao, antecesor de Xi Jinping en la presidencia, anunció e implementó en los últimos años varios planes para revertir esa tendencia. Según sus datos estadísticos, estos habrían empezado a producir efecto con una baja del coeficiente de Gini desde un pico del 0,49 en 2008 hasta el 0,47 de 2012.
El último plan, anunciado a principios del año pasado, aboga por incrementar el salario mínimo, recaudar más impuestos en las empresas públicas para financiar programas sociales y elevar el gasto en educación.
Un estudio de Sun Liping, profesor de sociología en la Universidad Qinghua de Pekín, estima que en 2010 hubo 180.000 incidentes de protestas de masa. La cifra es el doble de la de 2006 y 20 veces mayor que la de mediados de los ’90.
Este despertar social, a su vez, se inscribe en un cuadro económico que da algunas señales de ralentización tras tres décadas de tirón extraordinario. “La economía China debe crecer a un ritmo del 8% para crear un número de puestos de trabajos suficientes para garantizar la estabilidad social y la absorción de las nuevas generaciones”, apunta Kar. En los últimos dos años, el crecimiento del PIB ha sido de algunas décimas inferior a ese umbral. Otros economistas rebajan el punto de equilibrio a una expansión anual del PIB en torno al 6%-7%.
La imperiosa necesidad de recaudar más impuestos para ofrecer mejores prestaciones sociales ante el previsible envejecimiento de la sociedad china (determinado por la política de hijo único) y la probable ralentización de la economía, inducen a Kar a pensar que las autoridades chinas estrecharán el cerco alrededor de los flujos opacos de capitales.
En 2011, último dato disponible, China recaudó impuestos por un importe equivalente al 26% del PIB, dos puntos más que en 2007, pero todavía ocho puntos por debajo de la media de los países avanzados agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Más allá del temor a estallidos sociales, los dirigentes chinos también temen otra derivada de la desigualdad: los efectos sobre el consumo. En la transición de la economía de un modelo abrumadoramente exportador hacia otro con un mayor peso de la demanda interna, una distribución desigual de la renta puede representar un freno significativo
Profesor de la Universidad de Harvard, Martin Whyte ha estudiado durante años el fenómeno de la creciente desigualdad y su percepción social en China. Whyte ha dirigido tres encuestas sobre la materia, en 2000 (prueba piloto, en Pekín), 2004 y 2009 (ambas a escala nacional). Las conclusiones de esos trabajos son interesantes: si bien las encuestas detectan un malestar con respecto a la brecha en la renta, el asunto que realmente enfurece a los chinos es la brecha entre poderosos y no.
Whyte considera que el hecho de que la brecha en la renta se haya abierto en el seno de una sociedad donde gran parte de la población está mejorando sus condiciones de vida, suaviza la irritación. La mejora de los servicios sociales también influye. En cambio, los abusos de poder tocan cada vez más la fibra sensible; y la mayoría de las protestas en China son contra expropiaciones consideradas abusivas y fallos a la hora de garantizar la protección ante la contaminación, entre otros motivos. En esa óptica, los documentos de las gestoras Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust Limited, que revelan el gran uso de paraísos fiscales por parte de enriquecidos familiares de los máximos dirigentes, pueden reforzar ese sentimiento de rencor frente a los abusos de las élites.
Mientras haya crecimiento y abundantes empleos, estos asuntos son relativamente digeribles. El avance generalizado del bienestar es el pilar que, de alguna manera, da legitimidad al Partido Comunista Chino. Una ralentización de la economía puede convertir estos asuntos en peligrosas chispas en un ambiente social seco, con mayor propensión a inflamarse.
