El magistrado encontró que el Gobierno prohibió que la AFI investigue a iraníes u otros extranjeros que pidan la ciudadanía. Mientras que la oposición denunció que no se usa una base de huellas de terroristas del FBI y faltan traductores del farsí.
En la causa del avión venezolano-iraní, la Justicia se encontró con una serie de medidas dispuestas por el Gobierno que flexibilizaron los controles para prevenir un tercer atentado terrorista en Argentina.
Las polémicas decisiones van desde derogar el rol de la AFI para aprobar ciudadanías a extranjeros, no usar en forma eficiente una base de huellas dactilares de terroristas donada por el FBI, no tener traductores del farsí (el idioma iraní), “bajar el perfil” de la base de inteligencia en la Triple Frontera y no actualizar el registro de entidades terroristas internacionales, entre otros.
La más grave fue la decisión de la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño de mediados de 2020 de prohibir al organismo brindar información a la Justicia sobre extranjeros que tramiten solicitudes de ciudadanía. Hasta ese momento era obligación hacerlo desde los atentados a la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).
De esta forma, un juez puede darle la ciudadanía a un iraní o un libanés basándose solamente en el registro de reincidencia argentino o las bases de Interpol y no las bases de datos de la AFI que son mucho más completas.
Antes de la resolución 887/2020 de Caamaño, la AFI debería darle al juez un perfil del extranjero que pedía la ciudadanía y decir si estaba considerado “verde” (sin riesgos) o “rojo” (peligroso) en temas como narcotráfico o terrorismo internacional.
El diputado de Juntos por el Cambio y ex viceministro de Seguridad Gerardo Milman calificó esa decisión como un “grave error que debilita los controles”. “La inteligencia es prevención que es diferente de la persecución y ésta se da después de que te metieron un bombazo”, graficó.
¿Cuál fue el cambio de fondo? “La AFI no es responsable de archivos o bases de datos que permitan responder los antecedentes penales, o si existen pruebas sobre su participación en actos de carácter público que significaren la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal de la fuerza o la concentración del poder personal”, afirmó en esa resolución la ex fiscal y presidenta de Justicia Legítima. Caamaño es ahora candidata a la embajada de Israel.
El artículo 3 del Decreto 3213 de 1984 -reglamentario de la Ley de Ciudadanía N°346- menciona como motivos de rechazo a un pedido de ciudadanía la ausencia de medios de subsistencia honestos; estar procesado en el país o en el extranjero por delito previsto en la legislación argentina, hasta no ser separado de la causa; haber recibido una condena a pena privativa de la libertad mayor a tres años por delito doloso, en el país o en el extranjero, entre otras.
Ahora, el juez “está ciego” frente a la peligrosidad de un extranjero sospechoso. “Los ejecutores del atentado contra la AMIA entraron a la Argentina e incluso tienen conocidos nacionalizados porque sus antecedentes de inteligencia no están en las bases de datos de Interpol”, recordó Milman. También se descubrió iraníes con pasaportes venezolanos que no hablaban español.
Precisamente, ayer la Justicia detuvo en Concepción del Uruguay a un iraní sin documentos que quería viajar a Uruguay.
Milman también reclamó que la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo del abogado K Juan Carlos Otero, investigue los movimientos financieros de los 19 tripulantes del Boeing 747 detenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el viernes 10 de junio. El avión estuvo cinco días en la Argentina “sin que se activaran medidas desde la AFI, el ministerio de Seguridad y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC)”, entre otros organismos del Estado. En cambio, Uruguay directamente le negó permiso para aterrizar.
El ex titular de la UIF de la gestión Macri, Mariano Federici, pidió ayer que el Gobierno inscriba “a los venezolanos e iraníes del vuelo de Emtrasur ante el Registro de Terroristas (RePET)”, como se hizo con el Hezbolláh del Líbano, acusado de ser el autor material del ataque a la AMIA que dejó un saldo de 85 muertos.
Otra flexibilización en los mecanismos del Estado para la prevención de eventuales atentados es el uso de una base de datos con huellas digitales de terroristas y sus cómplices que el FBI donó a la Argentina.
El FBI entregó dos máquinas con sus bases de datos de huellas dactilares a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Una se instaló en el aeropuerto de Ezeiza y otra en Puerto Iguazú, en la Triple Frontera y se entrenó a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional. Sin embargo, el juez Villena mandó las huellas digitales de los tripulantes iraníes a Washington.
“¿Qué pasa con esas máquinas?, ¿las desenchufaron? Si se hubiese hecho la consulta sobre las huellas en la Argentina hubiésemos tenido la respuesta en forma rápida. Se podría haber tenido el resultado en el aeropuerto de Ezeiza el primer día y no esperar el informe del FBI”, agregó Milman.
En ese mismo sentido, el diputado de Juntos por el Cambio se preguntó si la AFI “puso en acción a su base en Puerto Iguazú, donde pululan elementos del Hezbolláh o siguen con órdenes de no salir, excepto para seguir camiones con soja de contrabando”.
Otra falencia es la falta de traductores confiables de farsí, el idioma oficial iraní, para leer los textos de los celulares de los pilotos.
Ya se descubrieron fotos de Gholamreza Ghasemi en su juventud vestido con el uniforme de la fuerza Al Qdus de la Guardia Revolucionaria Iraní, de tanques, misiles y drones, pero aún no se tradujeron los mensajes de texto.
Los dos traductores de farsí confiables que había en la AFI perdieron sus contratos cuando el senador K Oscar Parrilli tomó el control del organismo a fines de 2014 tras echar al ex director de Contrainteligencia, Antonio Stiuso. Ahora, el juez está pidiendo un traductor confiable al FBI o a Israel, contó a Clarín una fuente judicial.
La forma de saber cómo reaccionaron estos organismos del Estado ante esta alerta –el gobierno paraguayo aviso el mismo lunes 7 de junio cuando el avión aterrizó en Córdoba-, se sabrá por dos caminos. Uno cuando termine la investigación de Villena. En la causa también se investiga si se cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otra es si la comisión Bicameral de Inteligencia audita su actuación.
El presidente de ese organismo, el diputado cristinista Leopoldo Moreau, no activó como se debe, hasta ahora, a ese organismo para auditar del rol de la AFI en el escándalo. Pero para las ocho denuncias por espionaje ilegal macrista, Moreau puso en marcha la comisión en un trámite relámpago.
Sin embargo, desde el 12 de junio los diputados de Juntos por el Cambio Milman y Cristian Ritondo y los senadores del mismo signo, Daniel Kroneberger y Alfredo Cornejo quieren que Moreau cite a la Bicameral a Caamaño y a su sucesor Agustín Rossi para que explique por qué el sistema de inteligencia argentino “no reaccionó a tiempo”.
Hasta ahora Moreau pidió una copia de la causa al juez Villena, quien seguramente no se la dará ahora porque está bajo secreto de sumario y recibió “una primera respuesta de la AFI” cuyo contenido se desconoce. Podría responder si es verdad que el Mossad de Israel avisó en abril sobre este Boeing 747 que, por lo menos, sería la punta de lanza de una red comercial iraní en América Latina con base en Caracas y con el apoyo del régimen chavista de Nicolás Maduro.
“Moreau en vez de pedir la información a los servicios de inteligencia argentinos, se la pidió al juez. Un caso extraño”, resaltó Milman en declaraciones a Dato sobre Dato de radio Milenium. Por lo pronto, el miércoles se reunirá la comisión, por primera vez, para tratar el caso.
Es como si las declaraciones públicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner sosteniendo que el autor intelectual del atentado fue Siria y no Irán hubiera influido en estos organismos.
En la oposición existe preocupación por la posibilidad de que el Gobierno eventualmente quiera presionar a Villena para que frene la investigación. Sucede que el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, logró que la entidad sea aceptada como querellante en la causa.
Y esbozó una interesante hipótesis desde el punto de vista legal en el sentido de que las irregularidades de la entrada del avión y sus tripulantes “es un delito continuo de más de 30 años” que comenzó en 1992 y 1994 con los ataques a la embajada de Israel y la AMIA”.
“Ellos sostienen que el delito empezó con los atentados, siguió con el pacto entre Argentina e Irán del 2011, luego con la muerte del fiscal Nisman y ahora estos episodios”, explicó Milman.